Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.
Este largo conflicto armado se inició en la región andina, ya sabemos sus raíces: un orden rural de exclusiones y una falta de garantías políticas, temas hasta el presente no resueltos, luego las guerrillas nacientes se fueron para la Orinoquia y la Amazonia, luego al Caribe y por último el conflicto se instaló en el Pacífico.
Las guerrillas han tenido sus raíces en comunidades; allí han tenido vínculos y adhesiones de identidad, son raíces también de parentescos familiares, de vecindad, de profunda desconfianza con el Estado y con los poderes que lo han liderado.
Igualmente, hay otras guerrillas, las que se han impuesto en medio de las comunidades sin mayores vínculos con ellas, y con su presencia y manejo de economías han echado raíces, esas guerrillas se han nutrido de las comunidades pero no nacieron de ellas, como fueron su origen inicial, estas últimas guerrillas que llegaron desde fuera de las comunidades y se arraigaron a ellas con fusil y plata son las que en la última década se han extendido en el Pacífico y de manera especial en el Chocó, luego de la salida de las FARC, del conflicto.
Las comunidades afro, e indígenas que han habitado en el Chocó desde hace siglos y milenios, les ha tocado convivir en las últimas tres décadas con guerrillas y paramilitares que llegaron a imponer sus reglas y sus intereses, con el duro hierro de la violencia, esa ha sido la dura realidad, que llego de ultima al pacífico y como en toda Colombia ha hecho estragos, dejando su huella de sangre y horrores.
Las comunidades afrocolombianas e indígenas, no se han resignado a vivir entre violencias y atropellos, muy por el contrario desde sus consejos comunitarios y cabildos, han liderado una acción social, exigiendo respeto a su autonomía, que es lo primero que arrasan los armados, con la fuerza de sus armas y luego viene la injerencia en la vida de las comunidades, vincular a los jóvenes, ultrajar a las mujeres de mil formas, imponer sus normas y luego vino el minado de los territorios, ya no se puede ir a cultivar y pescar con tranquilidad y vinieron los combates, con sus muertos, no solo de los combatientes, sino de los civiles que quedan en los fuegos cruzados, hace pocas semanas vimos las terribles imágenes de una niña indígena que murió en un cruce de disparos entre fuerzas que contienden, en medio de las comunidades, en esas llevamos tres décadas en el Chocó, y eso no para.
Ante esta tragedia nuevamente el estado ha sido protagonista, no protege a las comunidades, participa de negocios ilícitos, llámese narcotráfico o minería, las comunidades todos los días lo han visto, por décadas, no son respetados ni se cuenta con ellos, llámese Ejército Nacional o Armada Nacional, están en el Chocó, pero no son garantes de nada, solo participan de un orden de negocios y de lucro y las comunidades siguen en manos de los armados.
Como los que sufren no se resignan ante tanto atropello, desde el 2017, las organizaciones sociales y comunitarias del Chocó, han construido una propuesta de Acuerdo Humanitario Ya, que tiene las exigencias elementales, para todos los armados: que respeten a las comunidades, a sus organizaciones, que no vinculen a los jóvenes, que no utilicen minados, que no desplacen, que no confinen, que respeten a las mujeres, todas esta exigencias van para las instituciones estatales, para el ELN, el Clan del Golfo, las principales fuerzas que están en la contienda.
Este acuerdo humanitario es una exigencia que las organizaciones del Chocó, presentaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al ELN, en el marco de la mesa de diálogos y negociaciones que desarrollaron entre 2017-2018, allí se dio la oportunidad de decirles en la cara a gobierno y al ELN, que estaban cansadas y cansados de tanto atropello, que respetaran, ahora sin mesa de diálogos, igualmente mantienen su exigencia de acuerdo humanitario y siguen demandando a todos los contendientes que respeten, que no quieren ninguna guerra, que busquen un camino para poner fin a tanta violencia.
La dura realidad nos dice que a corto plazo no se ve un camino de entendimiento del gobierno del Presidente Iván Duque y el ELN, tampoco se ve en el horizonte un sometimiento del Clan del Golfo, igualmente lejano se ve un comportamiento en el marco de la constitución nacional de las instituciones estatales que deben garantizar la seguridad, y para agravar todo, el duro peso del narcotráfico no tiene una perspectiva de superación de esa fracasada política de mantener esa economía en la ilegalidad, que es uno de los alicientes para muchos de los que hoy se lucran de esos dólares.
Lo que hoy ocurre en el Chocó, y en buena parte del Pacífico, son grandes poderes que tienen interés en ese territorio tan rico y diverso, a quienes esta violencia les interesa y les es funcional a sus apuestas para reconfigurar este territorio para su lucro, siempre tengamos presente que el narcotráfico es el disolvente del tejido comunitario y que una vez desplazadas las comunidades, atropelladas y humilladas, vendrán nuevos poderes económicos y políticos para instalarse, ese es el trasfondo y las comunidades ancestrales lo saben, por eso resisten y levantan su voz, no tienen otra posibilidad porque está en juego su pervivencia social y cultural.
Las comunidades étnicas, las mujeres organizadas en el Chocó, saben que no están solas, hay un mundo de instituciones que las acompañamos, sabemos de la justeza de sus exigencias, aquí pueden consultar la iniciativa de Acuerdo Humanitario Ya.