Por: Rafael Durán Murillo. Colaborador Pares
Una de las conclusiones del anterior libro de Ariel Ávila Detrás de la Guerra en Colombia, es que hay una ruralidad en guerra y unas zonas urbanas sin consecuencias militares del conflicto armado, dividieron al país en dos, con diferentes dinámicas, donde el centro se volvió apático respecto a la Colombia profunda. Según la Defensoría del Pueblo, en promedio, cada dos días es asesinado un líder social en Colombia. Entre 2016 y 2019, fueron alrededor de 600 los asesinatos. Solo ese aterrador dato sería justificación por cualquier esfuerzo para comprender el fenómeno, además de la normalización por parte de la sociedad civil de esta situación. Esa fue la fuente de origen de su último libro: ¿Por qué los matan?
Existen una hipótesis e ideas marcadas en lo transversal del libro. Primero, la violencia procesa la política y es utilizada como un mecanismo de competencia. Esta se ejerce frente a líderes que hacen control fiscal y político. La segunda, es que cada crimen es una herida para la democracia, que se debilita en los niveles locales y regionales, a favor de modelos autoritarios sub nacionales, donde se termina por dar una homogenización política en el que el disenso es castigado con la muerte o el desplazamiento.
Estos autoritarismos subnacionales, manejados por clanes políticos, con abiertos vínculos ilegales, funcionan bajo la modalidad de competencia, al participar en elecciones y darle trámite al sistema democrático, sin existir en el fondo oposición, ni control político, ni equidad para la elección. Se debe recordar, que la economía de guerra en muchos lugares de Colombia, las desmovilizaciones de grupos armados, el actual proceso de paz torpedeado por el gobierno actual, permite un ejército de reserva criminal, entendidos como mercenarios a sueldo dispuestos a cumplir órdenes de estos clanes.
En su último libro ¿Por qué los matan? Ariel Ávila intenta responder tres preguntas centrales: ¿Quién está matando a los líderes sociales? ¿Por qué los están matando? y ¿Qué pasa en las zonas donde han asesinado líderes sociales? Para esto se realizó un análisis del banco de datos de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Somos Defensores y de Naciones Unidas, además de informes oficiales, entrevistas y organizaciones sociales. El libro realiza un análisis desde 2010 hasta 2020, comparando diferentes regiones y estudiando a fondo las estrategias del Estado. Fotografía: Pares.
El autor plantea cinco grandes conclusiones, previas al desarrollo del libro, que son claves para comprender la dinámica y la complejidad del problema. La primera, es que los que matan no son los mismos, y que como se verá, la sistematicidad está más en el perfil de la víctima. Existe de por sí, una terrible continuidad de asesinatos de las zonas donde se perpetuo el genocidio contra la Unión Patriótica, desde hace unos 20 años. Es decir, la sistematicidad existe y no se remite a problemas de faldas o vividores, como increíblemente el gobierno actual de Iván Duque justifica la situación.
La segunda, propone la victimización actual frente a líderes sociales como una fase dentro de muchas otras, en un protocolo de destrucción de la democracia. El primer paso es la violencia generalizada, con múltiples homicidios, masacres y desplazamientos forzados. Posteriormente, luego de una duración de unos pocos años, se produce una homogeinización política por desplazamiento o eliminación y por ende la zona se pacifica, al estar sometido a una estructura ilegal. Esto termina por cambiar el aparato productivo de la región, la propiedad agraria y el censo electoral. Posteriormente, aparece la violencia selectiva, en la que se debe asesinar o callar a líderes específicos. Finalmente, aparece el autoritarismo, sin oposición, con niveles de violencia bajos y una clase política beneficiada.
La tercera conclusión, es que, para las elecciones de 2019, se rompe una tendencia a la baja en agresiones políticas desde 2010, donde la violencia selectiva aumento con más de una veintena de muertos y un centenar de hechos de violencia. La cuarta conclusión, es que, en un análisis, la violencia, si bien tiene predominio en territorios históricos de alta conflictividad, atraviesa zonas de postconflicto y zonas que no tienen esa característica.
Finalmente, se reconoce que el estado ha implementado varias estrategias respecto a la situación, sin embargo, son burocráticas, contradictorias, con nulo espíritu de los acuerdos de paz, y por ende, con bajísima efectividad.