Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Este miércoles, un grupo de organizaciones internacionales hicieron pública una declaración en la que hacen un llamado a las autoridades colombianas para que tomen medidas efectivas y oportunas para proteger la vida y la integridad personal de cada uno(a) de los firmantes de paz, sus comunidades y familias que conduzcan a garantías reales y sostenibles de seguridad, reconociendo la gravedad de la situación que enfrentan así como realizar una investigación pronta, oportuna, eficiente, independiente para que se esclarezcan los hechos y que lleve a la identificación y al debido proceso de los autores materiales e intelectuales.
El hecho que desencadenó esta declaración ocurrió en la mañana del pasado 16 de octubre, cuando se conoció que en zona rural de Uribe (Meta) había sido asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, quien lideraba la reincorporación los exguerrilleros de las Farc en el departamento del Meta y era parte del Consejo Territorial de Paz de la zona, además, en el sitio donde ocurrieron los hechos también fue asesinado uno de sus escoltas, Jeferson Mandela, quien era exguerrillero y estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
«El Estado colombiano y en particular el Gobierno nacional tienen, por mandato de la Constitución y de las leyes, y de conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos, la obligación de proteger a todos los ciudadanos en su vida e integridad personal, y de manera particular a quienes han suscrito acuerdos de paz.» Imagen: Pares.
Muestra de este incesante panorama es que luego del asesinato de Albeiro y Jeferson han sido asesinado dos firmantes más: Marcial Macías Alvarado en Balboa (Cauca) y Libardo Becerra en San Vicente del Caguán (Caquetá), con quienes la cifra que se pide no siga en aumento siguió subiendo a 236 firmantes asesinados desde 2016 y más de 50 en lo que va del 2020.
Es urgente hacer mención a que, por ejemplo, en el caso de Jesús Monroy Ayala, se venía solicitando mayor acompañamiento, pues hacía dos meses él había denunciado ante la JEP amenazas de grupos neoparamilitares que aparecieron en esa región del Meta. Sin embargo, ante una notoria falta de políticas de protección su trabajo por la paz del territorio le costó la vida días después de haber hecho la alerta.
A esto se suma que hace poco desde la ONU se advirtió que habían sido aprobadas por parte de la Unidad Nacional de Protección 94 medidas urgentes de protección para excombatiente, sin embargo, siguiendo el seguimiento que ha venido realizando la organización, 19 excombatientes han sido asesinados en los últimos cuatro años mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección. Por lo que resaltan la importancia de que la Unidad cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes.
Tras este preocupante contexto la regional del Meta del Partido Farc decidió realizar una movilización desde Vistahermosa, Meta hacia Bogotá desde el pasado 21 de octubre, con el fin de insistir en la protección de las personas que se acogieron al Proceso de Paz, así como para exigir justicia por los sistemáticos asesinatos cometidos contra personas en proceso de reincorporación.
Dicha peregrinación ya está en Villavicencio y a la iniciativa se han sumado organizaciones y firmantes desde otras zonas del país, tal es el caso de los excombatientes de las Farc en Norte de Santander y las delegaciones desde Cúcuta, Tibú, San Calixto y otros municipios del Catatumbo, que anunciaron también llegarán a Bogotá, al igual que encargados que vendrán desde otros puntos del país como Huila, Caquetá y Putumayo.
Sobre estas acciones, otras organizaciones han decidido expresar su apoyo y además su preocupación por lo que está ocurriendo con las personas en proceso de reincorporación, muestra de esto es que recientemente varias ONGs internacionales han insistido por la urgencia de la implementación del Acuerdo.
Un llamado al Gobierno desde ONGs internacionales
Organizaciones como Diakonia, la Federación Luterana Mundial, Forum Syd, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), We Effect y Act IS hicieron una declaración respaldada por el Espacio de Cooperación para la Paz, en el que como ejecutoras del “Proyecto Aremos Paz”, que busca contribuir a la implementación varios puntos del Acuerdo de Paz, hicieron un llamado al Gobierno Nacional ante los hechos de violencia cometidos contra los/as firmantes de paz.
Mencionan frente a lo ocurrido el pasado 16 de octubre que: “El asesinato de Juan de Jesús y John Alexander es un ataque directo a la paz que hemos buscado durante décadas. Este crimen pretende hacer regresar al país a la brutalidad de la confrontación armada, al tiempo que expresa un profundo odio e intolerancia para acoger a quienes optaron por dejar las armas y dejar atrás la lucha armada. Juan de Jesús no solo fue un líder comprometido con el proyecto Aremos Paz, sino también con varias otras iniciativas de construcción de paz apoyadas por la cooperación internacional”.
«Es nuestra esperanza que un crimen como este no se repita más en la geografía nacional, no podemos permitir que el miedo se reinstale en las comunidades rurales que le están apostando a la Paz.» Imagen: Pares.
A esto agregan que también hay una necesidad de protección a las comunidades con las que vienen trabajando las personas en proceso de reincorporación, así como de sus familiares, pues hay que mencionar que el hostigamiento, persecución y amenaza también han sido dirigidos sistemáticamente hacia estas personas, donde vale la pena recordar que solo en los últimos meses han sido asesinados Camilo Sucerquia, hijo de la excombatiente Nidia Sucerquia, en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia y Jhon Carlos Montaño, hijo del firmante José Montaño, en Algeciras, Huila.
Así, además reclamar que se detenga el genocidio contra quienes le han apostado a la paz, también se concluye solicitando que “ las autoridades colombianas dentro del marco de sus funciones tomar medidas efectivas y oportunas para proteger la vida y la integridad personal de cada uno(a) de los firmantes de paz, sus comunidades y familias que conduzcan a garantías reales y sostenibles de seguridad, reconociendo la gravedad de la situación que enfrentan así como realizar una investigación pronta, oportuna, eficiente, independiente para que se esclarezcan los hechos y que lleve a la identificación y al debido proceso de los autores materiales e intelectuales”.
En estos momentos una peregrinación por la vida recorre las calles del país con un mensaje claro a la sociedad civil y al Gobierno Nacional para que protejan la vida de cada firmarte de paz.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»