Por: Sergio Saavedra.
Periodista Pares.
Veintiún años han pasado desde que en el corregimiento de El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), se perpetrara la atroz masacre a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC comandados por Jorge 40, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000.
El horror de aquellos días en los que cerca de 450 paramilitares arribaron al corregimiento para masacrar 60 personas, la barbarie de 72 horas de tortura y violaciones, y el desplazamiento forzado de miles de personas; fueron los recuerdos usados de manera infame para amenazar —este 18 de enero— a cerca de once personas entre las que se encuentras líderes y lideresas sociales.
Este es el inicio de 2021 en la región. Una tierra que espera que no asesinen a nadie y que no se configure un desplazamiento forzado de sus habitantes. Según información preliminar, además de las amenazas, en las últimas noches se han registrado cortes de luz —quizá provocados por grupos armados según el vicedefensor Luis Andrés Fajardo— que hacen las horas de la noche más largas y buscan amedrentar a la comunidad de El Salado.
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Tanto en los panfletos que han circulado por el corregimiento, firmado bajo el nombre ‘Águilas Negras’, como en los mensajes de texto que ha llegado a los celulares de los pobladores; la amenaza es “O se van o se mueren. Están ubicados”. Además, han extendido el riesgo a sus familiares.
“Sí, así empezamos hace 21 años” y “ya sabemos donde viven cada miembro de la familia de los que tenemos fichados”; son algunas de las frases que muestran la grave situación que se vive en la región. Pares intentó contactar personas del corregimiento para que hablaran de la situación desde el anonimato; pero han manifestado que las circunstancias no les permite pronunciar palabra ante la incertidumbre.
Situación en la región
Para Ariel Ávila, el reto que tiene las autoridades es mayúsculo no sólo por la importancia de una zona como El Salado; sino porque en materia investigativa deben enfrentar que “las Águilas Negras no existen. Estos son personas, seguramente en la legalidad, que utilizan la chapa de las Águilas Negras para amenazar. Las autoridades, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, deben determinar la procedencia de las amenazas. El problema es que eso nunca se investiga.”
Por otro lado, para el analista político, este caso resulta “muy dramático —entre otras cosas— porque esta zona de El Salado ha habido presencia de la institucionalidad y se encuentra avanzando el delicad proceso de Restitución de Tierras; no debería presentar este tipo de situaciones de Derechos Humanos.”
Ahora bien, de acuerdo con las investigaciones de Pares, las AGC o Clan del Golfo operan en los municipios de Carmen de Bolívar, María la Baja y San Jacinto. Es decir, tres (3) de los (7) municipios que hacen parte de la Subregión de Montes de María para el caso del departamento de Bolívar.
Tanto en los panfletos que han circulado por el corregimiento, firmado bajo el nombre ‘Águilas Negras’, como en los mensajes de texto que ha llegado a los celulares de los pobladores; la amenaza es “O se van o se mueren. Están ubicados”. Además, han extendido el riesgo a sus familiares. Imagen: Pares.
Además, de la Defensoría de Pueblo en 2020 emitió una Alerta Temprana en la que, precisamente, señaló que dentro de los repertorios de violencia del Clan del Golfo que operan en Carmen de Bolívar; se encuentra restricciones de movilidad que, incluso, han desencadenado en confinamientos de la población. Precisamente, hechos victimizantes que se han registrado en horas de la noche.
Entre la búsqueda de la verdad y las amenazas
Una de las lideresas amenazadas es Yirley Velazco quien fue víctima de violencia sexual en la masacre de El Salado, cuando tenía 14 años. Tras la masacre, la lideresa ha trabajado por la verdad de las víctimas de este corregimiento a través de ‘Mujeres Sembrando Vida Sobrevivientes de Violencia Sexual’. Para Julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para la protección de Yirley y de su familia.
Asimismo, con la llegada a Colombia —a finales de septiembre de 2020— de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Yirley ha liderado los reclamos para que se garantice la anhelada verdad y reparación de las victimas.
Cabe recordar que de acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de Pares, el Bloque Norte de las AUC cometieron 333 masacres en cuatro departamentos de Colombia, lo que significó 1.537 personas masacradas y miles de personas desplazadas. Precisamente, las organizaciones de víctimas del corregimiento de El Salado; exigen verdad del exjefe paramilitar. Tan solo en Bolívar, según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron 149 masacres; dejando un saldo de 906 víctimas en suelo bolivarense.
La sombra paramilitar no se fue de los Montes de María
Otra de las personas amenazadas es el reconocido líder don Luis Torres quien es recordado por haber abanderado el retorno de un poco más 250 personas al corregimiento de El Salado dos años después de perpetrada la masacre. Con el riesgo que representaba organizarse en la región y reclamar por la tierra, don Luis, en compañía de compañeros y amigos; dio vida a la Asociación de Desplazados de Bolívar (ASDESBOL).
Justamente, el corregimiento de El Salado desde sus inicios fue una tierra muy próspera, incluso, conocida en su momento como la capital tabacalera de la Costa Caribe. Una tierra de yuca, ñame, ahuyama, maíz y ajonjolí a la que la violencia no demoró en llegar. El Salado hace parte de la subregión de los Montes de María que está ubicada en la Serranía de San Jerónimo de la Cordillera Occidental, justo, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Compuesta por 15 municipios: siete (7) de Bolívar (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, El Guamo, María La Baja, Zambrano y Córdoba) y ocho (8) de Sucre (San Onofre, Toluviejo, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos y Ovejas).
Además, de las múltiples masacres, uno de los temas que tienen que ver con el paramilitarismo es el despojo de la tierra. De hecho, en el más reciente informe que entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores. Frente a esta victimización, las organizaciones de victimas solicitan Verdad y Garantías de No Repetición para continuar con su proceso de reclamación. Ahora, cuatro meses después de la llegada de Jorge 40; se presentan estas amenazas.
Medidas de las autoridades
En horas de la mañana de este martes 19 de enero la Defensoría del Pueblo arribó a El Salado tras la insistencia de la comunidad y de organizaciones de Derechos Humanos por cuenta del riesgo inminente. Sin embargo, es una situación de amenaza se ha recrudecido en los últimos años. En este sentido, en el corregimiento están haciendo presencia el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, el delegado de Alertas Tempranas y el Delegado de Movilidad. Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
De acuerdo con las cifras de Pares, tras la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en el departamento de Bolívar han sido asesinados 13 líderes y lideresas sociales. Además, preocupa la situación debido a que el 69,2% de los asesinatos han ocurrido durante el gobierno del presidente Iván Duque, es decir el nueve (9) de los 13. Asimismo, el perfil de liderazgo mayormente victimizado en este departamento son presidentes o miembros de Juan de Acción Comunal (JAC). Imagen: Pares.
Por otra parte, la Policía del departamento de Bolívar señaló que envió un cuerpo élite que trabajará de manera conjunta con la comisión delegada de la Fiscalía General de la Nación; para establecer los hechos y nombres detrás de las amenazas contra la población.
Finalmente, la medida más reciente fue la tomada por el fiscal Francisco Barbosa quién designo una fiscal especial para que atienda de lleno la situación de riesgo que vive el corregimiento y sus líderes y lideresas sociales.
Victimización a líderes en Bolívar
De acuerdo con las cifras de Pares, tras la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en el departamento de Bolívar han sido asesinados 13 líderes y lideresas sociales. Además, preocupa la situación debido a que el 69,2% de los asesinatos han ocurrido durante el gobierno del presidente Iván Duque, es decir el nueve (9) de los 13. Asimismo, el perfil de liderazgo mayormente victimizado en este departamento son presidentes o miembros de Juan de Acción Comunal (JAC).
Para Ariel Ávila, Colombia está atravesando un dramático deterioro en seguridad frente a asesinatos de líderes, lideresas, firmantes de la paz, masacres, desplazamientos; mientras hay a un Gobierno Nacional que “no parece tener estrategias, como se dice popularmente, no da pie con bola”.