Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
Hace dos meses escribí una columna de opinión para el portal de PARES titulada “El asesinato de George Floyd, una herida que sigue abierta”, cuando casi todo el planeta conoció la muerte de un afroestadoundinense a manos de policías de Minneapolis mientras gritaba “I can’t breathe”, cuando empezaba a ser tendencia el #BlackLiveMatter, y muchos acá en Colombia compartían una imagen negra en sus perfiles de redes sociales. Las manifestaciones se extendieron en varias ciudades de los EEUU y muchos respaldaban esos hechos, era justificable por el descontento de la sociedad que ya guardaba varios episodios de abuso y violencia en sus memorias.
La muerte de Javier Ordoñez, en Engativá despertó un sentimiento similar en muchos colombianos y colombianas, quienes salieron a manifestarse y a protestar por la defensa de la vida y llamar la atención sobre los repetidos casos de abuso policial.
Los enfrentamientos llevaron a ciudadanos y policías a enfrentamientos violentos, el resultado: cerca de 250 heridas y ocho (8) personas asesinadas en Bogotá y Soacha, muchas pérdidas materiales que a la larga se recuperan, pero lo más grave fue la sevicia de los enfrentamientos, rondaron cientos de videos donde el uso indiscriminado de armas de fuego, persecución y amedrentamientos que violan todo tipo de protocolos, reglamentos internos, mandatos constitucionales y referentes internacionales para la defensa de los derechos humanos, eran el común denominador, videos de personas cayendo muertas o heridas como en un campo de batalla.
La indignación se materializó en las calles, una indignación justa, que viene desde el año anterior, sobre todo desde el 21N y el gran paro nacional que movilizó a cientos de miles, pero la pandemia puso en pausa a esta jornada de movilizaciones que tenía un pujante crecimiento, ese sentir colectivo se profundizó con las masacres que se han registrado en el territorio nacional y la desidia del gobierno nacional, la crisis económica que nos ha dejado el COVID provocando un incremento en la pobreza y el hambre, la corrupción en los entes territoriales para el manejo de la crisis, la violación a menores indígenas y muchos otros hechos que se registraron mientras los que podíamos pasábamos la cuarentena en casa; todos esos factores juntos se convierten en una bomba de tiempo que solo necesitaba una chispa para estallar y volver a las calles como ocurrió en los últimos dos meses del 2019.
La protesta social es un derecho legítimo en una democracia, su control ya depende de muchos factores, pero lo que se vivió anoche en Bogotá se sale de todo lo “normal”, de todo sentido común, el uso «indiscriminado» de armas por parte de la policía, denunciado por la Alcaldesa Mayor deja mucho qué pensar, ¿dónde quedó el mando? Hay unos conductos regulares que al parecer se rompieron y primó la efervescencia del momento, costando vidas. Ya el COVID dejó de preocuparle a muchos y se están volviendo a las demandas que como sociedad colombiana se han exigido desde hace meses al Gobierno Duque que parece vivir en otra realidad, pasada por libretos y programas de televisión diarios y repetitivos.
Tras la lamentable pérdida de vidas del 9S, nos queda claro una cosa: hay fallas estructurales, que necesitan su atención y transformación, no se trata de acabar la Policía o llevarla al Ministerio del Interior así porque sí, se trata de aceptar con humildad los errores y lograr un gran diálogo nacional que brinde soluciones reales a los índices de impunidad y se recupere la confianza en las instituciones, propias de una democracia, y esta situación debe ser una ventana de oportunidad para corregir esos errores, no marcada por un discurso negacionista ni de justificaciones fuera de lugar.
Seguramente vendrán más manifestaciones, seguramente cada ciudadano de a pie tendrá un motivo propio o ajeno para salir, pero con una indignación común que se puede manifestar como quiera, lo que no puede volver a suceder es que se den respuestas desproporcionadas y se nos lleve a escenarios de descontrol total, donde quienes por delegación detentan el uso legítimo de las armas se vuelvan contra el pueblo.