Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Las Juntas de Acción Comunal –JAC-, así como los procesos sociales y de movilización que están estrechamente relacionados con las JAC se han venido configurando como unos de los agentes más importantes en los territorios para la defensa de los intereses de la comunidades en cuanto a lo social, político, económico, cultural, etc.
Es por esto, como se expone desde Somos Defensores que “se han tenido que enfrentar a disputas territoriales y por recursos en las que participan no solo actores armados, sino de forma determinante, actores económicos, políticos e institucionales, estableciendo prácticas clientelistas que desdibujan el papel de las JAC y a la vez, exponen a sus miembros a riesgos ligados a la confrontación por el poder político, económico y burocrático”.
Esto se puede entender desde lo que está sucediendo en el departamento del Huila en lo que va del 2020, donde de los 11 líderes/as asesinados/as en lo que va del año. Siete (07) son líderes/as comunales, donde, incluso, pocos días pasaron luego de iniciado el 2020 para que los registros de estos hechos victimizantes comenzaran a conocerse.
Mireya Hernández Guevara fue la primera víctima en este año de la persecución y violencia a quienes han enfocado su labor en el trabajo comunal. Mireya fue tesorera de la Junta de Acción Comunal en el barrio 20 de Julio, en el municipio de Algeciras, Huila. En ese mismo sector ella fue atacada el 09 de enero por sicarios, quienes le propinaron varios impactos de bala, los cuales durante el trayecto al hospital, le ocasionaron la muerte.
Dos días después, el 11 de enero, también en Algeciras, fue asesinado John Freddy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos, Astracal y militante del movimiento Marcha Patriótica. Álvarez fue interceptado en su vivienda ubicada en el barrio Juan XXIII, donde le propinaron varios disparos mientras él se encontraba con su familia.
Por su parte en Campoalegre, Huila, el 02 de marzo se reportó el asesinato de Julio Gutiérrez Avilés, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero, adicional era miembro y fundador de la Asociación de Trabajadores del Campo. Sobre este hecho en medios se informó que:
“Julio estaba en Campoalegre buscando al secretario de Planeación del Municipio para socializar unos trabajos con la comunidad donde estaban abriendo una vía en la vereda, sobre el medio día subió a la vereda y cuando caminaba para la finca cerca de una quebrada lo mataron».
En mayo, de nuevo Algeciras fue el epicentro de hechos de violencia, pues durante el 25 y 27 fueron cometidos otros dos asesinatos, se trató de los cometidos contra Saúl Rojas y Carlos Monroy.
Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito de Algeciras, donde estuvo haciendo trabajo comunitario durante casi 12 años, también fue asesinado por impactos de arma de fuego, al igual que los hechos mencionados, y también como ocurrió con Carlos Monroy, quien era presidente de la Asociación de padres de Familia de la Institución Educativa Juan XXIII.
Poco más de un mes después, el 05 de julio, de nuevo en Algeciras, la víctima mortal fue Gentil Pasos Lizcano, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente. En esa misma zona, Pasos Lizcano recibió tres disparos por parte de sicarios, quienes causaron su muerte en el lugar de los hechos. Y, luego de este caso, a principios de agosto, un nuevo hecho fue informado, el cual ocurrió en Pitalito, municipio donde fue asesinado Álvaro Menza y su hija, Yeraldin Peña, de 28 años.
Menza, de 51 años, ejerció como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Laguna, donde vivía y fue interceptado por los sicarios. Por este hecho El Tiempo tomó uno de los testimonios de los habitantes de la zona, quienes afirmaron para el medio que: «Perdimos a un líder, a un defensor del desarrollo comunitario pues Menza siempre trabajó por el bien de todos».
Violencia y miedo contra los liderazgos comunales
En este año en total han sido perdidas siete vidas de personas que entendían el trabajo comunitario como una forma de buscar el bien común. Siete vidas que significaban en cada una de las zonas donde trabajaban esperanzas y formas de resistencia ante la violencia que no da tregua en Colombia, y, además, siete personas que dejaron familias, proyectos, organizaciones, y que sus asesinatos siguieron afectando el tejido social en un departamento como el Huila.
Es importante señalar que todos los hechos fueron provocados por sicarios quienes con armas de fuego atacaron a la víctimas de estos casos, en donde hasta la fecha públicamente no se han informado avances sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de cada uno de los asesinatos, pues hay que partir diciendo que este tipo de liderazgos se ven enfrentados a muchos contextos, lo cual genera que las motivaciones puedan ser variadas respecto a los intereses que cada uno/a de los/as líderes/as defienden.
Asimismo, llama la atención que de los siete (7) líderes comunales asesinados/as 05 se concentran en el municipio de Algeciras, donde incluso luego del asesinato de Gentil Pasos Lizcano se produjo el desplazamiento de siete familias -42 personas-, pues las amenazas de muerte llegaron luego del hecho de manera generalizada a los pobladores de la vereda El Puente, ya que en la tienda donde ocurrió el homicidio del líder fue dejado un panfleto firmado por la columna móvil Teófilo Forero, donde amenazaban a varias familias, entre ellas a la de Pasos Lizcano.
Pues bien, en este punto del Huila desde 2018 se advirtió a través de la alerta temprana 063 de 2018 sobre el resurgimiento de organizaciones armadas ilegales dentro del municipio, advertencia que este año ha mostrado sus bases, pues en lo corrido de lo que va del 2020 en este punto es donde se han concentrado masacres, atentados, desplazamientos y asesinatos a personas en proceso de reincorporación, además de los ya nombrados crímenes contra líderes/as sociales.
Algeciras, que colinda con el departamento del Caquetá, cuenta con una población de 24.708 personas (cifra ofrecida por el DANE en 2019) y su producción agropecuaria a gran escala se centra en los cultivos de café, caña, panela, cacao, hortalizas, frutales y, en menor medida, el arroz. En esta misma zona, donde operó la columna móvil Teófilo Forero de las FARC – EP, se ha alertado sobre la disputa que hay por el control del territorio por parte de dos disidencias de las FARC, entre ellas la denominada Segunda Marquetalia.
Líderes/as comunales: un foco de amenaza
Somos Defensores en los últimos años ha identificado seis de los principales factores que han concentrado los hechos victimizantes en quienes ejercen liderazgo comunal en los territorios, estos son:
“1. La Disputa territorial entre múltiples actores armados, reorganización y continuidad del paramilitarismo. 2. La guerra por el control de cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y el control de las rentas derivadas de economías legales e ilegales 3. La dinámica extractivista y la presencia de grandes proyectos empresariales 4. Las negociaciones de Paz y posterior implementación del Acuerdo entre el gobierno y las FARC, especialmente en el tema de cultivos de uso ilícito. 5. La Política de Seguridad y la Militarización de los territorios. 6. La persistencia del histórico conflicto por el uso y tenencia de la tierra y la política de restitución de tierras. Todos estos factores en conjunto, han afectado con mayor rigor a los dignatarios y dignatarias comunales por su condición local y su relación inmediata con las comunidades y con los actores armados, en los últimos 8 años”.
En este contexto vale la pena señalar que entre 2017 y 2018 el aumento de casos de asesinatos sistemáticos de líderes comunales fue de más del 50%, registrándose 49 hechos en 2018; 43 hombres y 6 mujeres, mientras que en 2017 el total de casos fue de 27.
Este dato alerta, pues el 2018 fue un año de elecciones, factor, que como lo argumenta Somos Defensores, “aumenta los hechos de violencia contra los líderes y lideresas sociales, y especialmente contra líderes (as) comunales, pues estos hechos tienen como bases el freno a cualquier ampliación de la democracia, el bloqueo a los liderazgos locales y regionales y la proliferación de grupos armados en disputa por el control territorial y de las economías legales e ilegales. (…)Estamos entonces, ante una estrategia anticipada de los poderosos para evitar que se reconfigure el poder local y regional, para mantener las estructuras de guerra, control y violencia”.
Así, aunque las motivaciones de persecución a las y los líderes comunales son amplias y responden a problemas y disputas estructurales, sí hay un factor importante de comenzar a poner sobre la mesa, pues mientras el ejercicio político se mueva por intereses de elites y clanes que se han atornillado en los cargos de gobiernos locales, departamentales y nacional, estos tipos de hechos van a seguir siendo una amenaza latente para quienes propenden por una apertura de la participación política y por hacer veeduría de lo que ocurre dentro de las instituciones en los territorios.
Con esto urge poner los ojos y dar todas las garantías de protección a quienes ejercen estos tipos de liderazgos, pues de nuevo se está ad portas de épocas electorales y con el panorama actual es necesario fortalecer cada tipo de veeduría comunitaria, así como priorizar que en los territorios se pueda exigir cambios en el ejercicio político.
Por otra parte, se hace urgente que avancen las investigaciones de cada uno de los líderes y lideresas comunitarios que han sido asesinados/as, pues establecer quiénes son los responsables de esta sistematicidad de violencia es prioridad para poder frenar cada una de las victimizaciones a las que se ven expuestas estas personas.