Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.
Se acusa al expresidente liberal Virgilio Barco de haber determinado el genocidio de la Unión Patriótica -UP-, partido surgido de los primeros acuerdos de paz con las Farc, suscritos en el gobierno de Belisario Betancur y fracasados a mediados de la administración Barco, tras sucesivos y mutuos incumplimientos al cese al fuego y el asesinato sistemático y por cientos de miembros de la UP.
Una interesante polémica ha generado el artículo del prestigioso periodista investigativo Alberto Donadio, publicado a mediados de diciembre en el diario El Espectador, sin eco mayor, e incluido en la entrega del portal Los Danieles del pasado 7 de enero, con mayor impacto, ampliado con entrevista al expresidente César Gaviria, en la edición de la semana siguiente.
En síntesis, según Donadio, Barco, como embajador en EE.UU. de la administración Turbay, conoció a Rafi Eitán -exministro y héroe israelí por la captura en Buenos Aires del criminal de Guerra nazi Adolf Eichman- a quien, ya en la presidencia, contrató de manera encubierta como asesor de seguridad.
Ante la grave situación de orden público, una fuente anónima viva afirma que Barco habría informado, en una reunión en palacio la recomendación del israelí: exterminar a la Unión Patriótica, sin objetarla. La reacción de un alto mando militar presente habría sido de indignación, reivindicando el derecho soberano a ejercer la tarea, con asentimiento del presidente.
El resultado: dos candidatos presidenciales, varios congresistas, decenas de concejales y diputados y miles de militantes asesinados por sicarios. Donadio, para reforzar su “hipótesis por coincidencia”, trae a colación una denuncia del primer consejero de paz de Barco, Carlos Ossa, de la insubordinación de la Fuerza Pública y la anécdota tétrica de que habiendo increpado el exministro de Defensa Gral. Rafael Samudio sobre la matazón, respondió con sorna “a ese paso no van a acabar nunca”.
Las reacciones ante tamaña acusación no se hicieron esperar y se expresan con los mismos acentos en que está dividido ideológica y políticamente el país, de extremo a extremo. De otra parte, está el cuestionamiento a la solidez del artículo, pues, si bien, en el periodismo una fuente anónima o “garganta profunda”, puede ser pieza determinante sometida al contraste de contexto, testimonios y documentos, deja dudas cuando es el único asidero.
No obstante que, tanto Donadio como Daniel Samper, otro reconocido periodista investigativo en aquella época, dan fe de la existencia y supervivencia del testigo, frente a la carencia de otros elementos contundentes parece forzada la “hipótesis por coincidencia”: el testigo oyó decir, los hechos estaban sucediendo, luego eso era así. Aunque, de otro lado, en nuestra asombrosa Colombia, nada, hasta lo más absurdo y cruel es descartable, como lo confirman los asesinatos extrajudiciales -“falsos positivos” para minimizar la gravedad-.
Si bien Barco llegó al poder de la mano del clientelismo liberal, gobernó, en especial en temas de paz, con un equipo de jóvenes provenientes de la academia, gestores de la reconceptualización del asunto y de los acuerdos que llevaron a la desmovilización del Movimiento 19 de Abril y sentaron las bases de la reincorporación de otras guerrillas en el gobierno siguiente de Gaviria -MIQL, EPL, CRS, entre otros-, pero fracasó con las Farc y el ELN.
En pos de darle aire a la UP, Barco designó o promovió la designación de alcaldes de ese partido en sitios donde tenían fuerza o autorizó alianzas electorales. Una figura del liberalismo como Alfonso Gómez Méndez fue congresista por esa agrupación y luego Procurador y Fiscal General de la Nación. Carlos Ossa, consejero de paz de Barco, denunció complicidad militar con el genocidio pero en sus declaraciones siempre separó esa actuación de los lineamientos de manejo de la protesta social y diálogos con la guerrilla del presidente.
Una voz importante frente a la sindicación, es la de Rafael Pardo Rueda, académico uniandino que llegó al gobierno a ingeniar y ejecutar el Plan Nacional de Rehabilitación y reemplazó a Ossa en la Consejería de Paz. Su testimonio está consignado en los libros “De primera mano” e “Historia de las guerras” que dan cuenta de los esfuerzos de Barco por aclimatar la paz, contener la violencia y modernizar la política.
Sin embargo, su respuesta a Donadio deja qué desear, en particular, el reclamo de por qué, según él, se desconoce el papel determinante de los narcotraficantes, y el haberse plegado a un tuitero para revivir un viejo artículo de El Tiempo sobre los desencuentros Farc, Partido Comunista, UP. Se fue por las ramas y los desvíos.
El expresidente César Gaviria, ministro de Hacienda y de Gobierno de Barco -cargo desde el cual denunció la expansión del paramilitarismo-, participó como testigo de excepción en el panel de Los Danieles. En varias intervenciones enmarañadas y frases inconexas, reivindicó a Barco, recordó haber oído de Eitán pero sin saber por qué ni para qué y descargó toda la responsabilidad en los narcotraficantes (Rodríguez Gacha) y el director del DAS, Miguel Maza Márquez -a quien señaló de recibir y escoltar al israelí Yair Klein, adiestrador de paramilitares- , quien ya ripostó anunciándole denuncias.
Junto con la primicia de que no fue informado del bombardeo al secretariado de las Farc en Casa Verde el día de elecciones para la Asamblea Constituyente en 1990, Gaviria, quien asesorado por Pardo como consejero y luego como Ministro de Defensa, adelantó la cuestionada estrategia de entrega de Pablo Escobar, la desmovilización de varias guerrillas, la legalización de los grupos privados de vigilancia o “Las convivir” y la ruptura con las Farc e impulsó la constituyente, dejó en evidencia las penumbras de las políticas de seguridad y de las relaciones gobierno – fuerzas armadas en la historia nacional.
Ante la grave situación de orden público, una fuente anónima viva afirma que Barco habría informado, en una reunión en palacio la recomendación del israelí: exterminar a la Unión Patriótica, sin objetarla. La reacción de un alto mando militar presente habría sido de indignación, reivindicando el derecho soberano a ejercer la tarea, con asentimiento del presidente. Imagen: Pares.
Aspecto que corrobora un completo balance desde todos los actores, a propósito de la sindicación de Donadío, hecho por el exconsejero de Derechos Humanos de ese gobierno, Jorge Orlando Melo. Otras intervenciones en defensa de Barco, como la de Luis Fernando Isaza han rechazado como calumniosa la afirmación y mendaz y mediocre el ejercicio, destacando el talante liberal y modernizante del expresidente.
Por el lado de la izquierda la reacción ha sido más mesurada, no obstante ser el sector afectado. Si bien hay voces radicales que asumen la columna de Donadío para corroborar el “carácter criminal” de las élites y despacharse contra Barco como genocida, los pocos pronunciamientos de líderes han sido prudentes, recabando en la impunidad, la necesaria reformas de las fuerzas armadas y la doctrina militar y la necesidad de verdad, apartándose de sindicar directamente a Barco.
Aída Abella, senadora y sobreviviente de un atentado como integrante de la UP, a pesar de las bravuconadas del exministro Samudio en un debate, en el que este señaló todo como montajes de la extrema izquierda -con lo que se ha justificado por décadas la persecución a sectores de oposición- lo conminó a comparecer ante la Comisión de la Verdad. Por su parte, el también senador Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado siendo miembro de esa colectividad, asumió la denuncia como insumo para iniciar acciones judiciales.
Mención especial merece un escrito del historiador y exmiembro del Partido Comunista y la UP, Medófilo Medina, quien a la par con contextualizar el ambiente de desistitucionalización y violencia de parte de narcotráfico, paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas, destaca el esfuerzo de paz iniciado por Betancur y proseguido por Barco y la animadversión de los altos mandos aliados con la ilegalidad.
Expone el riesgo a que fue sometida la UP como opción legal respaldada por las Farc y el patrón tradicional de exterminio de los sectores de izquierda que, para sorpresa de muchos, fue iniciado décadas atrás con los atentados contra miembros de la Unión Nacional de Oposición, primera coalición alterativa que desafío al imperante Frente Nacional. Crímenes, como siempre, en casi total impunidad.
La responsabilidad estatal ya fue señalada en fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuel Cepeda y aceptada, con el perdón público ordenado, por el Gobierno de Juan Manuel Santos a través del entonces ministro del interior Germán Vargas Lleras. Luego, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 11.227, Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP) al considerar que “Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo” sobre ese expediente.
“El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6 000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años. Estos hechos fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo y se estableció que los mismos alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas.”
«Por ello, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado en sus dimensiones de respeto y de garantía. El Estado reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha».
En conclusión, por distintas vías, de manera total o parcial, según el caso, y a pesar de la impunidad interna, el Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad en el genocidio de la UP, no obstante que espera, con los cambios producidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reducir una posible condena a responsabilidades difusas, en la abstracción de la estatal, y a reparaciones mínimas y eventuales.
En sus estertores, la Defensa Jurídica del Estado del Gobierno Santos alegó que había sido suya la determinación de someterse a la Corte IDH debido a que no compartía las recomendaciones del informe final de la CIDH, pues pretendía que esta asumiera casos individuales de responsabilidad y reparación como colectivos.
En esa instancia se encuentra un caso de persecución de tal magnitud y violencia que podría ser considerado “acto de exterminio” un crimen de lesa humanidad que en caso de ser condenado el Estado sería precursor en el marco del Estatuto de Roma y cuyo tratamiento aún es inédito.
En conclusión, por distintas vías, de manera total o parcial, según el caso, y a pesar de la impunidad interna, el Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad en el genocidio de la UP, no obstante que espera, con los cambios producidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reducir una posible condena a responsabilidades difusas, en la abstracción de la estatal, y a reparaciones mínimas y eventuales.
A pesar de su ambigüedad, la denuncia de Donadio, centrada en la supuesta determinación por el expresidente Barco de la ejecución del macabro plan de aniquilamiento de la Unión Patriótica, no obstante estar exento de señalamiento en expedientes judiciales y denuncias políticas hasta la fecha, trae al presente la necesidad del esclarecimiento de este y otros episodios tan abominables de la historia nacional.
Más allá de las condenas aisladas, saber si ha hecho parte de una política de contención de la oposición alternativa desde el Estado, el desmonte de los aparatos ejecutores y una orientación democrática de los organismos de seguridad y defensa.
La Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad son escenarios únicos, irrepetibles y trascendentes para que el país conozca las actuaciones que desde el poder y la insurgencia nos trajeron a este holocausto en que a diario matan a lo mejor del liderazgo social y a quienes dejaron las armas, en una venganza atroz, para que se hagan realidad institucional y social los principios de verdad, justicia, paz y no repetición y podamos hablar de un Estado democrático.