Por: Ximena Sierra Pérez. Enlace Regional Bajo Cauca. Pares.
Históricamente, la subregión del Bajo Cauca ha sido un territorio con presencia de actores armados ilegales que han ejercido violencia armada hacia los diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos las mujeres. Actualmente en la región hacen presencia grupos armados ilegales como ‘El Clan del Golfo’, ‘Los Caparrapos’, el ELN y disidencias del Frente 18 y 36 de las extintas FARC-EP que disputan el territorio por rentas de economías ilegales derivadas del oro y la coca, lo cual se deriva en sistemáticas violaciones a Derechos Humanos y violación del Derecho Internacional Humanitario hacia la población civil, especialmente la ubicada en las áreas rurales de los municipios.
Después de la dejación de armas de las FARC-EP en el año 2016, la concentración de las estructuras armadas ilegales y, por tanto, la violencia homicida en esta zona de Antioquia ha aumentado. El 2018, con un total de 319 homicidios, 35 de estos a mujeres, fue el año con mayor número de homicidios en esta subregión en los últimos seis años. En Cáceres y Caucasia estos alcanzaron un aumento de más del 150% y del 300% en Tarazá.
Según cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales. Fotografía: Pares.
En el año 2019 esta cifra total disminuyó a 269 asesinatos, 21 correspondiente a mujeres, manteniéndose Caucasia, Tarazá y Cáceres como los más violentos de la región desde 2017. Según cifras de Medicina Legal, entre 2017 y 2019 fueron asesinadas 67 mujeres en Bajo Cauca, y al mes de septiembre de 2020 se han registrado 14 asesinatos a mujeres, 3 de ellas menores de edad.
Uno de los casos más impactantes en la región, fue el asesinato de la lideresa social Mabel Sandra Banda Meneses, quien era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Paraíso en el corregimiento La Caucana y quien fue asesinada por el GAO ‘Caparrapos’ el 30 de agosto.
Además de esta violencia homicida, las mujeres deben enfrentarse a múltiples hechos de victimización como el desplazamiento forzado u otros hechos de violencia que presentan preocupantes subregistros en esta parte del país, tal como ocurre con las amenazas, secuestros, abusos sexuales, desapariciones forzadas* y reclutamiento forzado. La mayoría de los casos no son denunciados ante las instituciones, debido a que, las mujeres sienten temor por las represalias que puedan tener los grupos armados y por la falta de confianza en la institucionalidad.
Desde el 1 de enero de 2020 al 20 de noviembre del mismo año, dos lideresas sociales han sido asesinadas en Bajo Cauca, una de ellas en el municipio de Tarazá y la otra en el municipio de El Bagre. A su vez, muchas de ellas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de amenazas a sus vidas en algunos municipios de esta subregión**, sus liderazgos sociales y los procesos organizacionales que jalonan en sus diferentes organizaciones, las han puesto en la mira de los actores armados ilegales, que, a través, del uso de la violencia armada, las han asesinado, amenazado, desplazado y ejercen control sobre sus relaciones sociales.
La mayoría de estas victimizaciones se presentan en áreas rurales de los municipios, debido a, que existe poca presencia de institucionalidad y de fuerza pública. También, las mujeres campesinas, deben vivir en medio de las confrontaciones entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, o los enfrentamientos entre estos mismos grupos, lo cual, las obliga a vivir en medio de las balas, con el temor de perder su vida, la de sus hijos o esposos en el marco de la violencia.
Según cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales.
En medio de la pobreza, el desempleo, el desamparo institucional y el miedo, sus poderosos procesos organizativos en defensa de la vida y el territorio son ejemplo y esperanza para las comunidades. Fotografía: Cortesía ASOMUCA.
Uno de los hechos más recientes de violación de Derechos Humanos hacia mujeres residentes en esta región del país, que involucran integrantes de grupos armados ilegales, sucedió el pasado 23 de julio, donde 10 hombres armados ingresaron a la finca ubicada en el corregimiento El Guáimaro del municipio de Tarazá, en busca del esposo de la señora Arleth Cecilia Estrada de 39 años y al no encontrarlo, la asesinaron frente a su hija de 16 años. Antes de quitarle la vida, la torturaron.
Condiciones de vida precarias
En la subregión del Bajo Cauca Antioqueño la mayoría del empleo es informal***, no existen grandes industrias o empresas generadoras de empleo, los principales renglones de la economía son la minería, la ganadería y el comercio, los cuales en su mayoría son ejercidos por hombres, relegando así a la mayoría de mujeres a trabajos domésticos.
Según datos de la Encuesta Nacional de Vida -ECV realizada por el DANE para 2019, existen grandes brechas en términos de empleabilidad entre hombres y mujeres en Bajo Cauca, teniendo que, mientras la tasa de desempleo para los hombres fue de 5,3%, para las mujeres fue de 16,5%, lo que evidencia las mayores dificultades de las mujeres para insertarse en el mercado laboral.
Otro factor sobre el cual llamar la atención son los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes que se registran en la subregión. De las 9 subregiones de Antioquia, el Bajo Cauca Antioqueño es la que mayor tasa de embarazos presenta. En 2017 por cada 1.000 mujeres entre las edades de 10 a 14 años, había una tasa de embarazo de 8.5% y, entre las edades de 15 a 19, un 93.7%.
Capacidades organizativas de las mujeres en el Bajo Cauca
En medio de la violencia armada y el ruido de los fusiles persisten voces y liderazgos de mujeres que han aprendido a resistir. En medio de la pobreza, el desempleo, el desamparo institucional y el miedo, sus poderosos procesos organizativos en defensa de la vida y el territorio son ejemplo y esperanza para las comunidades. Como mujeres de la ciudad, el campo, mineras, afro e indígenas, LGTBI, desde prácticas autónomas y también con el respaldo de otras organizaciones sociales y ONG han fortalecido sus procesos protección, apoyo y cohesión con miras a un ejercicio de construcción de paz.
En diálogos con las profesionales de género de los seis municipios de la subregión se logró conocer que existen alrededor de 50 organizaciones de mujeres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, que hacen parte de procesos y proyectos sociales que buscan la reivindicación de sus derechos.
Uno de los procesos más importantes que se gestan desde las mujeres de este territorio, lo encabezan las mujeres de la Asociación municipal de mujeres de Caucasia -ASOMUCA, quienes desde hace 22 años buscan visibilizar y erradicar la desigualdad que han sufrido las mujeres en las zonas urbanas y rurales. Son casi 400 mujeres de base las que conforman la organización más grande y consolidada en la lucha contra la violencia y la desigualdad de género en Caucasia (Antioquia). Desde 1996, sus redes se han extendido para acoger a 15 movimientos y fundaciones conformadas por mujeres del campo y la ciudad e incidir en la aplicación real de las leyes y la normatividad que las ampara.
Esta organización de mujeres, inspiró la creación de muchas organizaciones que surgieron en otros municipios de esta subregión. A través del tiempo movilizaron más mujeres alrededor de una lucha colectiva por ejercer liderazgos en sus comunidades y por aportar a la construcción de paz en un territorio históricamente afectado por la violencia armada. Es así como lograron conseguir políticas públicas para las mujeres.
Por otra parte, desde la Fundación Paz y Reconciliación se acompaña desde el proyecto “Espacios Comunitarios para la protección y autoprotección: una apuesta desde los territorios” a 23 mujeres de 10 organizaciones sociales de los municipios de Caucasia y Tarazá, dialogando herramientas que les permitan fortalecer sus saberes y prácticas de autoprotección y protección para el ejercicio de sus liderazgos en las diferentes organizaciones de víctimas y juntas de acción comunal a las que pertenecen, tanto en la zonas urbanas y rurales.
Uno de los procesos más importantes que se gestan desde las mujeres de este territorio, lo encabezan las mujeres de la Asociación municipal de mujeres de Caucasia -ASOMUCA, quienes desde hace 22 años buscan visibilizar y erradicar la desigualdad que han sufrido las mujeres en las zonas urbanas y rurales. Fotografía: Cortesía ASOMUCA.
Las mujeres y sus luchas
La violencia armada hacia las mujeres es compleja, endémica y multicausal. Los territorios donde se ejerce este tipo de violencia, tienen características sociales, económicas, políticas, entre otras, que deben ser visibilizadas y tenidas en cuenta, para que los programas de intervención de los gobiernos nacionales, departamentales y locales, sean eficaces, sostenibles y aporten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a disminuir las brechas de desigualdad.
Las historias de las mujeres bajocaucanas y sus luchas por aportar a la construcción de un mejor país, deberían ser visibilizadas y tenidas en cuenta para la construcción de proyectos con enfoque diferencial, que resalten el potencial de estas en la construcción de paz y que le apuesten a generar cambios en las condiciones estructurales generadoras de desigualdades y discriminación hacia las mujeres y no sólo al cumplimiento de indicadores.
Para ello, se requiere que desde el gobierno nacional exista voluntad política para el abordaje de la violencia armada desde un enfoque, que permita que, desde el diseño participativo con las mujeres en el ámbito local, se generen procesos de construcción de paz.
*El último caso de desaparición forzada conocido en la región es el de Yésica Fernanda Palacios, de 26 años, quien fue sacada de su vivienda en la vereda Puerto Santo del municipio de Cáceres el día 25 de mayo y aún está desaparecida. Se presume que detrás de este hecho están ‘Los Caparros’. El miedo en su familia es tan profundo que a la fecha no han interpuesto denuncia alguna. (Fundación Paz y Reconciliación, 2020)
**Andrea, una líder social de Tarazá, hoy se encuentra lejos del municipio, en una ciudad de Colombia, lejos de su hogar y sus hijos. El pasado 24 de diciembre de 2019, a las 8 am salió con su hija de 15 años dejando el municipio que fue su hogar por 39 años, debido a amenazas constantes contra su vida, familia e integridad. (Sierra Perez, 2020)
***Bajo Cauca tiene el mayor porcentaje de empleo informal en Antioquia (68,12%) y un bajo logro educativo con un (65,45%).