Por: Germán Valencia. Columnista Pares.
El Acuerdo Final firmado con las Farc-ep en 2016 es un tratado de paz comprensivo. Es decir, su contenido beneficia tanto a los firmantes de la paz como a los cerca de 50 millones de habitantes que tiene el territorio nacional. Temas tan importantes como la Reforma Rural Integral, la Solución al Problema de Drogas Ilícitas o la Verdad, la Justicia y la No Repetición para las víctimas son de universal aplicación y ayudan a todos los colombianos.
Así lo ha reconocido el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame en EEUU, encargado de hacer seguimiento al Acuerdo Final; y también, los diversos analistas y centros de investigación que hacen estudios comparado de procesos de paz en el mundo. Todos ellos coinciden en afirmar que este Acuerdo es único en el mundo y que contiene reformas estructurales que le apuntan a ponerle fin al conflicto y a beneficiar a toda la población.
Debido a este carácter comprensivo, el Acuerdo Final alberga un amplio conjunto de metas e indicadores, y tiene como horizonte de implementación un plazo de 15 años. Es decir, las tareas que se pactaron en La Habana deben realizarse en el corto, mediano y largo plazo. Así, en el balance que hace el Instituto Kroc hasta noviembre de 2019 habla de un avance de forma completa de un 25% (un 15% tienen un nivel de avance intermedio, un 36% en estado mínimo y un 24% sin iniciar ejecución).
Entre los avances que se reconocen como más importantes ha sido el diseño de los PDET o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Desde su reglamentación en 2017, con el Decreto 893, se logró construir 16 pactos regionales, como quedó establecido en el punto 1.2 del Acuerdo Final relativo a la Reforma Rural Integral. Los cuales atendieron a los 170 municipios (11.000 veredas) más afectados por el largo conflicto armado, y a cerca de 2.5 millones de víctimas.
Pero como se ha argumentado, el carácter abarcante de la implementación del Acuerdo Final hace necesario que se trabaje en extender estos PDET a otros territorios de la geografía nacional. Son cerca de seis millones y medio de víctimas más y los restantes 933 municipios, 18 áreas no municipalizadas y el Distrito Capital que esperan se trabaje también con ellos en atender sus necesidades. Programas que están pensados para que de manera colectiva se realicen los diagnósticos de necesidades y se prioricen los proyectos de inversión y gestión.
Como bien lo reconoce el Gobierno nacional, a través del Registro Único de Víctimas, la mayoría de las personas que pertenecen a esta población están en las principales ciudades del país. La capital de la República es el territorio con mayor número, con 802,208 y le siguen Medellín con 696,069 y Cali con 220,799. En general, son las grandes capitales las que concentran tanto a las víctimas del conflicto armado como a los firmantes de la paz en proceso de reincorporación.
Lo que se espera es que el resto de ciudades capitales y grandes municipios se comporten de manera similar. El objetivo en los próximos meses es expandir a todo el territorio nacional la implementación de Acuerdo Final, empezando por los PDET. Foto: Pares.
De allí que sea lógico que sigan en la lista las capitales de departamento como los territorios que deben ser atendidos frente a la necesidad de implementar los PDET. Por esto no sorprendió la priorización que realizó este 27 de agosto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del PDET Bogotá-Región en su Plan Distrital de Desarrollo 2020 -2024 Un nuevo contrato ambiental y social para el siglo XXI. Allí contó cómo las localidades, rural de Sumapaz y urbanas de Bosa y Ciudad Bolívar, serán priorizadas para la construcción de estos especiales programas.
Estos territorios fueron priorizados en el Plan debido a que, precisamente, son los territorios más afectados por el conflicto armado del distrito capital. También es allí donde habitan la mayor cantidad de víctimas registradas en la capital: Bosa tiene 35.339, Ciudad Bolívar 38.775 y Soacha 42.917l. En esta importante tarea la alcaldía ha encargado a la Alta Consejería Distrital para las Víctimas la coordinación de los diseños de los PDET y le asignó una partida presupuestal de 15.787 millones.
Lo que se espera es que el resto de ciudades capitales y grandes municipios se comporten de manera similar. El objetivo en los próximos meses es expandir a todo el territorio nacional la implementación de Acuerdo Final, empezando por los PDET. Este es el componente más avanzado de la ejecución del tratado de paz. Las ciudades capitales deben poner a funcionar próximamente esta importante estrategia de planeación y construcción participativa. Eso sí, haciendo adaptaciones metodológicas, introduciendo nuevos componentes y priorizando poblaciones y componentes particulares de desarrollo.
De continuar con esta iniciativa de implementación de los PDET en las grandes ciudades se estará dando pasos firmes en la construcción de la paz territorial. Se estará llevando las bondades del Acuerdo de paz al resto de colombianos. Y estará cumpliendo con la palabra que se empeñó con las víctimas en las negociaciones de La Habana para atender sus necesidades en la fase del pos-acuerdo.