Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.
El caso de Iván Cepeda Castro es admirable en un país de acomodos, intereses y abyección como Colombia. Ingresó al Congreso comenzando el siglo en listas de izquierda pero con la cauda de quienes respaldan su indeclinable lucha por el respeto de los derechos humanos, la justicia social y una salida política negociada al conflicto sociopolítico que por décadas ha desangrado a Colombia.
Hijo de dos comunistas militantes, los periodistas Manuel Cepeda y Yira Castro. Su madre, una convencida y admirable partidaria de las causas justicieras, en los 60s del siglo XX, murió temprano. A su padre lo mataron los servicios de inteligencia del Estado aliados con los paramilitares en uno más de tantos asesinatos aun sin esclarecer ordenados desde los cuarteles.
Manuel, director de Voz el periódico de comunistas, “intelectual orgánico de la Revolución”, era admirado por el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- al punto que tras su asesinato bautizaron un frente de guerra con su nombre. Era un revolucionario comprometido pero nunca fue condenado por delitos contra la seguridad del Estado.
Como parte del proceso de negociación de paz promovido por el gobierno de Belisario Betancur en 1982, las Farc integraron un frente civil representativo para hacer su tránsito político. La Unión Patriótica se convirtió en una convergencia de inconformidades y en un logro electoral para las fuerzas alternativas con importantes escaños en concejos, asamblea y el Congreso, aparte de varias alcaldías.
Tal éxito desató las iras de la ultraderecha que impugnó la agenda de reformas liberales y modernizantes para el sistema político de las presidencias de Betancur y Barco, como la elección popular de alcaldes y gobernadores y la opción por el diálogo para salir del conflicto. La anatematizaron como avanzada del comunismo en los estertores del muro de Berlín. La alianza de ultraderecha con las mafias del narcotráfico creció a la sombra de la contrainsurgencia y sembró de horror al país con el paramilitarismo.
Camino al Congreso, para intervenir en los debates aprobatorios de los proyectos que buscaba aprobar los Convenios de Ginebra para que rigieran las reglas del derecho humanitario en el conflicto interno de nuestro país, un escuadrón clandestino puso fin a la vida del entonces senador por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas.
Su hijo, que se transportaba en un bus urbano hacia la universidad en el centro de la ciudad, entrevistado por los medios, en medio de la sorpresa y con la serenidad, valentía y contundencia que lo han caracterizado, les dijo que lucharía porque el crimen de su padre y de miles de colombianos víctimas de la guerra no quedara impune. Bajo su liderazgo se fundó el Movimiento de Víctimas del terrorismo de Estado -Movice.
Iván Cepeda, se formó como filósofo en los centros universitarios mas humanistas y críticos del pensamiento socialista pero temprano se distanció del modelo soviético, asumió a fondo la causa de la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la denuncia de los perpetradores, la causa de la paz y de una democracia con justicia social. Con esa misión llegó a la Cámara de Representantes y desde entonces, luego en el Senado, se convirtió en el vocero y referente de la defensa de las víctimas del conflicto.
Su compromiso lo llevó a incursionar en las aguas turbias dispuestas por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002, que trataron de legitimar mecanismos de control social y contrainsurgencia ajenos a los mandatos constitucionales y muy afines a la doctrina de seguridad nacional que guió a las dictaduras del Cono Sur y flageló a esos pueblos.
De su investigación sobre las andanzas del expresidente publicó, junto con Jorge Rojas, el libro A las puertas del Ubérrimo y luego, con el sacerdote Javier Giraldo, Víctor Carranza “El patrón”. Ambos contundentes denuncias sobre el entorno del paramilitarismo como medio contrainsurgente que había sido develado por Gustavo Petro años atrás y tuvo que polemizar con varios congresistas que conocen el monstruo por haberle servido o haberse favorecido de sus tropelías criminales.
Confrontó al expresidente Uribe, ahora congresista, quien valido de su ego, no ha tenido mayor argumento que cuestionarle su legitimidad democrática por la filiación comunista de sus padres y su opción por el cambio en un país de desigualdades e injusticias y estigmatizarlo en esa corriente forma de los perversos de inculpar al que ve y denuncia por haberse apartado del mundo de los ciegos en el que todo se ve bien.
Como parlamentario, Iván realizó un debate para denunciar el compromiso, entorno y nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. A pesar de los esfuerzos del expresidente las denuncias trascendieron. Uribe herido clamó venganza, denunció a Cepeda y supuso que las Cortes le iban a hacer la corte. Falló. Al no poder domesticar la rama judicial, como doblegó otros factores de poder, emprendió una innoble campaña de desprestigio contra los magistrados. Desde que ejerció el ejecutivo al no controlarlas, ha buscado reformar las cortes a su acomodo.
A pesar de todos los malabares, la denuncia del expresidente contra el senador, por fraude procesal y manipulación de testigos se le devolvió. En la investigación se evidenció que las cosas fueron al contrario. Con una orden de detención domiciliaria en contra, Uribe desató sus iras y su poder contra Cepeda, con la ventaja de un gobierno puesto por él, una fiscalía amiga y periodistas fanáticas.
¿Por qué el expresidente se metió en ese lío? El trasfondo está en los orígenes y responsabilidades de los crímenes del paramilitarismo en el país. Pero no fue Cepeda el que lo provocó, él como ciudadano acudió al poder judicial y defendió su honor. Ganó y evidenció una conjura urdida por Uribe. La Corte halló méritos pero en una decisión cuestionada lo puso en manos de la Fiscalía.
Uribe, que antes se había sometido a la Corte al amparo del fuero de senador, ahora elude su competencia y busca abrigo en la Fiscalía en una jugada que puede salirle mal porque, por más marrullas que intenten sus abogados, las causales de su imputación ya están establecidas y un eventual archivo del proceso lo dejará libre pero no impoluto.
Entretanto, Iván Cepeda, el ciudadano que sin poder ni recursos, valido de amor por la vida y convicciones se fajó con un poderoso y lo orilló hasta la evidencia pública, está al borde del linchamiento de una sociedad que adora a sus verdugos. Y no solo sacrifican a Cepeda sino al poder judicial porque enfilan contra un juez para desprestigiar decisiones de una sala colectiva. A Uribe no lo persigue un magistrado, sino la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Parte de los ataques contra Cepeda se centran en su papel protagónico en el proceso que logró la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc que conllevó la desmovilización de una decena de miles de guerrilleros y la ilusión de reconciliación y tranquilidad para las regiones, ahora en riesgo ante el retroceso de la visión de “paz con legalidad” que impera desde el gobierno uribista de Iván Duque.
Y ahí la perversión del ataque sectario, puesto que se etiqueta a Cepeda por los desmanes y crímenes que habría cometido la guerrilla como si su militancia de izquierda derivara en responsabilidad por convergencia en algunos ideales, señalamiento fascista que de raíz condena a que en el país no tiene cabida quien piense diferente a quienes detentan el poder.
Si bien Cepeda ha exhibido con razón su satisfacción por su concurso en la firma de los acuerdos también ha reconocido con dolor las inconsecuencias e incumplimiento de miembros de las Farc que se sustrajeron de ellos, como en el caso de Jesús Santrich, a quien acompañó con lealtad en un enrevesado proceso judicial para confesar con tristeza su decepción por la actitud posterior de ese y otros dirigentes sin por ello cejar en el empeño de llevar a las guerrillas motivadas por razones políticas a reinsertarse a la vida civil en un entorno con garantías para el ejercicio democrático y respeto por la vida.
En una reciente columna, Iván Cepeda dijo que el caso que lo confronta con Uribe ha sido una lección de ciudadanía por lo que implica en la impugnación al poder abusivo, la reivindicación de derechos y como contribución al fortalecimiento de la democracia. Guarda la esperanza de que tarde o temprano, como tantas causas incomprendidas o satanizadas por quienes no quieren ver la luz, la verdad y la justicia se impondrán.