Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“Pero las víctimas, los pueblos nativos que tienen por costumbre recordar la historia para construir desde ello, no olvidaron y esperaron con la paciencia que les caracteriza. Su tiempo, es diferente al nuestro, y la etnia, a la que el establecimiento tenía por “la más pacífica”, vino y en un acto de fuerza derribó el símbolo del poder español empotrado en su lugar sagrado”.
Walter Aldana, cofundador del movimiento campesino del Cima, ex-asesor de paz del Cauca y columnista social y político.
En la tarde del pasado 16 de septiembre videos, fotos y noticias empezaron a circular mostrando cómo había sido derribada por indígenas de la comunidad Misak, la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en El Morro del Tulcán de la ciudad de Popayán. El sentir: dignidad, la misma que nunca se debería negociar y la que siempre debería ser transversal en los relatos que narran nuestra historia, que construyen memoria.
Hay que decir que la estatua de Belalcázar había llegado a este lugar de la Ciudad Blanca, como lo contó Walter Aldana en palabras del antropólogo Hernán Torres, “en el marco de la celebración de los 400 años de Popayán, cuando se acordó hacer dos estatuas; la ecuestre de Sebastián de Belalcázar para ser instalada en la plazoleta de San Francisco y la del cacique Pubén en el cerro. El resultado final: Belalcázar al Morro y Pubén desaparecido”.
Cuenta también Walter Aldana que: “Finalmente los indígenas relegados de la meseta de Popayán, solo cuando vienen a la ciudad observan a su verdugo, quien con perros rabiosos asesinó a muchos de sus antepasados. Es en últimas como vivir en la casa con el violador, y que además esté ocupando el segundo piso desde donde envía el mensaje de la autoridad, de la imposición, en últimas de la humillación”.
Con este primer contexto hay que decir que este acto hizo parte de una reivindicación a la memoria, en un país totalmente colonizado, donde sus calles, su historia oficial, sus creencias, su economía, su política, todo gira en torno a un proceso de invasión, de destrucción y masacre que se ha querido invisibilizar y hasta normalizar.
Así, este hecho que ayer fue noticia, bajo el discurso de defensa a la propiedad sobre cualquier tipo de respeto a la vida y a la dignidad, fue hasta nombrado como ‘violencia y destrucción’, demostrando de nuevo un espaldarazo mediático a la memoria excluyente.
En este sentido hay que nombrar también que este acto hace parte de un juzgamiento realizado por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente firmado en junio de este año, en el que se acusa a Sebastián Moyano y Cabrera alias Sebastián de Belalcázar, reconocido como conquistador de Popayán, de:
“Genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenence, tortura por medio de técnicas de empalamiento y ataque con perros asesinos a los fuertes guerreros Misak Pubenences y asesinatos de Taita Payan, Taita Calambas y Taita Yasguen. Hurto del patrimonio cultural y económico de la herencia Pubenence, repartición arbitraria de tierras, esclavitud por medio de la institución de las encomiendas, despojo forzado del NUPIRO- gran territorio Pubenence, violación de mujeres, esclavización de la mano de obra indígena para enriquecimiento ilícito. Imposición de costumbres y creencias como el cristianismo, profanación de sitios sagrados y desarmonización espiritual. Todo lo anterior con los siguientes agravantes: las conductas anteriormente descritas fueron realizadas con sevicia y dolo, bajo la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su arbitrariedad”.
Con esto hay que resaltar que, desde antes de este comunicado presentado en junio de este año, se venía solicitando encuentros para debatir sobre la presencia de la estatua en el territorio, solicitud que no fue procesada, aun cuando se había señalado reiteradamente la violencia simbólica que significa la estatua de Belalcázar en este punto de Popayán.
Que además fue derrocada también con motivo a los asesinatos selectivos en el Cauca contra comunidades indígenas, que solo como muestra del genocidio que continúa; un día antes había sido asesinado en Suárez, Cauca Luis Arley Chaguendo, un comunero de 24 años, perteneciente al resguardo de Tacueyó en Toribio. Esto, luego que comunidades indígenas denunciaran en una audiencia pública la oleada de violencia, que solo en este año le ha costado la vida a alrededor de 60 indígenas en el departamento.
Asimismo, se nombró desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que haber derribado la estatua por parte del pueblo Misak también es una muestra simbólica del rechazo a la criminalización de la protesta social, evidenciada en este territorio, pero también en algunas ciudades del país en los últimos días. Igualmente, como muestra de inconformidad ante la oleada de violencia y masacres, que solo en este año se han reportado cerca de 57.
¿Qué pasó luego de derribada la estatua?
A pesar de todos estos motivos, los señalamientos hacia la comunidad indígena no cesaron, incluso en esta mañana varios comentarios deslegitimadores empezaron a circular, y, adicionalmente, se alertó sobre un grupo de WhatsApp en el que se estarían organizando acciones contra los/as indígenas. Sobre esto Walter Aldana comentó:
“La situación había sido una oportunidad importantísima para que el alcalde de manera inteligente hubiera convocado a los/as unos/as y a los otros/as y generara un espacio de reflexión sobre las verdades diversas, pero no, el alcalde salió con la bandera de Popayán, una bandera que además tiene a los lados dos cruces de los templarios, es decir más colonizados para dónde, a decir que va a reinstalar la estatua. Una vez la ponga seguramente se va a volver a tumbar, pero es ver cómo la institucionalidad sigue respaldando esos discursos”.
Por otro lado, y también como otra de las acciones de la comunidad indígena se comunicó desde el CRIC que el consejo regional a través de sus autoridades “ha determinado que la minga suroccidente se reactiva. (…) Se va a seguir porque hay una deuda desde el año anterior en la que el presidente no le ha dado la cara al pueblo, y las comunidades han manifestado que si no le da la cara al pueblo no se van a bajar de ahí. Es verdad que hoy hay una amenaza con la pandemia, pero es que hoy nos están matando. No hay garantías del derecho a la vida y a la paz”.
Con todo esto es necesario cerrar retomando las palabras escritas en junio por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente: “Que Colombia y el mundo se den cuenta que la conciencia y la memoria histórica de los pueblos indígenas florece sobre estos territorios que han sido despojados. Que el clero y la clase política criolla, heredera de este legado genocida que han vivido invadiendo y explotando nuestra madre tierra, sepan que nunca hemos sido vencidos y estamos aquí, con la fuerza de la gente”.