Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Luego de un año en el que fue constante la exigencia al ministro del Interior, de Defensa al Gobierno Nacional, y las instancias nacionales e internacionales para que se pusieran los ojos sobre la situación de violencia que se vivió a lo largo del 2020 en el país, llegó un nuevo año y el panorama no pareció cambiar mucho, por el contrario, varias de las advertencias que hicieron cayeron en oídos sordos, y hoy muchos de esos escenarios violentos que se alertaron están en auge.
“El año pasado se anunció el deterioro sustancial de la seguridad durante la administración del presidente Iván Duque. (…) Estamos en la tormenta perfecta: una explosión de economías ilegales; el precio de la pasta base de cocaína está en $3.000, el del oro también está arriba. Dos, estamos en un empate técnico criminal; ningún actor le gana el otro, y en eso hay una degradación de la violencia. Tercero, hay una ausencia de política de seguridad. Pasaron estos años y el Gobierno no ha entendido lo que significa una política de seguridad en medio del posconflicto. Todo esto en medio de 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”, aseveró Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Solo se va terminando el primer mes del 2021, y lo cierto es los hechos para alertar sobre las advertencias que se han venido haciendo son del día a día: masacres, asesinatos selectivos, secuestro, atentados, desplazamientos, entre otros, ha sido el panorama y lo que ha dejado la falta de acciones efectivas de un Gobierno al que los reclamos se le han hecho de una y otra forma.
Afirmó Ariel Ávila que: “Vamos a prepararnos para un río de sangre porque parece ser que la política pública no da y el presidente Duque escogió llevar a cabo los objetivos de alto valor, el plan burbuja, coger uno de un grupo criminal, coger otro de otro, hacer ruedas de prensa, dar de baja y con eso pretender llegar a final de año con cierta popularidad, pero eso no soluciona los problemas de criminalidad que tiene Colombia, lo hemos anunciado. Parece ser que este 2021 va a estar pasado por sangre”.
Sobre la estrategia de seguridad que está siendo implementada por el Gobierno Nacional, tanto comunidades, analistas, políticos, gobernantes locales han dicho que no está dando resultados. Tal fue el caso del alcalde de Tarazá, Ferney Álvarez, quien luego de la masacre cometida en el municipio durante esta semana, aseveró que “en cuatro años no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”.
Pues bien, a pesar de estas observaciones a las acciones, que como lo indicaba el subdirector de Pares, son fallidas, con los hechos victimizantes cometidos en este año pareciera que se va a seguir por la misma vía, pues, por ejemplo, tras lo ocurrido en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, la respuesta después de con consejo de seguridad, en el que participaron varias entidades territoriales, fue seguir bajo los lineamientos del fortalecimiento de la capacidad operativa conjunta por medio de la Fuerza de Tarea Aquiles, constituida por el Ejército y la Policía Nacional; en el caso específico de Tarazá.
A poco más de una semana de terminarse el primer mes del año se podría pintar un panorama de lo que significa iniciar un año sin una estrategia de seguridad eficaz, año que además se ve atravesado por ser un periodo preelectoral, lo que pone un agravante adicional, pues como lo indicó Ariel Ávila, “los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”. Imagen: Pares.
Asimismo, y siguiendo bajo la premisa que se está continuando con un plan fallido, hay que señalar que durante todo el mes de enero han sido múltiples los hechos de violencia. Pero ante estos los llamados resultados que se han dado, por ejemplo, solo durante esta semana, han tenido que ver con la incautación de armamento del ELN, así como la dada de baja de alias el Indio, integrante del grupo armado, en hechos que se presentaron en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca.
Por otra parte, recientemente desde el Ejército se informó que tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, lograron la ubicación en zona rural del municipio de Simití, sur de Bolívar, de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca que pertenecería al ELN, frente Héroes y Mártires de Santa Rosa.
Vale la pena cuestionarse, con todo el contexto actual, hasta qué punto este tipo de acciones realmente mitigan los riesgos de la población en relación con la presencia de grupos armados ilegales. Hay que señalar que éstos han doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años; los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Realidad que pone de nuevo sobre la mesa si estas acciones que se adelantan realmente están causando un impacto real en la fortaleza que han ganado estos grupos.
Enero: las alertas se encienden
A poco más de una semana de terminarse el primer mes del año se podría pintar un panorama de lo que significa iniciar un año sin una estrategia de seguridad eficaz, año que además se ve atravesado por ser un periodo preelectoral, lo que pone un agravante adicional, pues como lo indicó Ariel Ávila, “los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”.
Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Se señalaba en ese momento que “la magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días”.
Pues bien, siguiendo esto hay que traer a colación que durante este mes se han presentado hechos como el asesinato del líder político Carlos Erlid González Cortés, exconcejal por el Partido Cambio Radical en el periodo 2016-2019, quien fue interceptado el 10 de enero por hombres desconocidos en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Cerro Rico, jurisdicción del municipio de Buga, Valle.
Adicionalmente, el 16 del mismo mes, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, fue asesinado Fermiliano Meneses Hoyos, líder social y concejal del municipio, misma zona en la que el año pasado la concejal Nancy Santacruz fue amenazada y tuvo que abandonar esa localidad junto con su esposo Norbey Antonio Rivera, quien el 30 de diciembre del 2020 fue asesinado en el barrio La Ladera, en Popayán.
Asimismo, y durante esta semana, fue asesinada Linda Díaz Romero, quien era una reconocida líder social y política en Guarumo, Cáceres, Antioquia. Además, quien había sido aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U.
Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios.
Por otro lado, el 15 de enero se reportó la desaparición de María Camila de la Barrera Núñez, en Montelíbano, ubicado al sur de Córdoba, María Camila, de 25 años, fue hallada sin vida en la mañana del 16 de enero al costado de la carretera que comunica a ese municipio con San José de Uré. Las investigaciones de las autoridades señalan que, presuntamente, María Camila fue sacada de su casa por hombres armados desde el domingo 09 de enero. La joven era hija del actual concejal de Montelíbano, Jhony Jaime de la Barrera Torres.
A todo esto se suma, que además de este tipo de violencia, durante este mes se han cometido, al menos, 12 asesinatos contra líderes y lideresas sociales, 04 contra firmantes de paz y 04 masacres. Igualmente, en lo que va del 2021 desde el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación Sipares se han registrado tres casos de amenaza contra líderes/as de El Carmen De Bolívar, Ciénaga y Arauca, así como los atentados a una lideresa ambiental de Barrancabermeja y contra un grupo de líderes de Tame, Arauca.
Sin dejar de lado, que se han presentados hechos de amenaza directa contra la población civil como lo ocurrido durante esta semana en El Salado (Bolívar), Remedios y Segovia (Antioquia), a donde han llegado panfletos amenazantes, en los que se ponen como objetivo militar a habitantes de estas zonas, o se obliga al abandono de los territorios. Con esto, y como lo proponía Ariel Ávila en su análisis, vale la pena cuestionarse si ante las faltas de acciones desde el Gobierno Nacional, ¿el 2021 también será un año pasado por sangre?