Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado viernes, 11 de diciembre, desde Pares se informó que el 10 de diciembre la comunidad del corregimiento El Boquerón alertó que en el sector de la Y de la vereda Gualandayes, zona rural de San José del Guaviare, fueron encontrados los cuerpos de tres personas asesinadas. Según la información dada ese día en Marandua Noticias, dos de las tres víctimas fueron Heison Jair Gámez Ramírez, de 29 años y Yimer Alejandro Gámez, de 21 años.
Por su parte, a través del Componente de FARC de Reincorporación del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR FARC) y del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se logró establecer que una de las tres víctimas de la masacre que se registró en el municipio de San José del Guaviare es un firmante de la paz; Fernando Heredia Ruiz, más conocido como Tobías Méndez, quien adelantaba su proceso de reincorporación en el ETCR de Colinas, ubicado en San José del Guaviare, en donde también vive su compañera y su hijo.
Con este hecho, siguiendo la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, eran 79 las masacres ocurridas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido 311 las personas asesinadas. Por su parte, con este hecho Indepaz llevaba un registro de 81 masacres desde enero hasta el 10 de diciembre de 2020.
Dos masacres en un fin de semana
Según lo analizado por Ariel Ávila para El Espectador, este año pinta un panorama que preocupa en muchos sectores sociales y políticos, pues el deterioro de seguridad ha provocado que el número de masacres sea similar a los años más violentos y de mayor expansión de las AUC; señaló el analista que, por ejemplo, en 1997 y 1998 fueron cometidas 111 masacres.
Por otra parte, hay que nombrar que, a pesar de las restricciones de movilidad, el 2020 ha sido uno de los años más violentos, en el que el número de masacres en solo dos días incrementó a 83, según datos de Indepaz, escenario que sigue alertando, pues incluso sin acabarse el año todavía, ya son 48 hechos más en comparación con el 2019.
Con esto, se debe señalar que entre el viernes y el domingo en Antioquia – el departamento donde más han ocurrido masacres este año – fueron cometidos dos hechos, en los cuales siete personas fueron asesinadas.
El primero ocurrió en la vereda Bamba Arriba, ubicada 2 horas del casco urbano del municipio de El Bagre. Allí fueron asesinadas cuatro personas, de quienes todavía no se ha establecido e informado la identidad. No obstante, las autoridades locales han indicado que quienes fueron asesinados no serían habitantes de la zona y que los responsables serían Los Caparros.
Dos días después, el domingo 13 de diciembre, siendo cerca de las 2:00 a.m. en zona urbana del corregimiento de Cuturú, ubicado a una hora y veinte minutos de Caucasia, fueron asesinadas tres personas, y cinco más fueron heridas – dos mujeres y tres hombres, cuyas heridas fueron en dos de ellos con arma de fuego y las otras tres con objetos contundentes-. Siguiendo la información dada por Indepaz, al sitio llegaron por el río Nechí cerca de 50 personas armadas, quienes ingresaron disparando indiscriminadamente contra la población.
Según el Ejército, la Policía y organismos con presencia en la zona, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo, grupo al margen de la ley que opera en la zona. Hay que señalar que la comunidad alertó que durante el hecho el cuerpo de una persona más fue arrojado al río, no obstante, las autoridades han reportado a la víctima como desaparecida, ya que no se ha logrado establecer lo ocurrido con esta persona.
Holmes Trujillo y sus intentos por desviar la discusión
Asimismo, vale la pena señalar que, una vez el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a la zona, su conclusión respecto fue que “el origen de esto hechos fue una confrontación entre el Clan del Golfo y Los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y las rentas ilegales”. Hay que decir que este discurso no es nuevo, que incluso se ha vuelto constante por parte de Holmes Trujillo, quien, inclusive con todos los indicadores de seguridad en una crítica situación, sigue insistiendo en que el eje de todo esto es el narcotráfico, lo que además le ha servido como discurso para avalar, por ejemplo, la aspersión aérea.
Más aun, en un balance general presentado este 14 de diciembre, Holmes aseguró que la mayoría de las masacres tienen de “telón de fondo el narcotráfico” y que por eso se necesita “una cruzada contra el narcotráfico. (…) El enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato”.
Con esto, vale la pena mencionar dos cosas, por un lado, que como lo escribió Ariel Ávila hace algunos días para El Espectador, esta oleada de violencia, y el alarmante número de masacres no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino que se tiene relación con otros factores, como el llamado empate técnico criminal: “En varias regiones hay disputas entre 4 o más grupos criminales, todos con una fortaleza similar. Nadie gana, se avanza un día y al otro se retrocede, tal situación lleva a una degradación de la violencia y a la utilización de las masacres para ganarse la lealtad de la población. Como no hay ganador a la vista se prevé un año más de disputa degradada”.
Además, agregó en el artículo que otro elemento que tiene que ver es “la explosión de economías ilegales. Los precios están bastante altos y la renta criminal es un gran botín. Hay zonas del país donde el precio de pasta base de coca está cercano a los 3.000 pesos, hace un año la cifra estaba en 1.900 pesos. Sin embargo, lo más dramático se vive en la minería ilegal: la onza de oro pasó de valer 1.200 dólares hace unos meses y, actualmente, se paga a 1.850 dólares”.
Con esto último, y en relación con lo sucedido este fin de semana en Antioquia, hay que nombrar que Los Caparros tienen asentamiento en Cuturú; pues en esta zona hay toda una dinámica de minería ilegal en el Río Nechí, por lo que el grupo se concentra en la zona a delinquir y a extorsionar. Adicional, no hay que perder de vista que El Bagre es el principal municipio con minería ilegal y legal en el Bajo Cauca.
La investigadora regional de Pares en el Bajo Cauca, Ximena Sierra, explicó que: “El narcotráfico ya no es la renta principal de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca, lo que los sustenta es la minería ilegal. (…)Hace algunos meses por medio de unas entrevistas realizadas pude conocer que a algunos mineros les cobraban una cuota del 10% de lo que hacían diariamente, otros debían dar un millón de pesos diarios; si eso se multiplica por los 30 días del mes y por cada una de las dragas que funcionan en el Bajo Cauca deja ver y permite analizar que acá la disputa principal no es por el narcotráfico como lo dice Holmes Trujillo. Eso sin dejar de nombrar el incremento del precio que tuvo el oro, lo que también potencia en esta región la problemática”.
Vale la pena resaltar que en este panorama se ha venido insistido en reiteradas ocasiones, tanto por organizaciones como Pares, así como por las comunidades y asociaciones locales, no obstante, parece que no está siendo tenido en cuenta mínimamente por el ministro, pues él sigue queriendo posicionar y centrar la discusión en el narcotráfico, que si bien es una problemática que atraviesa varios de los escenarios de violencia, no está siendo lo fundamental, y más aún, de serlo, en lo que continúa insistiendo el Gobierno es atacar a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico: las y los cultivadores.
Entonces, vale la pena cuestionarse, ¿de qué están sirviendo los consejos de seguridad, si a pesar de que se va hasta los territorios, con la posibilidad de analizar mejor los contextos, desde el Ministerio pareciera no atenderse todas las alertas hechas por la gente?
A esto se suma que otra de las propuestas es llevar Fuerza Pública a Cuturú, donde ocurrió una de las masacres, sin embargo, como lo expuso Ximena Sierra: “no se tiene la estructura para poner una base que realmente pueda mitigar la problemática; ponen a unos 10, 20 policías, habiendo casi 50 hombres con armas largas. Además, anteriormente han militarizado pero solo por unos días, así que después se sigue delinquiendo normal”.
La Guajira, otro punto de violencia el fin de semana
Este lunes en la mañana se conoció que indígenas del Pueblo Wayúu en la comunidad de Alakat en el municipio de Maicao, La Guajira, fueron asesinados, luego que hombres armados llegaran hasta la zona y dispararan indiscriminadamente, mientras que se realizaba la exhumación de los restos de un familiar fallecido años atrás.
Sobre este caso hay que señalar que no se ha logrado establecer la cantidad de víctimas, pues, por ejemplo, la ONIC informa que serían dos las personas asesinadas, pero, por otro lado, la Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor ha reportado que las victimas mortales fueron un líder de la comunidad y tres integrantes de ésta misma, además, que en el hecho fueron varias las personas que quedaron heridas.
Asimismo, desde la Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor se denunció que “son reiterativos estos hechos atroces con fines de exterminio a los pueblos indígenas en sus territorios (…) sin que las autoridades y demás entes de control cumplan sus funciones. Exigimos al Gobierno Nacional, autoridades locales e internacionales, realizar acciones concentras”.
Esta insistencia nombrada anteriormente ha sido trasversal en lo corrido del año y desde distintos territorios, pues la exigencia es que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa insten a acciones que sean contundentes, y realmente permitan atender la crítica situación de seguridad, pues si la discusión se sigue centrando en escenarios diferentes a los que denuncian las comunidades que viven en las regiones donde más violencia hay, va a ser muy difícil que las masacres y los asesinatos sistemáticos paren.