Por: Línea Conflicto Paz y Posconflicto Pares.
Han transcurrido casi cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep y dos años desde la posesión de Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático, como presidente de los colombianos. En las últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia con un grado de intensidad tan grande, que tiene sumida en la preocupación y el miedo a la sociedad colombiana. Por una parte se han producido una serie de masacres que han dejado varias decenas de muertos.
También se han presentado ataques contra la Fuerza Pública que han dejado como resultado varios de sus miembros heridos y muertos y, finalmente las comunidades en diferentes puntos de la geografía nacional han presenciado con horror los combates entre organizaciones criminales que duran días enteros.
Después de meses de investigación al respecto, la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, presenta este informe sobre la crítica situación de seguridad de Colombia que señala cinco (5) grandes conclusiones:
Primera:
Al analizar los datos en materia de seguridad se puede decir que, si bien el homicidio presenta un descenso con respecto al año 2019 producto del confinamiento preventivo, lo cierto es que varios indicadores de seguridad han tenido retrocesos complejos.
Por ejemplo, el desplazamiento forzado, las acciones violentas en territorios y las acciones subversivas. Todo parece indicar que al hacer un análisis de varios años que, este retroceso en materia de seguridad venía desde hace, por lo menos, dos años, pero podría clasificarse como una realidad subterránea, no se veía claramente.
Segunda:
Los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente.
Tercera:
La ola de violencia más reciente, con varias masacres de por medio, se podría explicar por el concepto de empate técnico negativo. Generalmente, cuando hay disputa criminal esta tiene una duración de dos (2) años o un poco más.
Actualmente, la disputa por varias zonas que eran de las antiguas FARC lleva tres (3) años como producto de la imposibilidad de que una organización criminal se imponga sobre las otras. Ninguna es lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra, por consiguiente acuden a la violencia contra la población civil para ganarse la adhesión de las comunidades. Por lo menos habrá un año más de disputa criminal en varias regiones del país.
Cuarta:
A pesar de añadir de manera formal los lineamientos del Plan Marco de Implementación-PMI, el cual orienta la política pública para la implementación del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente por obligaciones normativas nacionales e internacionales, lo cierto es que los balances de implementación del Acuerdo de Paz realizados por centros de pensamiento y organizaciones sociales independientes del Gobierno, e incluso por instituciones del Estado, han evidenciado la falta de voluntad política para la materialización de lo pactado.
Los constantes incumplimientos en asuntos tan álgidos como los pagos a las familias que sustituyen de manera voluntaria sus cultivos de coca o las garantías de seguridad de líderes, lideresas y excombatientes de las Farc-Ep. Una de las principales conclusiones del informe de la Contraloría General de la Nación sobre la implementación del Acuerdo, es que en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados por año y sólo se llega hasta el 65% de ejecución.
En este sentido, pronostican que, de seguir este ritmo, la implementación podría durar 25 años, es decir 10 años más de lo previsto. Acerca de la falta de garantías de seguridad los datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 25 de agosto de 2020, indican que han sido asesinados 437 líderes sociales y 231 durante el gobierno Duque.
Por su parte, han sido asesinados 224 firmantes de paz de la FARC desde la firma del Acuerdo hasta el 25 de agosto de 2020 y 148 en este mandato según los datos aportados por el partido FARC.
La perspectiva integral de seguridad trazada en el Acuerdo para que de manera participativa se construyeran alternativas para el desmantelamiento de estructuras criminales fue reemplazada por el regreso a una visión militarista de la seguridad, caracterizada, entre otras, por el despliegue de Fuerzas Militares en las zonas más violentas del país sin acompañamiento integral de instituciones de justicia, ni tampoco por la recuperación del territorio por parte del Estado.
Quinta:
Se evidencia una crisis en la Fuerza Pública y, en particular, en las Fuerzas Militares. Desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, las Fuerzas Militares han estado en el ojo del huracán. Denuncias de organizaciones internaciones sobre la elección de su cúpula militar, donde algunos integrantes estaban inmersos en investigaciones y escándalos por violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre los cuales se cuenta el excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez.
La denuncia del New York Times, realizada en mayo de 2019 señala que las directrices que promovían la reducción del estándar de precisión en operaciones militares e incentivos con el propósito de obtener resultados, fueron el inicio de una serie de escándalos.
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