Por: Laura Cano.
Periodista Pares.
Mientras en el país se sigue pidiendo la reforma a la Fuerza Pública a causa de una serie de hechos que han enlutado al país en los últimos días por el abuso policial; como la muerte de Javier Ordoñez provocada por, al menos siete, uniformados, y el posterior asesinato de 14 personas que se encontraban protestando por el anterior hecho o cerca a los lugares donde se realizaban los actos, en Colombia se siguen conociendo hechos que continúan acentuando la idea que los abusos por parte de la Policía y el Ejército no son casos aislados.
Ahora, y tras tan solo unos días de los asesinatos cometidos en Bogotá y Soacha, se conoció que, en Miranda, Cauca, fue asesinada Juliana Giraldo, quien se movilizaba con su compañero, Francisco Larrañaga, por los alrededores de una zona del municipio conocida como Guatemala. Cuando, -se escucha en uno de los vídeos grabados por alguien transitaba por esa misma carretera-, «los soldados salieron del monte hacia la vía», les ordenaron detenerse, tras lo cual uno de los uniformados le disparó varias veces al automóvil con su fusil y una de las balas impactó a la mujer.
Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional a través de un comunicado informó que: “(…) cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N 8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”.
Por su parte, y siguiendo la repetición de un mismo discurso, el Ministro de Defensa se refirió al hecho diciendo: “Respecto a los hechos registrados en Miranda, Cauca, en donde una mujer resultó muerta por un disparo de un integrante de la Fuerza Pública (…) quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo”, adicional, informó que las personas involucradas serían retiradas de su cargo y que se harían las investigaciones correspondientes. Mientras que Iván Duque twitteó: “He ordenado al Ministerio de Defensa y al Ejército disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar”.
Con esto, vale la pena señalar, por un lado, lo peligroso de que desde la institucionalidad no se nombre el asesinato como tal, sino que por el contrario se insista intencionalmente en que Juliana “resultó muerta”. Por otra parte, como lo mencionaba Ariel Ávila, subdirector de Pares, “el otro gran problema que tenemos con esto es la sensación de impunidad tan grande. Ocurrió lo del 9 y 10 de septiembre y a hoy no ha caído un solo coronel, no ha caído un solo militar. A hoy el Ministro de Defensa no ha renunciado, cuando debería haberlo hecho. Eso lo único que da es una sensación grande de impunidad. (…) Lo mínimo que debió hacer Iván Duque es haber movido la cúpula. Que no sea que después del asesinato de Juliana no va a pasar nada y otra vez todo para la Justicia Penal Militar”.
Con esto último, vale la pena traer a colación que solo durante este año se han reportado 38 asesinatos por parte de la Fuerza Pública, e incluso según el sistema de información Sipares, en 2020 se han cometido 9 ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, este año se comenzaron a conocer hechos de violencia sexual cometidos por miembros del Ejército, en los cuales están el de una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio y el de cinco (5) niñas de la comunidad indígena Nukak Makú en Guaviare.
“El cuento de manzanas podridas, de algunos pocos creo que ya es insostenible. Creo que la teoría de muchos de los que hace años venimos pidiendo una reforma a la Fuerza Pública colombiana es necesaria. El cuento del enemigo interno, del amigo-enemigo; todo eso no puede existir en una sociedad democrática. Aquí hay que mirar temas de fondo, estructurales y sistemáticos de lo que viene pasando”, agregó Ávila.
Medios de comunicación cómplices
Este hecho además de estar atravesado por la revictimización realizada desde la institucional, también lo ha estado por lo medios de comunicación, quienes al mismo tiempo de seguir el postulado que Juliana “apareció muerta”, también han sido actores en la deslegitimación de la construcción de género.
Titulares como el de La FM en el que se escribía: “Hombre murió tras disparo de militar en medio de retén en Miranda, Cauca”, y sus líneas siguientes donde se mencionaba que Juliana era la forma en que “se hacía llamar”, son una muestra de cómo los medios también son responsables de la criminalización y estigmatización de las personas a causa de su género.
Esta función es tan grave que vale la pena mencionar que, según lo informado por la Red Comunitaria Trans, en lo que va corrido del 2020, 28 mujeres trans han sido asesinadas, la mayoría de ellas en hechos violentos y de discriminación, como el ocurrido con Alejandra Monocuco, una mujer trans de 39 años, trabajadora sexual y habitante del barrio Santa Fe, que en la madrugada del 29 de mayo requería asistencia médica al encontrarse en un estado de dificultad respiratoria severa, pero a quien le fue negado el servicio discriminatoriamente por personal de la Secretaría de Salud de Bogotá.
A esto se debe agregar que según Temblores ONG en los últimos diez años se han presentado (entendiendo las dinámicas de subregistro que afectan a esta población), por los menos, 1.944 hechos violentos en contra de integrantes de la comunidad LGBT. Sobre esto la Defensoría del Pueblo reconoce que la Fuerza Pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”.
Así, que reproducir esta clase de estigmas contra alguien que fue asesinada, y que, incluso después de este hecho violento no se le reconoce su construcción de género, que además ésta está atravesada por un sinnúmero de violencias propias de una estructura patriarcal y transfóbica, es irresponsable y alimenta la impunidad que hay para las mujeres trans asesinadas, que además, representan a una comunidad a la que por años construirse fuera de las normas de género y entendiendo la disidencia sexual, corporal y de género como una postura y apuesta política, les ha costado la vida.
Hay que mencionar que, por el caso de Juliana Giraldo, Mauricio Noguera, fiscal nombrado para la coordinación de la investigación del caso, le dijo en la noche del jueves al diario El Espe que “independiente de las circunstancias en las que haya ocurrido la muerte de Juliana Giraldo, la investigación se adelantará bajo un enfoque de identidad de género, pues la víctima era una mujer trans y murió en hechos violentos”.
La Policía y su ley del miedo
Tras conocerse ese hecho en las calles de Jamundí la comunidad LGTBI salió a las calles como muestra de rechazo e indignación ante lo ocurrido. Igualmente, al sur de Cali se convocó un plantón al frente del Batallón Pichincha, sede de la tercera Brigada del Ejército, no obstante, como lo denunció la población que allí se encontraba, un Policía habría disparado contra quienes se encontraban en el lugar.
Hay que señalar que en un escenario similar el pasado 9 y 10 de septiembre la Policía asesinó a 14 personas en Bogotá y Soacha, y aun cuando a raíz de esto se ha solicitado con urgencia la reforma a la Policía, ésta sigue haciendo uso de armas de fuego en escenarios de protesta, incluso cuando dos días antes desde la Corte Suprema de Justicia se había solicitado regular y hacer veeduría del actuar de la Policía en estos contextos.
Con todo esto, es necesario exigir justicia para Juliana Giraldo y para todas las mujeres trans que han sido asesinadas, asimismo, para cada una de las personas que han sido asesinadas y afectadas por miembros de la Fuerza Pública, a quienes, al parecer, les cubre el manto de la impunidad y los espaldarazos institucionales.