Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente se informó desde la Defensoría del Pueblo que en lo que va del 2021 se han dado más de 200 desplazamientos interurbanos forzados en Buenaventura, motivo por el que solicitó pronta intervención interinstitucional integral inmediata, pues además en los últimos meses la situación de violencia se ha empeorado en esta zona de la costa pacífica.
Se informa desde la entidad que más de 10 familias abandonaron sus viviendas ubicadas en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, en las comunas 10, 12 y 7 de Buenaventura, Valle de Cauca, tras presentarse varios enfrentamientos armados que han puesto el riesgo la vida de los/as habitantes de esta comunidad.
“La Defensoría del Pueblo está realizando un constante acompañamiento a las familias, y adelanta gestiones para que se garantice la protección de la vida e integridad de los habitantes. Ayer, la Entidad asistió al comité de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional, para hacerle seguimiento a la problemática, en compañía de la Procuraduría Provincial y la Personería, donde quedó como compromiso agilizar la toma de declaraciones de las personas que están en situación de desplazamiento”, se agrega en el comunicado.
Sobre este caso hay varios puntos por señalar, entre ellos que esta situación se ha mantenido así, por lo menos, desde finales de 2020, contexto en el que hay que nombrar que específicamente el 30 de diciembre, se denunció que siete personas habían sido asesinadas casi simultáneamente en varios barrios de la zona. Asimismo, durante este día se alertó que hombres en moto patrullaron varios puntos de la Comuna 8 con armas de largo alcance.
Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que “este hecho marcó un nuevo momento de una violencia que no ha cesado. Eso ha venido causando que en varios barrios de Buenaventura se estén denunciado constantes desplazamientos internos y abandonos de casas, pues los enfrentamientos entre fracciones de La Local no han permitió vivir en algunos barrios”.
Ese mismo día, es decir el 30 de diciembre, ocurrió un intento de asesinato contra alias Fidel, quien es un jefe de La Local, una estructura criminal con importante control en Buenaventura. Él sobrevivió y como represalia decidió asesinar a estas siete personas, además de mandar integrantes armados de la organización a patrullar distintos barrios.
En relación con este punto vale la pena mencionar que luego de una acentuada violencia en el primer semestre de 2020, en el que fueron cometidos solo entre abril y mayo 24 de los 78 homicidios que se reportaron durante el año pasado, las dos fracciones de La Local que están en una mayor disputa; los comandados por alias ‘Fidel’ y los de alias ‘Pepo’ habían llegado a un pacto de no agresión, que al parecer terminó con lo ocurrido en diciembre.
Como lo indicaba hace algunas semanas Ariel Ávila a través de El Espectador; “Fidel es el que tiene la ruta de droga hacia Chile, los otros manejan las rutas hacia Centroamérica”. Una de las más graves consecuencias con todo esto, es que al romper el pacto la comunidad ha sido la que ha quedado entre el fuego cruzado.
Escribía el analista que “como en el resto del país, en Buenaventura nadie entiende qué pasa con la Fuerza Pública, su inoperancia es increíble. En la zona rural la situación es peor: hay un avance de la disidencia de Gentil Duarte con el Frente 30 desde el sur, apoyados por la Columna Móvil Jaime Martínez. Además, hay constantes incursiones del ELN en varias cuencas de ríos, atacando poblaciones y cometiendo asesinatos selectivos”.
El 31 de diciembre de 2020 se desarrolló un consejo de seguridad, al que asistieron el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la administración distrital y departamental y autoridades militares y de Policía. En este una de las soluciones dadas desde el Ministerio fue ofrecer una recompensa para quienes permitieran la desarticulación de La Local. Además, las autoridades encargadas establecieron que esta situación se debió a la disputa entre fracciones de La Local por lograr el control del microtráfico, el narcotráfico y la extorsión en Buenaventura.
Por otra parte, y siguiendo lo analizado por Ariel Ávila, el investigador Juan Manuel Torres aseveró que a todo esto se suma que hay una situación que preocupa: “Hay un desplazamiento silencioso por las amenazas, y enfrentamientos entre otros grupos como el ELN y el Frente 30 – Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Además, las condiciones de Buenaventura no son las ideales; por un lado, porque toda la estructura institucional de atención para las personas desplazadas ha venido debilitándose en los últimos dos años y no tiene mucho que ofrecer, por otro lado, tampoco se dan las condiciones en materia de seguridad para la comunidad”. Imagen: Pares.
Insistentes llamados al Gobierno
Como se ha venido insistiendo, esta situación no es nueva, es una de las consecuencias de una serie de hechos que se han mantenido en los últimos meses. Por esto, justamente desde la Alcaldía de Buenaventura se instó al Gobierno Nacional a tener medidas efectivas e integrales para atender esta situación, pues, como se menciona, tras lo sucedido el 30 de diciembre, aunque se tomaron ciertas acciones como las más arriba nombradas, “los esfuerzos desplegados por los cuerpos de seguridad del estado no han sido suficientes”, se lee en la carta enviada al presidente Iván Duque por Víctor Vidal, alcalde del Buenaventura.
El pasado 16 de enero se comunicó desde la Fiscalía General de la Nación que se había capturado 42 presuntos integrantes La Local, a través de 30 diligencias de allanamiento y 5 intervenciones en las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 de Buenaventura. En estas, a su vez, se habría incautado 332 kilogramos de cocaína y armamento como pistolas, revólveres, fusiles, granadas de fragmentación, lanza granadas, escopetas y subametralladoras.
Vale la pena resaltar que, aunque desde la administración local se reconocen estos pasos, se resalta que más allá de estas acciones en Buenaventura urge una Estrategia Integral de Intervención, pues por ejemplo, una de las causas del alto índice de desplazamiento tiene que ver, como lo advierte Torres con “el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, el cual está desbordado tanto por grupos guerrilleros, como por grupos delincuenciales, por eso en las zonas rurales como en las urbanas familias deciden desplazarse para que no se lleven a sus hijos/as. Esta es una de las razones por las que se resalta que estos desplazamientos no son nuevos, sino que han permanecido en los últimos meses de forma silenciosa”.
Con esto, y siguiendo lo señalado por el investigador, vale la pena traer a colación que “todo esto tiene estrecha relación en que hay muchos jóvenes sin oportunidades, constantemente señalados, en una zona donde no hay programas claros de educación ni empleo, lo que termina generando que sea entre ellos mismos que se asesinen, pues terminan entrando como única opción a esta guerra, es decir, son victimarios, pero también víctimas del abandono y racismo institucional. Allá piensan que por poner un coordinador de juventud ya se está trabajando el tema de jóvenes, pero es algo que va mucho más allá”.
Igualmente, hay que advertir que otra de las razones que han llevado a este desplazamiento silencioso son las constantes amenazas a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Con esto hay que nombrar que durante el mes de diciembre fue asesinado Joaquín Antonio Ramírez, líder de comunidades afro y negras e integrante del Consejo Comunitario Pacífico Cimarrones.
El hecho se dio en la casa del líder, ubicada en la vereda El Cedro, jurisdicción del corregimiento Cisneros en Buenaventura. Adicionalmente, en ese mismo año, pero en el mes de febrero se atentó contra la vida del líder Orlando Castillo, quien adelanta procesos de defensa de los derechos de la comunidad a través del Espacio Humanitario Puente Nayero y del Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar.
Todas estas advertencias, en un panorama en el que ya se tiene la crítica realidad de cerca de 200 desplazamientos forzados, van dirigidas a hacer un llamado para que, como se ha solicitado, se creen estrategias eficaces de seguridad y protección a las comunidades, pues la violencia en esta zona no puede continuar en un bucle histórico.