Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Ya son 76 las masacres cometidas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido asesinadas 303 personas, siguiendo la información de Indepaz. En noviembre han ocurrido 06 de estos casos, reportándose un incremento respecto a octubre, mes en el que fueron 05 las masacres cometidas, mes que además venía precedido por uno de los periodos más violentos, donde el incremento de masacres fue crítico pues se pasó de 06 masacres en julio a 11 en agosto y 16 en septiembre.
En este sentido los departamentos más golpeados por esta ola de violencia y este tipo de hechos han sido Antioquia y Cauca, donde han sido cometidas 18 y 12 masacrares, respectivamente. De hecho, justo en estas dos zonas este fin de semana fueron cometidas otras dos masacres, lo que pone sobre la mesa la urgencia que hay para que se creen políticas de seguridad que realmente protejan a la población y los territorios.
Por otra parte, en el departamento donde más masacres han ocurrido en el 2020: Antioquia, este fin de semana también se denunció que en la madrugada del domingo hasta el municipio de Betania llegaron cerca de 10 hombres armados que atacaron a cerca de 14 personas que se encontraban en una finca conocida como La Gabriela, ubicada en la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano del municipio. Imagen: Pares.
En el Cauca los hechos ocurrieron en la noche del sábado en el municipio de Argelia, en el sector conocido como El Mango, donde se reportó el asesinato de cinco personas, entre ellas el líder comunal Libio Chilito, quien ejercía como fiscal de JAC, que además en este tiempo adelantaba actividades de recolecta de fondos para entregar regalos de navidad a los niños y niñas de la comunidad.
La masacre, de acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, se perpetró en una discoteca del municipio siendo cerca de las 10 de la noche de ese sábado 21 de noviembre. Al establecimiento público entró un grupo de hombres armados que disparó de forma indiscriminada contra quienes se encontraban allí.
Por otra parte, en el departamento donde más masacres han ocurrido en el 2020: Antioquia, este fin de semana también se denunció que en la madrugada del domingo hasta el municipio de Betania llegaron cerca de 10 hombres armados que atacaron a cerca de 14 personas que se encontraban en una finca conocida como La Gabriela, ubicada en la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano del municipio.
En este hecho fueron asesinadas 07 personas y horas después una más murió en el Hospital San Vicente, luego de que fuera trasladada allí por la gravedad de las heridas que le causó el ataque. Adicionalmente, otras dos personas también tuvieron que se trasladadas a centros hospitalarios, pues también fueron heridas durante el hecho. Vale la pena señalar, que aunque no se ha informado la identidad de las víctimas, en medios locales además de reportes de la Policía y el Ejército, han comunicado que se podría tratar de caficultores de la zona.
Tras esto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia llegaron hasta el lugar de los hechos, donde informaron, por un lado, que, aunque no había responsables establecidos, sí podría tener relación con los combates entre Los Caparros y el Clan del Golfo, que se disputan el control de esta zona de Antioquia.
Hay que recordar que este fin de semana también en Antioquia, más exactamente en la región del Bajo Cauca, la población estaba bajo la amenaza y las restricciones impuestas por ‘Los Caparros’, quienes declararon paro armado desde el pasado viernes, hasta este lunes en la mañana luego que en operaciones militares fuera dado de baja a Emiliano Alcides Osorio, alias ‘Caín’, máximo jefe de ‘Los Caparros’, una de las grupos que se disputa el dominio del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente con las AGC.
Vale la pena cuestionar hasta qué punto la militarización y las acciones de combate de la Fuerza Pública protegen a la población, pues la comunidad ha expresado de diversas formas que además de la presencia militar se requieren políticas que realmente protejan a la gente que habita las zonas más violentas, partiendo de aceptar que hay un deterioro de la seguridad y que las acciones deben ser pensadas y planificadas escuchando a quienes conocen estos territorios.