Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Una de las discusiones que más se movieron en los últimos meses de este año fue sobre el Código Electoral impulsado por el ahora registrador Alexander Vega. Pues bien, desde la Fundación Paz y Reconciliación se han venido haciendo varias alertas sobre el negocio que se está moviendo detrás de esta propuesta, que prácticamente lo que plantea, muy ampliamente, es crear nuevas formas para ejercer el derecho al voto.
Pues bien, estas irregularidades y favores políticos que se están realizando a través de la Registraduría y buscando apoyo para la implementación de la propuesta del ahora Registrador tiene relación con que Alexander Vega ha despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado.
A esto se suma que otras de las alertas que se hacen es que se pretende politizar la entidad en el Congreso a través del nuevo Código Electoral, transformando cargos de carrera, como los registradores municipales y auxiliares, a los que se accedía por concursos de méritos y por tanto, tenían protección reforzada, en cargos de libre remoción “por pérdida de confianza”.
Con esto lo que se ha estado haciendo en los últimos meses por Alexander Vega es que ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional, pues hay que recordar que justamente el acto legislativo 01 de 2003 estableció que la Registraduría se transformara en una institución de carácter técnico y despolitizada a partir de la provisión de la mayoría de cargos de la entidad por concurso de méritos. Todo esto para sumar apoyos a la reforma electoral que está siendo discutida actualmente en el Congreso.
Indica el informe de Pares ‘Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral’ que ésta: “viene acompañada de un poco más de 1 billón de pesos que ya fueron aprobados en el presupuesto del próximo año, lo que representa un aumento de su presupuesto respecto al año anterior del 122%, en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia del país. Esto, sin contar lo que costaría la implementación del voto electrónico. El botín es enorme”.
Vale la pena señalar que uno de los gastos en los que se verían invertidos los recursos que se darían a la entidad el próximo año es la plataforma tecnológica para el sistema de identificación y registro civil del país, es decir, la cédula electrónica, que a pesar de no haber un presupuesto aprobado por el pleno del Congreso, este contrato pareciera ya estar amarrado con la ya tradicional firma contratista de la entidad Tomas Greg and Sons.
¿Quiénes han sido nombrados a dedo?
Pares logró encontrar 12 personas que habrían sido nombradas obedeciendo a favores políticos. Uno de estos, además con relaciones con uno de los cales más poderosos del país (el Char) es Julio César Novoa Fontalvo, quien es abogado de profesión y ha tenido contratos como Jefe de Oficina de Control Interno en la gobernación del Atlántico entre mayo de 2003 y enero del 2004, período en que fue elegido gobernador Alejandro Char. Asimismo, ha pasado por la Agencia de Infraestructura de Barranquilla y la Secretaría de Gobierno de Barranquilla.
“El pasado 23 de enero de 2020, Julio César Novoa, sin ningún tipo de experiencia en lo electoral y sin ser empleado de carrera administrativa de la Registraduría, se posesionó como delegado departamental del Atlántico”.
También está César Enrique Acuña Vergara, también abogado, quien estuvo dentro del Concejo de Valledupar por el Partido Conservador. Fue notario segundo del circuito notarial de Valledupar. Nombra el informe que “fuentes en territorio, afirman que el exnotario es cercano al senador de la U, José Alfredo Gnecco, el cual al parecer habría sido quién habría solicitado ante Alexander Vega (cercano al Partido de la U) su nombramiento como nuevo delegado departamental del Cesar”.
Por otra parte está Yurleidis Yoasin Granados Glen. Ha pasado por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y la Asamblea Departamental. Ella tendría relación con el senador Eduardo Pulgar, investigado recientemente por la Corte Suprema por presuntamente haber sobornado a un juez del Atlántico, él, que es cercano a Alexander Vega, sería quien movió fichas para que Granados fuera nombrada delegada departamental de la Registraduría.
A esta lista se suma Nicolás Daniel Montaño Guerrero, quien también ejerce como abogado, fue representante a la Cámara del departamento de Sucre en dos ocasiones por el Partido de la U. Medios como la Silla Vacía han denunciado que Montaño, quien ahora es delegado de la entidad en el departamento de Sucre, tiene cuotas burocráticas en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP sede Sucre, en la Defensoría del Pueblo y en el Instituto de Deportes de Sucre.
Como delegado del Caldas está José Fernando Mejía Castaño, quien fue parte de la Asamblea Departamental de Caldas por el Partido Liberal y también gerente del Invama en Manizales. “Fuentes en territorio confirmarían que Mejía sería cuota del senador Mario Castaño, el cual estaría detrás su elección como delegado departamental”.
Hay que mencionar que como estos delegados/as, la Fundación Paz y Reconciliación encontró otros/as que fueron nombrados a través de favores o alianzas política, por fuera de los lineamientos que tiene la Registraduría y poniendo en riesgo lo que pues pasar con los procesos electorales que están a poco más de una año de ser realizado.
Con esto hay que resaltar, primero, que la mayoría de delegados/as no tienen experiencia con el cargo que ocupan, y, segundo, que en relación con todo esto peligra la democracia, por eso, desde Pares se sigue insistiendo con que: ojo con el 2022.