Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Hace algunas semanas se conoció que un juez estadounidense había aceptado los argumentos de la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y había ordenado su deportación a Italia. Esta noticia fue un golpe para las víctimas del paramilitarismo, quienes esperaban que Mancuso volviera a Colombia para decir la verdad de hechos que quedaron en el limbo tras su extradición a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008.
Días después, el 30 de agosto, llegó la noticia a través del diario El Tiempo que Mancuso sería deportado a Colombia como parte de una decisión de carácter político, pues como se dijo a través del medio de comunicación, “la deportación a Italia resulta perjudicial a los intereses del gobierno Trump”. No obstante, se señalaba que quedaba la posibilidad de apelar la decisión, lo que llevaría, de ser aprobada, a que Mancuso continuara en Estados Unidos. Para dicha apelación tendría 14 días, y como se informaba, se podría hacer bajo el argumento de persecución en Colombia.
En medio de esto se señalaba que en cualquiera de estos escenarios lo que quedaría es que se dé la posibilidad de que, a través de los distintos escenarios dispuestos por Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, que nacieron tras el acuerdo de paz con las Farc, Mancuso dé su testimonio ya sea en la JEP, donde está a la espera de la decisión para acogerlo, y voluntariamente podría acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“Intereses oscuros”
Señalando que aceptará ir a la Comisión de la Verdad y como respuesta a una carta previa enviada el 19 de agosto por el político y exministro, Álvaro Leyva en la que solicitaba al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño y a Mancuso aportar la verdad por cualquier medio, el exparamilitar envió un documento con varios señalamientos los cuales están en el marco del cuestionamiento que se ha hecho sobre a quiénes les conviene su silencio.
Es importante nombrar que la misiva en varios de sus apartes reitera que hay un compromiso con aportar a la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado, “sin ambigüedades, de forma completa y que sea contada de cara al país, donde las víctimas sean honradas por nosotros con esa verdad. (…) La mejor forma de reparación es que no solo se conozca la verdad, sino también, como una forma de no repetición que genere acciones efectivas e incluyentes por parte del Estado colombiano”.
A su vez denunció una estrategia de intimidación por parte de quienes no quieren que se conozcan los hechos con los que Mancuso tuvo relación, aclarando, la incierta situación jurídica en la que está ahora no hace parte de una estrategia suya para no hablar, pues, aseveró que “lo único que busco son garantías necesarias para proteger mi vida y la de mi familia”.
Adicionalmente, en el documento hace importantes señalamientos desde su participación en las AUC y bajo su condición de tercero, financiador, colaborador y agente del Estado de Facto:
“Recuerdo cuando denuncié públicamente el rearme de algunos desmovilizados y me llamaron mentiroso, cuando confesé que el 35 % de miembros del Congreso eran personas apoyadas por las Auc me trataron de loco, cuando conté acerca de la parapolítica la negaron, revelé que yo era la prueba viviente de lo que en ese entonces denominé paramilitarismo de Estado hoy Agente de Estado de facto y me trataron de iluso, se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme, ni qué decir cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las Auc.
Colombia ya sabe lo que me ocurrió, como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté como colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC, también narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo presidente Uribe y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad».
Las relaciones de Mancuso
De Mancuso hay muchas aristas por dónde ver los crímenes que cometió, pues tuvo una importante relevancia en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe.
Durante este Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
Hay que decir que en medio de este contexto la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe, quien para esos momentos (1996 y 1997) gobernaba Antioquia y habría tenido conocimiento de lo que iba a suceder en estas zonas de Ituango junto a Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese periodo y miembros del Ejército, quienes no hicieron nada para evitar las masacres, y por el contrario se les acusa de cuadrar conjuntamente esta incursión paramilitar con los miembros de las AUC.
Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo en relación con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo.
Con esto se espera la reacción de la justicia con la carta de Mancuso, pues esta además llega en medio del proceso que lleva Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el cual ha estado en un vaivén, y ahora esta nueva acusación por hechos con los que se le ha relacionado antes, acentúa la necesidad de la responsabilidad de la justicia para que primen el respeto a las víctimas y la verdadera búsqueda de verdad por encima de los intereses que mueven los hilos para que se conozca o no lo ocurrido en medio del conflicto armado y sobre quiénes dieron las órdenes y las financiaron.
¿Y la JEP?
En el documento enviado por Mancuso también hay una importante mención sobre su intención de ser que su proceso se lleve por medio de la JEP, pues como afirma: “mi experiencia y conocimiento macro del conflicto armado me permite asegurar que no solo cumplo con los requisitos para ser admitido en la JEP, sino que, es importante para que se conozca la verdad integra que buscan las víctimas, la sociedad colombiana, la comunidad internacional y que es el espíritu, la esencia, la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz”.
Con esto hay que decir el desde noviembre de 2018 el excomandante de las Autodefensas Unidas Colombia manifestó su voluntad de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de seguir colaborar con la justicia colombiana. Ahí ha habido un proceso en el cual más recientemente, el pasado 04 de junio, la JEP informó que se había rechazado en primera instancia dicha solicitud.
La Sala de Reconocimiento a través del auto 90, concluyó que su rol en el periodo entre 1989 y 1997 fue la de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate», más no las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal.
No obstante, en este nuevo panorama esta intención, como lo aseveró León Valencia, “es muy importante porque como se ve en la carta hay por contar revelaciones del mundo político sobre la determinación que tuvo esta esfera con el paramilitarismo y eso ayudaría mucho al esclarecimiento de los hechos. Yo creo que Mancuso podría aportar mucho porque daría testimonios con pruebas y eso es lo que se necesita”.