Por: Ivonne Quiñones y Francisco Daza. Investigadores Pares.
El horror acompaña a Nariño. Se creía que el aislamiento preventivo debido a la pandemia de COVID-19 permitiría disminuir, así fuera de manera transitoria, los altos niveles de violencia en las subregiones más afectadas (Costa Pacífica y la Cordillera Occidental Nariñense) por este flagelo en ese departamento; nada más alejado de la realidad. Durante los casi seis meses de duración de la pandemia en Colombia se ha visto un fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales (EAI) que en una guerra cada vez mas cruenta se disputan el codiciado negocio del narcotráfico.
Pese a la fuerte militarización de estas zonas, las EAI han tenido absoluta libertad para movilizarse y realizar acciones bélicas orientadas al control de la cadena del narcotráfico, mientras que de manera simultánea, imponen normas para prevenir la expansión de la COVID-19 a través de vías de hecho que se resumen en pena de muerte o destierro.
El panorama de la tragedia
Durante la pandemia, en Nariño se han perpetrado siete (7) masacres, han asesinado a 13 líderes y lideresas sociales y a dos (2) firmantes del Acuerdo de Paz, lo que da cuenta de que los homicidios selectivos se mantienen a la orden del día. Sumado a esto, según líderes locales consultados, es permanente la siembra de minas antipersonales por parte de las EAI que se encuentran en disputa en ese departamento.
Para tener una referencia sobre la situación que se vive en este momento en el corredor estratégico que une a la Costa Pacífica Nariñense y la Cordillera Occidental se expone lo expresado por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 027 de 2020 emitida el pasado 2 de julio:
Llama la atención de la Defensoría del Pueblo, la realización de prácticas de guerra deshumanizantes, con sevicia y crueldad, como los descuartizamientos de cuerpos humanos, las masacres de combatientes fuera de combate, la realización de videos y archivos fotográficos sobre estas prácticas publicados en redes sociales, la desaparición forzada y de cuerpos humanos mediante fosas comunes; situaciones que generan un grave temor en la población civil y ligados a prácticas de confinamiento forzado de las comunidades en medio de las confrontaciones.
Durante el aislamiento preventivo han sido asesinados 18 miembros de resguardos indígenas ubicados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Cabe resaltar que, siete (7) de los 13 líderes asesinados en Nariño, eran autoridades étnicas y líderes Awá. Imagen:Pares.
Esta misma institución afirma que en Nariño hay actualmente 20 mil personas en riesgo de confinamiento por la expansión y accionar de las diferentes EAI que se encuentran en ese territorio.
El exterminio del Pueblo Awá
En el comunicado 005 de 2020, emitido por La Unidad del Pueblo Awá –UNIPA, se expresa claramente lo que en estos momentos ocurre con esta población en Nariño:
En nuestro territorio la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia producida por el COVID – 19 se ha convertido para el pueblo Awá en un periodo caótico, en este tiempo hemos tenido que enterrar compañeros asesinados vilmente a manos de grupos armados ilegales. La amenaza al pueblo indígena Awá no cesa, los enfrentamientos entre grupos armados son actos cotidianos; la zozobra que causa la violencia se expande abismalmente en todos los rincones de nuestro territorio ancestral.
Entre marzo y agosto de este año, la UNIPA ha emitido 12 comunicados a la opinión pública nacional e internacional denunciando los hechos de violencia que distintos actores armados, tanto ilegales como legales vienen cometiendo contra el Pueblo Awá. Durante el aislamiento preventivo han sido asesinados 18 de sus miembros, pertenecientes a resguardos indígenas ubicados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Cabe resaltar que, siete (7) de los 13 líderes asesinados en Nariño, eran autoridades étnicas y líderes Awá.
Masacres en Nariño, breve cronología
Por la extrema gravedad que representa el regreso de las masacres, se presenta a continuación, una cronología de las que han ocurrido en Nariño como una muestra no sólo de la dimensiones del desangre en ese departamento, sino también, de la absoluta estado de indefensión de las comunidades a nivel nacional.
Entre el 13 de marzo y el 22 de agosto de 2020 han sido masacradas 34 personas:
· EL PALMAR, LEIVA: La noche del 13 de marzo en la vereda El Cedro del corregimiento El Palmar, fueron sacadas cinco personas de dos viviendas para luego ser llevadas a una parte desolada de la vía principal. Allí fueron torturadas y posteriormente tres de ellas recibieron tiros de gracia mientras que dos fueron colocadas en costales y lanzadas vivas al río. Esta masacre se enmarca en el conflicto por el control territorial que libran las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) en connivencia con la fuerza pública contral el ELN y los grupos armados posfarc (GAPF).
· SAN JUAN DE LA COSTA, TUMACO: El 23 de abril, las autoridades llegaron de la población de San Juan (ubicada a una hora de Tumaco), con los cuerpos de 5 hombres que de acuerdo con sus familiares habían salido a faenas de pesca la semana anterior y con quienes perdieron toda comunicación. De acuerdo a versiones de lugareños, la embarcación en donde se transportaban fue interceptada por un grupo armado que luego de quitarles una gran suma de dinero, los asesinó y colocó en una fosa común.
Posteriormente, un jefe de otra organización armada dedicada al narcotráfico habría dado a los victimarios una suma importante de dinero para que dijeran dónde estaban los cadáveres para así ser llevados a Tumaco y entregados a sus familiares.
· LA ESPRIELLA, TUMACO: El 13 de mayo en el km 45 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, desde una camioneta blanca, lanzaron tres cuerpos forrados en cinta adhesiva. Más adelante se supo que estos pertenecían a Mario Manuel Cabezas Muñoz, cabecilla de la organización narcoparamilitar “Los Barrera” y dos de sus lugartenientes que habían sido asesinados por hombres del GAPF Frente Oliver Sinisterra.
· YUNGUILLA, SAMANIEGO: El 13 de junio aproximadamente a las seis de la tarde, llegó un grupo de hombres fuertemente armados que disparó indiscriminadamente contra la población civil que había a su paso dejando como saldo 4 personas muertas y una herida de gravedad.
· SANTA CATALINA, SAMANIEGO: El 15 de agosto, hombres con pasamontañas y fuertemente armados incursionan en una finca, donde aproximadamente 40 jóvenes se había reunido en torno a una celebración. 8 de estos jóvenes que tenían edades entre los 17 y 25 años fueron asesinados. De acuerdo a un sobreviviente, al menos uno de los perpetradores tenía acento mexicano.
· RESGUARDO INDÍGENA AWÁ PIALAPÍ PUEBLO VIEJO, RICAURTE: El 18 de agosto, Kamawari (organización Awá de Ricaurte) informa de una posible incursión armada en el paraje Aguacate ubicado a nueve horas de camino de Ricaurte. Al llegar al lugar las autoridades encontraron los cuerpos de tres indígenas.
· LA GUAYACANA, TUMACO: El 21 de agosto, sin terminar de asimilar las masacres de Samaniego y Ricaurte se presenta la masacre de seis (6) hombres por un grupo armado que llegaron a algunas viviendas a la altura del kilómetro 77. Las víctimas habían sido previamente torturadas.
La estela de masacres durante la pandemia del COVID-19 es la muestra de como las estructuras armadas ilegales se han consolidado en diferentes zonas del territorio colombiano por medio del horror que se ha desatado ante la complicidad del ausentismo estatal. Si bien la lucha por el control del narcotráfico es una de las principales razones de esta ola de violencia, también es evidente que hay una lucha contra las drogas fallida por parte del gobierno nacional que está siendo aprovechada por dichas EAI para consolidar dicho negocio e imponer un orden social en el marco de la coyuntura del aislamiento a causa de la pandemia.
Por otro lado, en este momento en que se vive una grave situación humanitaria a causa de la COVID-19, el gobierno nacional ha mantenido de manera constante la erradicación forzada de cultivos ilícitos, sin una política social o económica que le permita a las comunidades sobrevivir, algo que de acuerdo a campesinos de la Costa Pacífica ha incidido en el robustecimiento de las filas de las estructuras armadas ilegales presentes en ese territorio ya que la incorporación a las mismas ha sido una alternativa para solventar la crisis económica que vive la población en estos momentos.
Con la reactivación económica y social que se pretende generar con la fase de aislamiento selectivo a nivel nacional, surge la preocupación sobre la manera en que dicha medida se pueda entrecruzar con aquellas impuestas por las EAI en diversas regiones del territorio colombiano ante la mirada pasiva del gobierno nacional. Se comprende que no hay garantías de seguridad para que la población civil retome actividades laborales y sociales en zonas donde es evidente la falta de presencia estatal y en las que estructuras armadas ilegales son jueces y verdugos de la población civil.