Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En nuestro país el aumento de la violencia y el deterioro de la seguridad son una realidad que constantemente se ve reflejada en los hechos violentos que son informados día a día.
Este fin de semana el panorama no fue distinto, por el contario fue el retrato de la tragedia que se vive en Colombia, contexto que se ha visto afectado por la falta de políticas de seguridad y la aparente incapacidad por parte del Gobierno Nacional y sus instituciones para llegar a la raíz de esta problemática, en la que la impunidad y la falta de investigaciones rigurosas ha sido lo que ha resaltado.
Viernes, 13 de noviembre
Iniciando el fin de semana desde la Asociación Campesina para el Alto Sinú – ASODECAS- se denunció una masacre cometida en Lorenzo Abajo, zona rural de Tierralta, Córdoba. En este hecho fueron asesinados/as los/as integrantes de una familia que habitaba esa vereda del municipio: Onilda María Díaz Urango (65 años), Tomás Correa (54 años) y Luisa Fernanda Correa (24 años), esta última, hija de la pareja. Los cuerpos de la madre y el padre fueron encontrados a tres kilómetros de donde se encontró el de la hija.
Desde la Asociación se informó que la familia hacía parte de ASODECAS, que a su vez hace parte del movimiento político Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Adicionalmente Onilda María Díaz Urango era beneficiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-.
Desde ASODECAS se exigió que “el Estado colombiano y todas sus instituciones, así como los países garantes del Acuerdo de Paz, protejan la vida de las campesinas y campesinos y en especial a quienes en la erradicación concertada y el Proceso de Paz”.
Vale la pena mencionar que con este hecho ya son, al menos cuatro las masacres ocurridas en el departamento de Córdoba en lo que va del 2020. Hay que señalar que hacia el sur de este departamento se libra una disputa entre Los Caparros y el Clan del Golfo, quienes dominan el territorio, el cual es clave para las rutas del narcotráfico.
Las dos primeras en el 2020 fueron cometidas en menos de 48 horas; en la madrugada del 27 de julio, en San José de Uré, más exactamente en la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, sujetos armados asesinaron a tres miembros de una misma familia: Elizabeth Melendres (64 años), Vitaliano Feria Morales (66 años) y Édison Melendres López (36 años).
Horas más tarde, en el corregimiento Puerto Colombia del mismo municipio fueron asesinados John Jairo Velarde Andica, de 46 años, y los menores de edad Yorvis Yesid Velarde Vergara, de 15 años, y Luis Mario Payares Cali, de 16.
Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de 279 campesinos y campesinas (67 familias), entre estos 31 niños menores de cinco años y 108 entre los 6 y 17 años, que tuvieron que salir de la vereda La Cabaña hacia el casco urbano de San José de Uré, donde permanecieron varios días después de lo ocurrido, aglomerados en el coliseo del municipio, ante el miedo y amenaza que significaba retornar a sus territorios.
Adicionalmente, también en San José de Uré, el 22 de septiembre fue cometida una masacre contra cuatro personas, entre las que estaban Eduardo Olea, campesino de la zona y Santos Baltazar, miembro de la guardia indígena del pueblo Zenú. En su momento la senadora Victoria Sandino informó:
Sábado, 14 de noviembre
“Anoche, en Quibdó, Chocó, fue asesinado, con impactos de arma de fuego, Heiner Cuesta, firmante de paz. Con Heiner son 239 compañerxs asesinadxs, hacemos un llamado a la comunidad internacional. Nos solidarizamos con su familia y compañerxs. ¡Que la paz no nos cueste la vida!”, se leía en horas de la tarde del 15 de noviembre en el Twitter del Partido Farc.
Heiner Cuesta Mena, conocido como Yilson Menas, fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Neguá, Chocó. Él, como lo informó el periodista de Unicauca Estéreo, José Marulanda, había sido “acreditado mediante Resolución 77 del 11 de abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP-. También hizo parte del colectivo del ETCR de Vidrí, Vigía del Fuerte, Antioquia (ETCR Héroes de Murrí) que de manera unilateral el gobierno mediante decreto acabó”.
Por otra parte, en el Cañón del Micay, la misma zona donde hace algunas semanas se realizó una caravana humanitaria ante la ola violencia que se concentra en el Cauca, fueron asesinados Rigoberto Camilo Caicedo (59 años) y Helena Johana Yale (39 años) entre los límites de los municipios de Argelia y El Tambo. Los hechos se habrían producido luego de una incursión armada en la vereda Recogedero de San Juan del Micay.
“Es una situación muy complicada porque no sabemos qué hacer. Hemos hablado con el Gobierno, hemos hablado con el Ejército. En esa zona hay dos pelotones del Ejército, tanto por El Tambo como por Argelia, entonces no sabemos qué más hacer”, expresó Carlos Alberto Vela, alcalde del municipio de El Tambo.
Domingo, 15 de noviembre
Luego de la exigencia constante para que el Gobierno proteja la vida de cada una de las personas que se acogieron al Acuerdo de Paz, exigencia que convocó a varios firmantes en una Caravana por la Vida y por la Paz que llegó hasta Bogotá como muestra clara de voluntad y compromiso para cumplir lo acordado en la Habana, este fin de semana el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo llegó a 241; 241 personas con proyectos, sueños, familias, compañeros/as; 241 vidas que duelen y que siguen demostrando que es urgente respeta y cumplir el Acuerdo de Paz.
El domingo, como lo denunció el Partido Farc, fue asesinado Jorge Riaños en Florencia, Caquetá mientras se encontraba en un establo ubicado en la vereda Santander, donde cuatro sujetos armados le propinaron tres disparos que le causaron la muerte. Ese mismo día, pero en la vereda Galilea del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, fue asesinado Enod López y su compañera Nerie Peña Rosas, concejal del municipio.
En este hecho que se registró en la vivienda del firmante y la concejal, además, Jeymy Cristina Sánchez Penna, de 28 años, y Carlos Andrés Jiménez Penna, de 23 años, hija e hijo de las víctimas resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital José María Hernández en Mocoa.
Hay que señalar que Penna, además de ser concejal del municipio por el partido Conservador, también había sido presidenta de la junta de acción comunal de la inspección de Galilea, y había hecho parte del Concejo Municipal Planeación Participativa CMPP PNIS. Por otro lado, Francisco Gelvez Alemán, comandante de la policía en el Putumayo, que el hecho podría haber sido perpetrado por el frente Carolina Ramírez, disidencias del frente 1 de las Farc.
El Partido Farc se refirió a los tres hechos ocurridos este fin de semana a través de un comunicado, en el que expresaron que:
“Al estado crítico y precario al que ha llevado el gobierno del presidente Iván Duque la implementación de lo pactado en La Habana, se le agrega su demostrada incapacidad de garantizar la vida de quienes -de buena fe y confiando en el cumplimiento del Estado colombiano- firmamos el Acuerdo de paz. Los hechos indican que si no se toman medidas urgentes y ejecutan acciones inmediatas para enfrentar de manera decidida la persistencia de la violencia política, se estará frente al opacamiento definitivo de la esperanza transformadora que generó la firma del Acuerdo de paz hace cuatro años. Y en ello, le cabe una responsabilidad mayúscula al Gobierno Nacional.
Nuestro grito desde la Colombia herida y sangrante es por la vida. Basta ya de promesas, de anuncios de compromisos, de proliferación de cifras con las que se pretende mostrar una ficción. La realidad honda y lironda evidencia que en manos de este gobierno se asiste a una intensificación de la violencia, especialmente en los territorios de la Colombia profunda. Esa realidad muestra de manera incontrovertible la ineficacia de la acción gubernamental para enfrentar la violencia y el fracaso de su política de seguridad”.
Asimismo, siendo cerca de las 8 de la noche, en la vereda Palmar, de San Agustín, Huila, Joselino Irua Delgado de 14 años y Emerson Alejandro Dussan de 17 años, murieron en un centro de asistencia médica, luego que fueran trasladados allí tras recibir impactos de arma de fuego presuntamente disparados por un militar que se encontraban en un retén ubicado en la zona.
El Tiempo informó que: “De acuerdo con la fuente, los jóvenes, que se desplazaban en una moto, no atendieron el llamado de pare de los uniformados que estaban en el retén y uno de ellos abrió fuego. Al parecer, sin recibir la orden directa de su superior”.
Por su parte, desde el Ejército Nacional se indicó que el soldado implicado fue retirado de su puesto y funciones, y fue puesto en disposición de las autoridades judiciales, sin embargo, llama la atención que el comunicado de la Institución inicia nombrando que la comunidad se encontraba reunida en la vereda y que al llegar miembros de la Policía y el Ejército salieron de la zona, señalando que los jóvenes eludiendo las autoridades partieron en la moto, como si ese acto argumentara el actuar de los militares, a quienes durante este año una y otra vez se les ha implicado con graves hechos de violación a los Derechos Humanos, incluso, como en este caso, contra menores de edad.
Sin dejar de nombrar que este hecho trae a la memoria lo ocurrido hace algunos meses con Juliana Giraldo Díaz, quien fue asesinada el 24 de septiembre en Miranda, Cauca por un militar mientras ella iba movilizándose en un vehículo junto a su compañero.
Por otra parte, el fin de semana circuló un panfleto firmado por las llamadas Águilas Negras, en el que se amenaza a los congresistas Aída Avella e Iván Cepeda, a miembros del Partido Farc, a funcionarios de la Secretaría de Hábitat de Bogotá, así como a líderes del Refugio Humanitario en Ciudad Bolívar, el cual se instaló hace algunos meses con el fin de insistir al Gobierno Nacional que brinde las garantías básicas de vida digna a quienes la pandemia les ha traído mayores afectaciones.
A todo esto se suma la catastrófica situación que se vive en zonas como San Andrés, Providencia, Dabeiba, Chocó, Cartagena, y otros lugares del país, en donde tanto los efectos del Huracán Iota, así como la temporada de lluvias, como la ausencia de planes de contingencia por parte del Gobierno Nacional han tenido como consecuencia una crisis natural y social, en la que han resultado durante este fin de semana, al menos, cuatro personas muertas, 16 desaparecidas y diversas pérdidas materiales y sociales.
Todo esto pone sobre la mesa una crisis estructural, social, económica, política y de seguridad, que con cada una de las consecuencias que ha traído hace urgente que haya acciones contundentes, pues con estos diversos hechos se hace evidente que las violencias y el abandono estatal no cesan, y que se ensañan contra las poblaciones que por años han sido vulneradas.