Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Fotografía: Cortesía CRIC.
En el pasado mes de abril, el DANE informó sobre cuáles son las condiciones de vivienda de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia. De este total, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna; es decir, de las 14.060.645 viviendas que hay en el país, 1.378.829 están construidas con tejas, plásticos o madera y/o presentan situaciones de hacinamiento, a esto se suma que 3.765.616 son casas donde no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades. Adicionalmente, según este informe, 19.000 familias viven en cambuches, carpas o debajo de puentes.
Esta realidad, aunque crítica, parece no haber sido atendida de manera eficaz y eficiente por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales y las entidades encargadas, pues sigue siendo una constante ver conflictos y gente exigiendo que se les cumpla con su derecho a la vivienda digna.
Esta negligencia ha llevado a que se continúe la violación de derechos humanos, incluso cuando se está exigiendo por un derecho que ha venido siendo desatendido por años, y que ahora en medio de una pandemia, se ha acentuado y hecho más visible la problemática de acceso a vivienda que cumpla con condiciones adecuadas de habitabilidad.
Esto se ha venido evidenciado de forma crítica durante la cuarentena, que en sus primeros días tuvo una de sus consecuencias en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad de Bolívar en Bogotá, en donde durante varios días desde el 02 de mayo se realizaron desalojos avalados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Personería Local, Secretaría de Seguridad, el IDIGER, la Secretaría de Hábitat e Integración Social, en los cuales el ESMAD y las entidades anteriormente nombradas más allá de promover un diálogo o la búsqueda de soluciones para la comunidad, terminaron agudizando las problemáticas existentes en dicha zona, aumentando el miedo, la zozobra y poniendo a la gente a enfrenta la destrucción de lo que tenían construido, además de las agresiones físicas que resaltan en cada intervención del Escuadrón.
En Colombia, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna; es decir, de las 14.060.645 viviendas que hay en el país, 1.378.829 están construidas con tejas, plásticos o madera y/o presentan situaciones de hacinamiento, a esto se suma que 3.765.616 son casas donde no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades. Imagen: Pares.
Una cronología del abuso
Luego de este hecho que estuvo atravesado por la presencia por varios días del ESMAD, se conoció que en La Viga, Pance, Cali, personas que también estaban habitando en un terreno cercano al Río Pance, al no tener dónde más ubicarse, ante la crisis económica agravada con la pandemia, también habían sido desalojadas por medio de la Fuerza Pública, quienes destruyeron las viviendas y los cultivos que la comunidad trabajaba en esta zona. Adicional, en su momento se denunció que había una negación de escuchar a la comunidad y establecer conjuntamente soluciones. Hay que señalar que en este punto vivían más de 20 familias.
Días después, el 23 de junio, se reportó que en Ciudadela Sucre en Soacha había alrededor de 800 personas que se habían instalado en un lote donde ubicaron algunas carpas, ante la imposibilidad de solventar gastos de arriendo, dado el escenario económico crítico acentuado con la pandemia, pero también siendo un resultado de los problemas estructurales que hay para poder tener acceso a una vivienda digna.
En este sentido una de las peticiones que se hacía era la presencia del dueño o dueña del lote para poder mediar con la intención de un acuerdo económico y de construcción. Lo anterior teniendo en cuenta el problema desde hace por lo menos 40 años con los llamados tierreros, quienes venden terrenos de forma ilegal generando urbanizaciones informales, que como una de sus consecuencias tiene, precisamente, los desalojos que se dan institucionalmente e incluso a través de la violencia, creando una doble afectación a quienes han encontrado en los asentamientos ilegales una solución para las pocas garantías de vivienda.
En medio de los hechos ocurridos en Soacha fue asesinado Duván Aldana, un joven de 15 años que, en los enfrentamientos que generó el ESMAD, recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego que minutos más tarde le causó la muerte.
Esta situación de nuevo puso sobre la mesa la responsabilidad de la Fuerza Pública con la gente, pues de nuevo eran noticia por actos que atentaban contra los derechos humanos de quienes debían en su servicio proteger. Hoy esta situación se repite, esta vez en Leticia, Amazonas.
No hay respuestas para la comunidad, pero sí ESMAD
Desde la mañana de este 28 de octubre comenzó a conocerse que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Leticia, Migración Colombia, ICBF, la Alcaldía de Leticia y la Defensa Civil, habían llegado al Coliseo Municipal, punto desde donde coordinarían un desalojo en el barrio Iane.
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, se informó que entre las familias que están siendo desalojadas hay seis (6) con personas en condición de discapacidad, 30 desplazadas, seis (6) mujeres en gestación y 15 mujeres en situación de riesgo, causa por las que la varias de las personas que hicieron un cordón humano desde que se conoció sobre el desalojo, se enfrentaron al ESMAD reclamándoles que respetaran a quienes están en esta zona. Imagen: Pares.
Desde temprano, alrededor de 150 agentes del ESMAD llegaron a la zona donde se ubicaban cerca de 625 familias pertenecientes a 12 pueblos indígenas en Leticia, Amazonas, según lo informado por la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–. Allí aunque se insistió en un diálogo con el presidente Iván Duque y a pesar que se advirtió que en la zona habían niños/as, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad, el Escuadrón, que viajó desde Bogotá hasta Leticia, comenzó a lanzar gases en el punto, generando miedo en quienes allí estaban, además de la afectación física.
Hay que señalar que en medio de una rueda de prensa el alcalde municipal de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, afirmó que la comunidad está allí desde el mes de septiembre, mientras que en Contagio Radio se citó que William Capiul, autoridad tradicional del Pueblo Yucuna, había sostenido “que ese territorio pertenece a las comunidades ancestrales quienes lo han ocupado de manera milenaria y que fueron instituciones estatales las que arrebataron dichas tierras a los/as indígenas”.
Asimismo, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, se informó que entre las familias que están siendo desalojadas hay seis (6) con personas en condición de discapacidad, 30 desplazadas, seis ( 6) mujeres en gestación y 15 mujeres en situación de riesgo, causa por las que la varias de las personas que hicieron un cordón humano desde que se conoció sobre el desalojo, se enfrentaron al ESMAD reclamándoles que respetaran a quienes están en esta zona.
Pero, incluso a pesar de esos intentos de diálogo con el Escuadrón, los gases lacrimógenos no sé hicieron esperar, lo que terminó afectando gravemente a la comunidad, causando, como lo comunicó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC- la muerte de una mujer adulta mayor y un bebé en medio del operativo, además, cerca de 20 personas quedaron heridas de gravedad. Hay que señalar que la ONIC y el CRIC, han informado sobre tres personas que perdieron la vida, no obstante esta información está a la espera de confirmación.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda no se ha reportado ninguna comunicación, mientras que el alcalde Jorge Luis Mendoza Muñoz en rueda de prensa salió a defender el desalojo, diciendo que se habían hecho acciones anteriormente y que estaba en el deber de “restituirle el derecho al propietario, es decir, a la Alcaldía de Leticia y a la Sociedad de Activos Especiales.
Aunque Mendoza señaló que mañana se harían anuncios sobre viviendas de interés social, no se manifestó también sobre reestablecer los derechos a las personas que fueron vulneradas durante el operativo y que han sido ignoradas en su exigencia por la vivienda digna por años.
Hoy, y con todo lo que le ha costado a la gente el discurso de protección a la propiedad privada, vale la pena cuestionarse, ¿de qué lado están las autoridades nacionales y locales?, pues lo sucedido hoy es una radiografía de lo que está pasando en el país, que además recuerda que en Bogotá continúa un grupo de personas al frente del Ministerio de Vivienda pidiendo lo mismo que la comunidad de Leticia, que las personas en Ciudad Bolívar, Soacha, Pance y seguramente en cada departamento del país.