Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El 01 de enero, en medio de las celebraciones de fin de año y también en medio de las medidas decretadas en distintos departamentos para mitigar los efectos del segundo pico de contagios de Covid-19 en el país, uniformados llegaron hasta la Urbanización Villa Esperanza de Ibagué, allí se encontraban vecinos/as de la zona, entre ellos Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años, a quien al parecer y por denuncias hechas por sus familiares, lo asesinó la policía de la capital tolimense.
Desde el pasado el 30 de enero de 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia, y aunque con este se pretendía que la institución debía siempre impulsar la solución pacífica de los conflictos y hacer uso de la fuerza como último recurso, la realidad es que los abusos policiales no han parado, y parecieran estar lejos de parar, pues como lo informó recientemente Temblores ONG en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, en los tres primeros años de implementación de este instrumento se han registrado, al menos. 289 asesinatos, 39.613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual.
Lo alarmante es que a pesar de los seguimientos que se han hecho a este tipo de casos y de la lucha que se ha intensificado por la reforma a la Policía, las denuncias por este tipo de abusos son casi diarias e incluso han desatado victimizaciones como las ocurridas durante el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, donde tras varias protestas por el asesinato de Javier Ordóñez cometido por uniformados, la respuesta de los miembros de la institución fue dispersar estas usando sus armas de fuego, acción que dejó , al menos, 13 personas asesinadas en esa noche: una masacre.
Así se han seguido conociendo casos una y otra vez: acosos y abusos sexuales, sobornos, afectaciones físicas, robos, detenciones arbitrarias, violencia homicida, y otro tipo de vulneraciones a los derechos humanos que siguen recalcando que es muy difícil seguir manteniendo los discursos de que son solo unas cuantas “manzanas podridas”.
Según el informe presentado por la ONG de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 fueron cometidos en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos hechos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23 casos-.
Una de los zonas donde, a pesar que el índice del total es bajo, pero siguen ocurriendo casos es el Tolima, donde en el periodo estudiado habían sido cometidos 2 homicidios que habrían sido ejecutados por Policías, y donde en estos primeros días del año ya hay un caso que implica a uniformados de la ciudad de Ibagué.
La denuncia
-Los siguientes párrafos están escrito bajo el testimonio de Alejandro Pimiento, familiar de la víctima-.
El 01 de enero, en medio de las celebraciones de fin de año y también en medio de las medidas decretadas en distintos departamentos para mitigar los efectos del segundo pico de contagios de Covid-19 en el país, uniformados llegaron hasta la Urbanización Villa Esperanza de Ibagué, allí se encontraban vecinos/as de la zona, entre ellos Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años.
En medio del proceso que realizaron los policías solicitaron a los/as vecinos/as ingresar a sus viviendas, a lo que algunas de las personas que estaban allí se opusieron, y uno de ellos insultó a los uniformados. Jerson, intentó calmar la situación pidiéndole al vecino que se tranquilizara, no obstante, por un par de minutos la situación se mantuvo, pero finalmente en un momento Jerson logró que el vecino retrocediera y aceptara ingresar.
Justo ahí, una vez los dos habitantes de la urbanización dieron la espalda, los uniformados que estaban allí decidieron atacarlos y esposarlos, en ese momento otro de los vecinos le pasó un cuchillo a Jerson, quien aunque tuvo el cuchillo en sus manos no lo empleó en ningún momento, como cuenta su hermano Alejandro Pimiento.
Una vez ocurrido esto los policías deciden inmovilizar a Jerson utilizando un taser, sin embargo, Jerson en compañía de su familia, que en ese momento bajó al punto donde se estaban presentando los hechos, logró levantarse para finalmente ingresar a la vivienda, pues la mamá, quien estaba allí, logró calmarlo y convencerlo que lo mejor era no estar más ahí.
“En ese momento salió otro uniformado, que al parecer acababa de llegar, y comenzó a decir que le iba a disparar, que lo iba a matar. Eso lo repitió muchas veces frente a muchas personas que estaban ahí. Mi hermano se volteó, quedó pasmado, cuando el policía disparó tres veces; dos a la pared, y otro en el abdomen de mi hermano. Él alcanzó a correr unos metros, pero se desplomó”, narró Alejandro Pimiento.
Jerson fue llevado de urgencias hacia el hospital San Francisco en un carro de la policía. Una vez en el centro médico, y aunque, como cuenta Alejandro, Jerson no se podía mover, los policías insistieron en que se bajara del vehículo, al ser imposible que esto pasara decidieron halarlo de la camioneta, causándole un golpe más a Jerson en su cabeza. “Muchas personas de las que estaban allí se percataron de lo que estaba sucediendo, y comenzaron a tomar fotos que después nos suministraron y que hoy tenemos como pruebas del trato en ese momento”.
Lamentablemente pocos minutos después la muerte de Jerson fue confirmada por el personal médico del hospital, y ahora, como muchas familias en el país, la de Jerson comienza una lucha judicial para demostrar que lo asesinó la Policía.
¿Qué más hay en este caso?
Una de las frases que le ha quedado grabada a la familia de Jerson fue la pronunciada por el Policía Orozco (de quien el familiar dio el apellido), quien antes de disparar habría afirmado hacia la víctima que: “-si tengo que pagarlo lo pago, pero voy a matarlo-”. Esta frase no fue aislada, ni fue la primera amenaza que Jerson recibió del uniformado, quien hacía parte del CAI Jardín Santander, Comuna 8.
Como asevera Alejandro Pimiento, hubo durante el 2019 tres meses donde por diversos inconvenientes Jerson estuvo por fuera de su casa, estando en esta situación fue víctima de persecuciones y amenazas por parte de dos uniformados –Orozco y Guarnizo. La familia solo tiene esta información de los policías-, que incluso se mantuvieron luego de que Jerson volvió junto a su familia –lo que ocurrió hace cerca de año y medio-.
“Jerson estaba trabajando en un Fruver, y algunos días le salían trabajos de construcción, y aunque ya desde hacía varios meses había estado muy juicioso con sus cosas, los policías cada que lo veían le echaban la moto encima, lo amenazaban, lo amedrantaban, e incluso una vez fueron hasta su lugar de trabajo. También cuando salía a jugar futbol hasta allá le llegaban. Además, en una ocasión también vinieron a acosarlo cerca a la casa mientras él se tomaba una gaseosa, ahí fue cuando mi mamá se dio cuenta, por lo que le hizo el reclamo al policía y le dijo que iba a poner una queja, a lo que el policía le dijo que hiciera lo que quisiera, que él era la autoridad y que de la puerta del conjunto hacia afuera la situación era diferente”, agregó Pimiento.
Finalmente, la mamá de Jerson puso la queja en el CAI del barrio, donde habló con uno de los tenientes, quien le dijo que iba a hablar con los patrulleros, lo que no cambió mucho la situación pues los dos policías continuaron en la misma dinámica, hasta que sucedió lo ocurrido el pasado 01 de enero.
Hasta el momento aunque hay una investigación en la Fiscalía a donde fueron llevadas varias pruebas entre ellas videos de las cámaras de seguridad de la zona, la familia asegura que no tienen conocimiento de lo que ha sucedido con el uniformado, mientras siguen exigiendo que se establezcan responsabilidades tanto del asesinato, como de las amenazas de las que ya era víctima Jerson Stiven Vega Vela.