Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“Linda adelantaba un importante trabajo político. Estaba pendiente de la comunidad; estaba muy enfocada con las personas adultas, venía trabajando con los adultos mayores de la cabecera municipal. Era alguien que promovía el acercamiento colectivo de los demás líderes y lideresas del territorio”, cuenta sobre la Linda Díaz Romero Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la JAC de Guarumo, Cáceres, Antioquia.
El Bajo Cauca antioqueño es una de las radiografías más graves de la situación de seguridad a nivel nacional. Días atrás a través de Pares se retrataba el panorama de Tarazá, donde hace pocos días fue cometida la primera masacre del año; la primera en un conteo que no se quisiera iniciar, pero que ante la incesante violencia se hace necesario narrar, pues se parte de la visibilización como un acto de reconocimiento que inste a que se atienda estas situaciones.
Hay que iniciar señalando que en esta región desde principios de 2017 hubo una reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI), que como lo identificaban hace algunos meses la y el investigador (a) de Pares Ximena Sierra y Sebastián Mora, la situación obedecía a tres razones:
“(i) Los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. (ii) La desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ´Caparrapos´ (iii) Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa”.
Esto, como se analizaba, llevó a la declaratoria de una guerra que continúa incesante en la región, y que hoy ha dejado a su paso graves hechos victimizantes contra la población civil, casos como la más reciente masacre en Tarazá; desplazamientos forzados; secuestros; amenazas; al menos, diez líderes/as sociales asesinados en lo corrido de 2021, entre ellos/as dos mujeres Mabel Sandra Meneses y Mary Luz Pérez, lideresas sociales y campesinas de Tarazá y El Bagre, respectivamente; entre otros.
A pesar que estos casos han sido denunciados por organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación regionales y nacionales, las acciones han sido escasas o poco efectivas, incluso hace tan solo unos días, tras lo ocurrido en Tarazá, el alcalde del municipio, Ferney Álvarez, – como se han hecho desde distintas instancias-, aseveraba a través de medios regionales, que “en cuatro años no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”.
Lo cierto es que iniciando 2021, y tras cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz, la estrategia para atender los problemas de seguridad es igual; se militariza algunos días, se dice que se investigara, se trata de asumir que en la mayoría de los casos -sobre todo cuando de masacres se trata- es por ajustes de cuentas por el narcotráfico, mientras que las personas siguen siendo asesinadas, y el tejido social en los territorios se ve afectado.
“Estamos en la tormenta perfecta: una explosión de economías ilegales; el precio de la pasta base de cocaína está en $3.000, el del oro también está arriba. Dos, estamos en un empate técnico criminal; ningún actor le gana el otro, y en eso hay una degradación de la violencia. Tercero, hay una ausencia de política de seguridad. Pasaron estos años y el Gobierno no ha entendido lo que significa una política de seguridad en medio del posconflicto. Todo esto en medio de 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”, advirtió Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Linda Díaz, una líder que trabajaba por la comunidad
Este panorama no deja de lado que más allá de lo que digan los análisis, las cifras, estas notas periodísticas, lo que hay detrás de todo esto son vidas, familias, comunidades, procesos organizativos. Por eso, las acciones de las instituciones no solo se requieren para dar reportes o “resultados”, se requieren porque siguen siendo más las personas a las que defender causas comunes les ha costado la vida.
El pasado martes, siendo cerca de las 9 de la noche en el barrio Villa San Roque de Guarumo hombres armados llegaron hasta la vivienda de la lideresa social y política Linda Patricia Díaz Romero, estando allí dispararon en repetidas ocasiones contra Díaz Romero, quien fue trasladada al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, a donde llegó sin signos vitales.
Sobre el caso, a través del diario El Tiempo, el coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que «de inmediato, un cuerpo élite de la Policía Nacional conforma un equipo interdisciplinario en coordinación la Fiscalía General para asumir de manera prioritaria la investigación por estos hechos. De forma muy rápida y propositiva se va a dar con los responsables de este hecho».
“Linda adelantaba un importante trabajo político. Estaba pendiente de la comunidad; estaba muy enfocada con las personas adultas, venía trabajando con los adultos mayores de la cabecera municipal. Era alguien que promovía el acercamiento colectivo de los demás líderes y lideresas del territorio”, contó sobre la Linda Díaz Romero Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la JAC de Guarumo, Cáceres, Antioquia.
Díaz Romero fue aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U, y, así como lo afirmó Peñate, era reconocida por su trabajo comunitario, el cual realizaba de diversas formas, entre ellas como parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, en zona rural de Cáceres.
“Por ser líderes nos tienen como un foco estos grupos armados. En lo que hemos vivido en este año, en el que vamos menos de un mes, es una muerte tras otra. Aquí todos los días es algo nuevo, y no se entiende porqué las autoridades no toman medidas reales; no se sabe si es que no lo ven, o no lo quieren ver. (…) En el municipio se han presentado muchas dificultades y una ve que la guerra se está perpetuando sin que se haga nada. Los grupos como Los Caparros y el Clan del Golfo tienen atemorizada a la comunidad. Diarias son las denuncias sobre amenazas. Los y las lideresas nos encontramos entre la espada y la pared, pues lo que quieren los grupos armados ilegales es demostrar por medio de este tipo de hechos que pueden hacer lo que quieran con nosotros/as”