Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
No existe otra forma para empezar este artículo que decir que lo que ocurrió con Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, fue un asesinato. Sin embargo, además, hay que decir que el homicidio lo perpetraron dos uniformados de la Policía Nacional que, mientras descargaban la pistola Taser y lo asfixiaban, no atendieron las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos.
A pesar de que este 9 de septiembre se conmemora el día Nacional de los Derechos Humanos; medios masivos de comunicación como Caracol Noticias o Revista Semana han descrito el hecho con palabras como “murió” o “presunto”. Sin embargo, las imágenes del hecho son claras. El padre de dos hijos —de 11 y 15 años— fue víctima de los dos policías. Esto mantiene latente un debate sobre las posibilidades de una reforma policial a nivel interno, sobre el uso de armas y sobre la doctrina que la constituye.
“Se utilizaron descargas con una pistola Taser contra el ciudadano, fue llevado al CAI del barrio Villa Luz y posteriormente a la Clínica Santa María del Lago, donde falleció”, señaló la Personería de Bogotá en un comunicado de prensa.
La familia pide proceso penal no disciplinario
“Javier Ordoñez es mi excuñado, el papá de mis dos sobrinos de 11 y 15 años, mi cuñado no era ningún borracho, no era un criminal ni una mala persona y, aún así lo hubiese sido, no merecía morir. La policía está para cuidarnos y lo único que hicieron fue asesinarlo, porque no tienen que minimizar el problema… ¡Lo asesinaron!” estas fueron algunas de las palabras que emitió un familiar.
«Los uniformados continúan cometiendo todo tipo de brutalidades y las medidas de sanción son insuficientes. De esta forma, se requiere entonces una primera reforma a los sistemas de control”. Imagen: Pares.
Asimismo, señaló que no se “empiece un proceso disciplinario contra estos dos policías porque no son policías son asesinos. Se debe hacer un proceso penal. Ellos no abusaron de su fuerza, fue un asesinato. Finalmente, convocaron a una velatón por “la justicia y la memoria de Javier, porque nosotros ahora tenemos que hacernos cargo de explicarles a dos niños que a su papá lo asesinaron dos policías.”
A los dos policías sólo pretendían trasladarlos
Por su parte, la Policía Nacional se refirió a los hechos a través del Coronel Necton Lincon Borja Miranda — Comandante Operativo Policía Metropolitana de Bogotá— y dieron a conocer la decisión de esta institución ante el asesinato. En principio, a las 6:52 a.m. —y sin mayor reparo— señaló que se iba a “suspender de la actividad operativa o el servicio de vigilancia y pasar a actividades administrativas a los policías que se encuentran inmersos en estos hechos”, sentenció el coronel.
A las 8:06 a.m. el coronel volvió a referirse a los hechos y cambió las disposiciones iniciales que pretendía la institución. “Hemos decidido que estos dos uniformados, que se vieron involucrados en este hecho, sean separados inmediatamente de sus cargos y se les adelantará la investigación disciplinaria correspondiente. El CTI de la Fiscalía asumirá la investigación”, concluyó el coronel.
¿Por qué es necesario una reforma a la Policía?
Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, “están pasando dos fenómenos muy complicados. Por un lado, el tema de la pandemia llevó a que se perdieran muchas libertades y, en este sentido, la Policía se sienta con mayor libertad de cometer estos hechos en contra de los Derechos Humanos. Por otro lado, Ávila, resalta que la impunidad al interior de la Policía juega un papel preponderante frente a este tipo de hechos.
Frente al debate sobre la reforma a la Policía, Ávila señaló que hay “un tema delicado que tiene que ver con los controles internos en la Policía. Es decir, los uniformados continúan cometiendo todo tipo de brutalidades y las medidas de sanción son insuficientes. De esta forma, se requiere entonces una primera reforma a los sistemas de control”.
Por otra parte, Ávila se refirió a la reforma a la doctrina de la Policía Nacional. Para el analista, resulta vital que la Policía cuente con un cambio en la forma como se relaciona con la población colombiana y, con ello, resalta una acción que denominó “entrenarlos para la democracia”. Sin embargo, señaló que estos esfuerzos de nada servirán sin los controles internos que continúan generando impunidad.
La reforma a la Policía es una exigencia mundial
De acuerdo con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, esta es una urgencia que comparten distintos países a nivel mundial que es de vieja data. Sin embargo, Alejandro hizo hincapié en que “este año —2020— a partir de todo el poder que se le ha otorgado a las instituciones policiales alrededor del mundo debido a la emergencia sanitaria ha recrudecido la violencia policial.”
De esta forma, “desde Temblores ONG consideramos que la reforma de la Policía es inminente. Esto en razón a que la Policía porque esta se caracteriza por ser una institución violenta, patriarcal, una institución que no encuentra el diálogo como una forma de resolución de problemas.”, precisó el investigador.
Por otra parte, para Alejandro, esta acción tendrá sentido si va acompañada de un cambio en el paradigma de Seguridad Ciudadana. No puede ser que la Policía siga siendo la única institución que disponen para la resolución de conflictos. Es una institución que se caracteriza sobre el solo uso de la fuerza.
Taser, un legado de las dictaduras del Cono Sur
Tal como explica Alejandro el arma con la que fue asesinado Javier antes eran, por ejemplo, usadas en las dictaduras de Argentina y Chile. “Estas armas no pueden seguir siendo heredadas por la Policía de forma legal. En Argentina se dio una resistencia social en el que se logró evitar que fuera permitido el uso del Taser. Estas armas facilitan que lo policías cometan torturas en el espacio público y asesinar. Desde Temblores ONG, creemos que deben ser desmontadas”.
Por otra parte, el investigador señaló, “nuestros impuestos siguen siendo dirigidos a la compra de, supuestamente, armas no letales que —como se observó en el caso de Javier— son letales. Se deberían priorizar recursos que están destinados a esas comprar y reorientarlos a la resolución pacífica de conflictos.”
De acuerdo con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, esta es una urgencia que comparten distintos países a nivel mundial que es de vieja data. Sin embargo, Alejandro hizo hincapié en que “este año —2020— a partir de todo el poder que se le ha otorgado a las instituciones policiales alrededor del mundo debido a la emergencia sanitaria ha recrudecido la violencia policial.” Imagen: Pares.
De acuerdo con Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Naciones Unidas se ha referido al Tase como un arma de tortura, que estas armas deben ser prohibidas. “Estamos frente a un caso de ejecución extrajudicial por el mal uso de las armas y por el ejercicio arbitrario del poder.
Lenguaje en los medios sobre las violaciones de DDHH a manos de la Policía
Alejandro se refirió a uno de los riesgos que representa el uso del lenguaje en casos de homicidios como el de Javier por parte de los medios de comunicación. “Decir que un ciudadano murió tras el procedimiento policial representa, entre otras cosas, una carga sobre el imaginario que crea la ciudadanía frente a estos hechos. Decidir decir muerto que asesinado tiene consecuencias hasta en el procedimiento legal y judiciales.”
Según el investigador de Temblores ONG, es muy grave que el homicidio de Javier haya sido puesto en tela de juicio por parte de los medios de comunicación, cuando claramente en el video se ve el papel de la Policía, se debe condenar. “Para estos medios si resulta prudente señalar un asesinato por parte de la Policía cunado el caso no ocurre en Colombia, como lo hicieron en el caso de George Floyd, en Mineápolis.
“La Policía como institución ha ido desarrollando un proceso de transformación; pero no ha sido suficiente”
Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, señala que “se tiene que conocer que la Policía como institución ha venido desarrollando un proceso de modernización y transformación institucional en el que se ha tratado de adaptar para entender cuáles son los contextos a los que se enfrenta la Policía en estos tiempos. Ha habido esfuerzos internos”.
En este sentido, Morales insiste en que “hablar sobre la solicitud de reforma policial en un nivel más alto, reforma constitucional o una ley que modifique la Ley 62 de 1993 —que es la que es la que le da la orientación básica a la Policía Nacional— tiene que ser estudiado porque, como está descrito el tratamiento legislativo es generalizado y ya a nivel interior es que se da las orientaciones de cómo se desarrollan estos aspectos normativos.”
Así las cosas, para Morales se debe reconocer que se están desarrollando estas acciones de transformación, pero es difícil porque se advierte como largo y con un carácter cultural. “Se requiere un diálogo nacional y con expertos para valorar qué es lo que estaría fallando en la Policía en términos internos y doctrinales. También, sobre uso de la fuerza y uso de armas no letales”.
Se requieren sanciones reales
Por ejemplo, continúa Morales, frente al caso de Javier, “fue un procedimiento fuera de todos los protocolos establecidos a nivel institucional en el marco de la defensa de los Derechos Humanos. El uso del Taser por parte de uniformados, tal como está establecido, es sobre situaciones en las que se pretenda inmovilizar a una persona que esté presentando un comportamiento grave contrario a convivencia.«
Para el investigador de Pares, en este sentido, se tiene que hacer una reforma orientada a que existan controles efectivos a nivel de sanción sobre este tipo de acciones. “Si un policía falla en sus funciones debería ser investigado, debería tener consecuencias sobre sus funciones.
Morales concluye a que debe haber sanciones reales. “Ha habido una falla en lo que la Policía tiene que se llama inspección general que, técnicamente, es la encargada de llevar esos procesos, que ha mostrado que no ha habido suficientes resultados”.
Las organizaciones víctimas de la violencia policial esperan un papel protagónico de la Alcaldía
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer que presidirá la mesa de DDHH y Convivencia Distrital para que en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para así “lograr una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación.” En este sentido se comprometió a una reestructuración “profunda y seria” al interior de la Policía para prevenir y sancionar.
Hoy regresa a la memoria que, en tiempo de campaña la ahora alcaldesa señaló —categóricamente— “que la jefatura de la Policía no se puede delegar (…) seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”. Organizaciones sociales de Bogotá espera que, en el marco de las nuevas disposiciones sobre el caso de Javier, se haga justicia sobre un grueso de denuncias que, a su consideración no han sido atendidas de manera eficaz por parte de la administración distrital.
Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, señala que “se tiene que conocer que la Policía como institución ha venido desarrollando un proceso de modernización y transformación institucional en el que se ha tratado de adaptar para entender cuáles son los contextos a los que se enfrenta la Policía en estos tiempos. Ha habido esfuerzos internos”. Imagen: Pares.
Las víctimas de este año
Alejandro resaltó que en materia investigativa la ONG ha podido registrar más de 160 casos de violencia policial en Colombia y 10 homicidios por parte de la Policía en Colombia. De estos homicidios, el promedio de edad es de 25 años, hecho que “nos preocupa de sobremanera que se esté presentando un fenómeno de criminalización de la juventud, en el que la Policía está perpetrando una serie de asesinatos hacia jóvenes.”
“Desde Temblores ONG, creemos que es urgente una reforma a la Policía, que esta institución debe tener unos procedimientos que, efectivamente, garanticen el derecho a la vida, que garanticen el principio de la proporcionalidad del uso de la fuerza, ausente en el homicidio de Javier”.
Manifestaciones
En la capital de la República se han realizado plantones en rechazo a la violencia policial y el asesinato de Javier en manos de los dos Policías, se espera que en la noche de este miércoles se lleven a cabo velatones que fueron convocados por la familia.