Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 04 de diciembre desde la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó denunciaron que un día antes, el 03 de diciembre, en horas de la mañana hombres armados encapuchados que se identificaron como miembros de la AGC, llegaron hasta la vivienda del mayor Miguel Tapi Rito de 60 años, la cual se ubica en la Comunidad de El Brazo en el municipio de Bahía Solano, Chocó.
Ellos le pidieron a Tapi Rito que lo acompañaran hasta un río cercano a la zona, el líder indígena aceptó, sin embargo, pasaron horas y Miguel no volvió a su casa ni se tenía información de él, por lo que miembros de la comunidad y sus familiares decidieron salir a buscarlo. Horas más tarde encontraron el cuerpo del líder, quien había sido decapitado.
“Esta serie de eventos van en detrimento de los Derechos de nuestros Pueblos Indígenas y sin lugar a duda son una inminente violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, protegido bajo las normas internacionales. Los grupos armados ilegales, violan nuestra Autonomía y Gobernabilidad, son una amenaza directa a las Comunidades indígenas”, se comunicó desde la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
Hay que señalar que también se informó que no se tenía información de amenazas contra el líder embera dovida Miguel Tapi Rito. Además, a través de Radio Nacional el alcalde de Bahía Solano, Ulmer Mosquera, alertó sobre la situación de seguridad en su municipio y manifestó que están a la espera de aumento de pie de fuerza.
Adicionalmente, hay que mencionar que el pasado 31 de marzo también apareció decapitado el cuerpo del menor de edad Maicol Alexander Murillo Beltrán, en el corregimiento El Valle, misma zona donde el 31 de agosto de 2019 fue decapitado el menor Anderson Villalba Lozano. Estos hechos también se han relacionado con las AGC, y las llamadas victimizaciones “ejemplarizantes”, con las que buscan generar miedo en la comunidad.
Desplazamiento masivo: una de las consecuencias de la violencia
Esta situación de violencia generó que se provocara un desplazamiento masivo de 139 familias y un total 898 personas de cuatro comunidades indígenas de Bahía Solano; 292 personas – 66 familias de El Brazo, 239 personas -45 familias de Boro Boro, 109 personas- 26 familias de Bacuru Purrú y 258 personas-62 familias de Poza Mansa.
Estas personas llegaron hasta la zona de El Valle, allí varios/as lograron autoalbergarse con familiares y amigos, mientras que el resto se ubicó en las instalaciones de un colegio del corregimiento. Hay que indicar que desde la Alcaldía se envió un comunicado, en el que se aclaró que: “Si bien desde la Administración municipal se destinaron ayudas en alimentación para los primeros días, el alcalde Ulmer Mosquera Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno Nacional y departamental para buscar apoyo para resolver esta emergencia humanitaria, teniendo como agravante la gran cantidad de personas y la falta de elementos de bioseguridad en medio de esta pandemia”.
Alcalde de #BahíaSolano y personero hacen llamado a gobierno Nacional para atender desplazamiento masivo de 4 comunidades indígenas,tras asesinato d uno d sus líderes. Son más de 500 personas, entre ellos más de 200 menores. @infopresidencia @DefensoriaCol @mindefensa @GobChoco pic.twitter.com/KChDn8k9YA — Alcaldía de Bahía Solano (@AlcaldiaBahia) December 4, 2020
Asimismo, se indicó que al momento hay asistencia a la población por parte de la Alcaldía, la Personería, Unidad de Víctimas, la Fundación Fupad, Armada, Policía y la Defensoría del Pueblo, mientras que la Armada Nacional informó que tropas del Batallón de Infantería de Marina N°23 desarrollan operaciones ofensivas en conjunto con unidades del Grupo Aeronaval, quienes realizan sobrevuelos en la zona.
Hay que señalar que representantes de las comunidades indígenas manifestaron que necesitan una garantía de seguridad para retornar, pues como se ha insistido, la problemática de seguridad no es nueva, por el contrario, desde años atrás se ha instado a que el Gobierno Nacional, así como las autoridades locales tomen medidas al respecto, sin embargo, hoy muchas de las alertas que se hacían se han materializado.
Alertas no atendidas
Tras el asesinato y alertando sobre el desplazamiento desde la Defensoría del Pueblo se señaló que, desde abril del presente año, el organismo había emitido una alerta temprana sobre los riesgos inminentes dada la presencia de grupos armados ilegales en la zona.
En el documento se especificaba que había una “grave situación de riesgo que enfrentan sus habitantes, por la presencia y control de las AGC y la disputa territorial que este grupo sostiene con la estructura de crimen organizado Los Chacales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, en procura de obtener la hegemonía del control territorial del Pacífico Norte del Chocó. Dichas disputas se han expresado en amenazas de enfrentamientos armados, exacerbadas en el transcurso de los últimos días, situación que involucra la ocurrencia de homicidios selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, agresiones, amenazas de secuestro, regulación de la vida social a través de la imposición de reglas de conducta, así como la imposición de multas, restricciones a la movilidad, y extorsiones”.
Asimismo, en la alerta se estableció que desde el 2017 se había venido advirtiendo estos riesgos, pues en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, tras el Proceso de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, las AGC y el Frente Resistencia Cimarrón del ELN venían en un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas donde tenía presencia el Frente 57 de las FARC–EP.
A ese escenario también para ese año se había sumado la estructura de crimen organizado conocida localmente como Los Chacales, quienes desde finales de 2016 se han dedicado principalmente al tráfico, transporte, comercialización y embarque de cocaína, y se han venido fortaleciendo militarmente y expandiendo territorialmente en constante lucha contra las AGC, bajo el interés de afianzarse en toda la costa pacífica norte del departamento del Chocó.
Hay que señalar que esta zona del Chocó tiene importante relevancia pues tiene salidas al Océano Pacífico; es colindante a la frontera con Panamá; y brinda facilidades para el tránsito hacia los municipios de la subregión del Medio y Bajo Atrato y el Baudó a través de caminos ancestrales. Todo lo anterior, entre otras cosas, permite que este sector sirva para la movilidad y embarque del narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas.
Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las comunidades étnicas, pues es una de las poblaciones que más habita en esta zona, así que la victimización por hechos como desplazamiento forzado; reclutamiento de niños; niñas y adolescentes; involucramiento violento; enfrentamientos con interposición de la población civil; confinamiento; desplazamientos individuales y masivos; homicidios selectivos; y restricciones a la movilidad en el territorio, es mucho mayor contra éstas.
A esto se suma que la Defensoría del Pueblo identificó que durante este año se han registrado desplazamientos intraurbanos en los barrios Chambacú, El Poblado, Las Conchitas, Barrio Nuevo y Las Brisas de la cabecera municipal de Bahía Solano. Así como difusión de panfletos por parte de las AGC y Los Chacales, en los que se amenaza a la población con incursiones armadas y homicidios selectivos. Mientras que en las zonas rurales se intensificaron los enfrentamientos armados entre las AGC y el ELN con interposición, principalmente, de la población étnica.
Con todo esto, vale la pena concluir con la solicitud que con los más recientes hechos ha realizado la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional porque no se ven claras las acciones en defensa de nuestras Comunidades, este tipo de hechos generan miedo e incertidumbre entre la población. No hay garantías para que las Comunidades Indígenas denuncien, los actores armados imponen sus órdenes, bajo pena de muerte. La oposición y resistencia desde las Autoridades Indígenas, ha conllevado a que, en este momento, los líderes indígenas tengan señalamientos y amenazas”.