Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El 09 de septiembre, en Bogotá se cometió una masacre luego que en la capital del país y Soacha se realizaran varias jornadas de manifestación tras el asesinato de Javier Ordoñez cometido por miembros de la Policía un día antes. Las calles de zonas como Villa Luz, en Engativá; La Gaitana, en Suba; El Tintal, en Kennedy y el Verbenal, en Usaquén, fueron el escenario para mostrar la rabia que no solo produjo el asesinato de Javier, sino también de una serie de ataques por parte de la Fuerza Pública en distintas zonas del país y abusos de fuerza que, hasta ese momento, y solo durante el 2020, les había costado la vida a 10 personas.
Lo que vino pasadas las primeras horas del 09 de septiembre fue rememorar la angustia que se había vivido en distintos puntos de la ciudad, esto a través de videos donde la constante eran los abusos por parte de los uniformados; detenciones arbitrarias, abusos físicos, represión, e incluso, uso indiscriminado de armas de fuego, que, además, como se denunció posteriormente, estaban siendo entregadas a civiles para que fueran ellos quienes dispararan contra la gente.
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Este panorama, que parecía una radiografía de los abusos de la Policía contra la sociedad, llevó a varias conclusiones: por un lado, a ratificar cuál es la posición del Gobierno Nacional y los medios para asumir e informar sobre estas arbitrariedades, pues de nuevo el daño a la propiedad pública y privada, y los calificados “actos vandálicos”, fueron los que resaltaron.
No obstante, de nuevo se evidenció el alcance que tiene la denuncia ciudadana, pues fue justo gracias a los videos grabados por quienes habitaban las zonas cercanas a donde se registraron las protestas, que se pudo evidenciar el nivel de arbitrariedad de la Fuerza Pública, pues en estos quedaron registrados cómo eran perseguidas, reprimidas y hostigadas las personas, que no solo estaban manifestándose, sino también las que circulaban cerca a las zonas.
Finalmente, estos abusos llevaron a que durante esa noche y la siguiente, en la cual el panorama fue el mismo – aunque ya se había advertido a la Alcaldía y al Ministerio de Defensa los abusos de la Policía y la necesidad de regular las acciones -, fueran asesinadas 13 personas: Julieth Ramírez (18 años), Andrés Rodríguez (23 años), Jaider Fonseca (17 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Julián González (27 años), Angie Baquero (19 años), Cristhian Hurtado (27 años), Lorwan Mendoza (26 años),,Gabriel Estrada (31 años), María del Carmen Viuvche (40 años), Eidier Jesús Arias (17 años) y Cristian Rodriguez (19 años).
Con esto vale la pena señalar que presuntamente la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por arma de fuego, lo que pone sobre la Policía Nacional responsabilidad en estos homicidios, pues fue advertido reiteradamente desde el 09 de septiembre la utilización de éstas para dispersar a la gente, incluso, como lo analizó Ariel Ávila en su columna ‘La prueba reina: la brutalidad policial y la necesaria renuncia del ministro’:
“(…) la Policía disparó a matar en algunas zonas, usó las armas contra la población civil. En segundo lugar, muestra que la utilización de las armas fue planeada, en, al menos, este caso, es decir, no fue un caso de emergencia, estos dos policías salen de una zona del CAI donde habíamuchos otros policías, alguien los tuvo que autorizar. Lo obvio es pensar que hubo mandos que autorizaron esa utilización de armas. Ese cuento de que fue algo espontáneo se desvirtúa. Lo tercero, es que ellos dispararon contra población civil, ellos podían ver a quienes disparaban, se ve claramente que no estaban disparando a ciegas”.
¿En qué va judicialmente este hecho?
Hay que iniciar diciendo que en el caso de Javier Ordoñez se han venido realizando audiencias desde el pasado 01 de octubre, en las que se han escuchado a los uniformados implicados: Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, además de testigos como el de Wilder Salazar, amigo de Ordoñez, y otros policías que hicieron presencia en el lugar de los hechos. Los expolicías permanecen en la cárcel de Facatativá, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias siéndoles imputados los delitos de homicidio y tortura agravados.
Durante la noche del 9 de septiembre de 2020 y la siguiente, en la cual el panorama fue el mismo – aunque ya se había advertido a la Alcaldía y al Ministerio de Defensa los abusos de la Policía y la necesidad de regular las acciones -, fueran asesinadas 13 personas: Julieth Ramírez (18 años), Andrés Rodríguez (23 años), Jaider Fonseca (17 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Julián González (27 años), Angie Baquero (19 años), Cristhian Hurtado (27 años), Lorwan Mendoza (26 años),,Gabriel Estrada (31 años), María del Carmen Viuvche (40 años), Eidier Jesús Arias (17 años) y Cristian Rodriguez (19 años). Imagen: Pares.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre. Las indagaciones, que se iniciaron en aplicación del poder preferente para asumir los procesos que adelantaban la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, busca identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y/o cuando circulaban por diferentes vías de la capital.
Asimismo, se estableció que serán tenidas en cuenta las quejas recibidas vía correo electrónico y las remitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería Distrital, mientras que la Procuraduría evalúa la información entregada por la Policía Nacional, entre la que figuran los videos de las cámaras de vigilancia; así como el material recaudado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales que por estos hechos también adelanta la justicia ordinaria.
Vale la pena señalar que trasversal a estos hechos ha trascurrido la exigencia de la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha salido públicamente a respaldar a la Policía, y que además el pasado miércoles estuvo ante la Plenaria de la Cámara en un debate de moción de censura por los casos de abuso de la fuerza por parte de policías y militares que se han conocido en los últimos días, así como el posible desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que se le solicitaba, entre otras cosas, pedir perdón por lo cometido por el ESMAD en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019.
Finalmente, ante la poca claridad en el perdón que, dicho por Holmes Trujillo, había pedido, en dicha sesión pidió perdón, como insistía la CSJ, pero también continuó respaldando a la Policía, cerrando la puerta para una posible renuncia, y, además, deslegitimando todas las exigencias de justicia por el caso de Dilan Cruz, pues el ministro indicó que “Medicinal Legal se equivocó en el caso de Dilan Cruz”, argumentando que no podía calificarse como asesinato el actuar del uniformado, y, adicionalmente aseveró que al ESMAD “hay que cuidarlo, defenderlo y fortalecerlo”.
Por su parte, la votación sobre las respuestas de Carlos Holmes Trujillo en la moción de censura esta programada en la Cámara de Representantes para el próximo martes, 13 de octubre, a las 12 pm., en la cual se evaluará sí fue claro, efectivo y responsable lo dicho por Carlos Holmes Trujillo. Hay que señalar que, aunque Roy Barreas y Jorge Enrique Robledo habían solicitado un cambio de fecha, esta solicitud fue rechaza por Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes.
La urgencia de la reforma a la Policía
Otros de los debates que puso sobre la mesa lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue la necesidad de una reforma profunda y estructural a la Policía, pues sus actos de violencia y arbitrariedades han ido dejando varias víctimas en lo corrido del año; donde además de los asesinatos también se han reportado abusos físicos, detenciones irregulares, e incluso abusos sexuales, como el denunciado en el marco de las protestas realizadas en septiembre contra tres mujeres en el CAI San Diego, o el más reciente que habrían cometidos policías del CAI Antonio José de Sucre contra una menor.
Sobre esta exigencia estuvo hablando Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la línea de investigación en Democracia de Pares en una Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, en donde se reconocieron problemas estructurales, haciendo el llamado a la reforma de la Policía, entendiendo esta institución tienen en sus funciones garantizar el control del orden público, pero que, en su trabajo, según encuestas, cuenta con, por lo menos, el 56% de desaprobación.
Otros de los debates que puso sobre la mesa lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue la necesidad de una reforma profunda y estructural a la Policía, pues sus actos de violencia y arbitrariedades han ido dejando varias víctimas en lo corrido del año; donde además de los asesinatos también se han reportado abusos físicos, detenciones irregulares, e incluso abusos sexuales, como el denunciado en el marco de las protestas realizadas en septiembre contra tres mujeres en el CAI San Diego, o el más reciente que habrían cometidos policías del CAI Antonio José de Sucre contra una menor. Imagen: Pares.
https://www.youtube.com/watch?v=5tS2XxILkH8
Participación de Daniela Gómez Rivas en la Cámara de Representantes.
Así, desde Pares y la Línea de Democracia y Gobernabilidad las propuestas para dicha reforma, expuestas por Gómez Rivas son:
· Darles atribuciones adicionales a los ciudadanos para asegurar la investigación y sanción sobre denuncias elevadas ante órganos judiciales y de control.
· Debería incluirse un artículo que asegure la financiación del consejero, si no podría cae en desuso.
· Se debería propender por la descentralización de la consejería, creando consejos a nivel departamental y distrital.
· Se debe regular el que sería el nuevo sistema de evaluación, brindando competencias a los alcaldes para evaluar, al menos una vez por año, a los policías de vigilancia y antidisturbios, e incluyendo en la evaluación cifras de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, con esto debe excluirse la idea que se les evalúe por número de denuncias, puesto que esto podría aumentar el subregistro de casos.
· Debe modificarse el Código de Policía para reducir la discrecionalidad de la labor policial.
· Es necesario tener un revolcón el la Policía que brinde garantías de no repetición a las víctimas y que se avance con los procesos que ya lleva la justicia.