Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.
El 20 de febrero de 1983 en un informe de la Procuraduría General, presidida por Carlos Jiménez Gómez, se estableció que en investigaciones adelantadas sobre crímenes cometidos por el MAS -Muerte a secuestradores- se logró precisar que, de 163 personas involucradas en hechos delictivos de la mayor gravedad, 59 eran miembros activos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estatales.
La Unión Patriótica se fundó el 28 de mayo de 1985 como parte de un esfuerzo de paz, la columna vertebral de este movimiento político fue el Partido Comunista Colombiano, quien en desarrollo de su definición política de “solución política negociada al conflicto armado interno”, construida en su XIII Congreso en el año 1980, había establecido una articulación con las FARC, que desarrollaba unos diálogos con el Presidente Betancur para lograr un acuerdo de paz.
A solo tres días de fundada la Unión Patriótica de manera oficial, el 31 de mayo de 1985 fue asesinado en Medellín, Nicolás López Londoño, presidente del Sindicato New Stetic y dirigente del Partido Comunista Colombiano, antes de él habían sido asesinados cientos de militantes comunistas y después de el miles de comunistas caerían asesinados, hasta el día de hoy.
En las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 1986 la Unión Patriótica logra 120.442 votos en sus listas y 198.875, en alianzas, logrando la elección de nueve senadores y quince representantes a la Cámara. Entre los elegidos esta Leonardo Posada Pedraza, elegido representante a la Cámara por Santander, será el primer asesinado de esta bancada parlamentaria, el 30 de agosto de 1986, a cinco semanas de haberse posesionado y a tres de iniciado el mandato del Presidente Virgilio Barco, cuyo día de la posesión el 7 de agosto fue marcado por el asesinato en Bogotá de Álvaro Falla, el asesinado numero 340 en el registro que construyo el periodista Roberto Romero, en su libro “Unión Patriótica – Expedientes contra el olvido”, impresionante trabajo publicado por el Centro de Memoria Distrital.
El genocidio contra la Unión Patriótica inició desde el primer día de su fundación y continuó durante varios gobiernos, cobrando la vida de entre cuatro mil y seis mil militantes políticos de este movimiento, en su inmensa mayoría, comunistas, lo cual se dio con la participación de agentes estatales como esta plenamente comprobado y establecido en procesos judiciales y en investigaciones periodísticas y académicas y que corresponde a lo denunciado de manera reiterada por el Partido Comunista y la Unión Patriótica.
Hay responsabilidades de varios gobiernos en estos hechos por la omisión de protección efectiva y seguimos discutiendo como fue que se produjo este “crimen de sistema”, que sin duda ha contado con la participación de agentes estatales y esta por aclarar los niveles de coordinación y sistematicidad en relación con los poderes políticos y los gobiernos involucrados, tema que ha vuelto a ganar espacio mediático y en el debate publico por la información suministrada por el periodista Alberto Donadio, sobre una supuesta participación directa del Presidente Virgilio Barco, en este genocidio, tema que por supuesto ha generado un importante debate y que debe ser debidamente investigado judicialmente como lo ha pedido el mismo Donadio.
Tan graves hechos no han tenido una adecuada respuesta de los Gobiernos colombianos, de todos, quienes en lugar de reconocer sus responsabilidades por acción o por omisión de su deber de protección, se han aplicado a fondo para que no exista justicia, reparación a las victimas y se den las transformaciones institucionales para que estos graves hechos no vuelvan a ocurrir.
El gobierno del presidente Samper se opuso a que el tema fuera tratado en la Comisión Interamericana de derechos Humanos, el gobierno del Presidente Santos no acogió las recomendaciones que esta instancia falló en 2017 luego de un proceso de 23 años de controversias con varios gobiernos y este gobierno no hace nada para superar las viejas practicas de paramilitarismo que siguen presentes en el estado Colombiano.
El genocidio contra la Unión Patriótica no es caso cerrado, falta verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.