Por: Pares Pacífico.
Como parte de sus actividades de investigación, la oficina regional Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación presenta a continuación el informe sobre la implementación de los PDET en la subregión pacífico medio, sobre el estado actual de las garantías de seguridad para los grupos étnico raciales en el país, y sobre la implementación del programa PNIS a nivel nacional y en los territorios étnico-raciales.
Más que un análisis de indicadores convencionales sobre los avances en los compromisos del Acuerdo de Paz, este informe busca poner en evidencia las preocupantes tendencias de estancamiento en la implementación del PDET pacífico medio -especialmente en el departamento del Cauca-, de desfinanciación de los PNIS al nivel nacional y en los territorios étnico-raciales, y de falta de garantías de seguridad para las y los líderes étnico-raciales y sus organizaciones.
En el caso de la implementación de los PDET en el Pacífico Medio, llama la atención que la subregión concentra el mayor porcentaje de población que se reconoce en alguna categoría étnico-racial del Censo, además, es importante destacar que su elaboración contiene una gran cantidad de expresiones de diversidad étnica/racial y cultural en comparación con otros PDET, y esto tiene que ver con que desde el inicio de los pactos comunitarios hasta el pacto subregional, las organizaciones que integran la mesa lograron imponer parte de sus condiciones en lo que consideraban debía contener el documento final y, a pesar de que algunos elementos no llegaron a ser parte de las iniciativas, las que fueron incorporadas son resultado de una elaboración propia y articulada entre los grupos étnico-raciales que integran el Pacífico Medio.
El principal lunar en la implementación de los PDET en la región pacífica media es sin duda la decisión de hacer una fusión con el PDET Alto Patía- Norte del Cauca y establecer la coordinación en Popayán, esto fue recibido por las organizaciones como una manifestación más del racismo institucional y por eso su principal reclamo es devolver la coordinación a la ciudad de Buenaventura donde encuentran mayores posibilidades de interlocución y gestión de recursos.
Desde la oficina pacífico de Pares consideramos que la decisión del gobierno Duque ha sido la de poner a agonizar el PNIS al limitarlo negándose a vincular nuevas familias (apenas 1,700 en 2019), al individualizar la intervención y no avalar los acuerdos colectivos ni respaldar el proceso en los territorios étnico-raciales, al desfinanciarlo a una cuarta parte de lo que se requería en lo presupuestal, al escudarse en el espejo retrovisor señalando que el anterior Gobierno falló en la estructuración y sobre todo, por apostarle a la erradicación forzada como política antidrogas continuando la guerra fracasada contra este flagelo.