Por: Valentina Jiménez. Asistente de Investigación. Jaime Palma. Investigador Nacional Pares.
A casi un año de haber iniciado la pandemia, la situación de los detenidos continúa degradándose en todo el país. Han pasado 10 meses de pandemia desde que la Corte Constitucional determinara, al evaluar 10 tutelas, que el hacinamiento en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URIs) era del 132,12% y recientemente la Defensoría del Pueblo encontró que el hacinamiento asciende a un 194% con un total de 19.293 personas en los espacios mencionados.
En marzo del año pasado, la Corte también ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad la adopción de protocolos en atención en salud en los centros de detención transitoria con el propósito de prevenir el contagio al interior de estos lugares y, en últimas, dentro de las cárceles.
En consecuencia, el hacinamiento ha incrementado en los centros transitorios porque los traslados hacia los centros de reclusión se retrasan con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio, mientras que se producen mayores vulneraciones a las garantías de trato digno que deberían existir en los primeros, que se encontrarían iniciando este año, peores de lo que ya están las cárceles.
La pandemia ha afectado de forma desigual a las poblaciones más vulnerables y la de los detenidos y privados de la libertad no se quedan atrás. De hecho, serían también una de las más afectadas por cuanto la situación ya era demasiado crítica e inconstitucional desde mucho antes de la emergencia sanitaria y ha empeorado desde el inicio de los confinamientos en marzo de 2020. Imagen: Cortesía.
El alto grado de hacinamiento también es una explicación, en conjunto con la carga impuesta a la policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, de la reducción en el número de capturas que ejecutó la Policía Nacional en todo el territorio y que según los datos más recientes del SIEDCO corresponderían a un total de 172.900 para el año pasado, frente a 234.481 en 2019; es decir, un 26% de capturas menos.
Los hechos que han sido monitoreados por la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado en los últimos meses, además del recorrido que ha hecho el virus por centros de reclusión y detención, se relacionan con varios intentos de fuga y motines que se han tornado más violentos y suelen terminar con heridos o muertos, como el de septiembre en el que nueve jóvenes murieron en un incendio en el CAI de San Mateo, mientras la policía no hacía nada para evitarlo y las madres suplicaban por las vidas de sus hijos. Caso en el que además Pares reveló la presunta existencia de una fuente que asegura que habrían sido los mismos uniformados quienes con manos criminales habrían propagado dolosamente la conflagración.
A finales del mismo mes, también en Bogotá, en la estación de policía de Ciudad Bolívar, en Sierra Morena, ocurrió una protesta en la que hubo enfrentamientos con el ESMAD y varios heridos tuvieron que ser trasladados en ambulancias.
En los centros de reclusión del país los motines y las vulneraciones fueron inmediatos al inicio del confinamiento. El resultado no ha sido otro que un alto número de homicidios de presos, casos que se incrementan en un 150% según el SIEDCO. En los últimos 5 años, habrían ocurrido un total de 119, pero solo en Bogotá, en la noche del 21 de marzo, durante el primer fin de semana de Simulacro Vital, se produjeron 23 casos, o el 51% del total de 45 para 2020, frente a 18 en 2019. En los demás años los casos no suelen superar la veintena.
Algunas cifras del drama carcelario
Las lesiones personales en las cárceles se habrían reducido apenas un 5%, pasando de 1.797 registros en el SIEDCO para 2019, a 1.706 en 2020. Para los totales mensuales de todos los casos del país, las reducciones son significativas desde junio (alrededor del 30%), con la excepción del último trimestre del año donde la reducción fue de tan solo el 4% en octubre, 12% en noviembre y sin variación para diciembre. Por el contrario, los casos estuvieron en una tendencia general al incremento pasando de un 10% de incremento en enero, al 13% en febrero, 29% en marzo, 30% en abril y 3% en mayo, en comparación con el total de cada mes en 2019.
Por su parte, mientras la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana establecía desde diciembre de 2019 que las entidades territoriales deberían dar prioridad a la construcción de cárceles y pabellones de detención preventiva, así como a la asociatividad entre municipios y en esquemas de alianzas público-privadas para contar con mayores cupos, y que el Gobierno Nacional promovería con las entidades territoriales la creación de centros de detención temporal, se requeriría de un extraordinario esfuerzo de inversión para descongestionar este tipo de lugares. Algo que no va a suceder tampoco en este gobierno.
De cualquier manera, lo cierto es que el hacinamiento podría ser del orden del 218% si se tiene en cuenta que entre estaciones de policía y Centros de Atención Inmediata solo habría cupo para 5.942 personas y a enero de este año se calculaba que en estos lugares habrían 17.478; 2.528 condenados y 14.950 imputados.
Para el profesor y jurista Rodrigo Uprimny, es necesario que las acciones institucionales frente al hacinamiento carcelario se construyan a partir de la vinculación sistémica entre la política criminal y el sistema penitenciario colombiano. Es decir, es necesario que la legislación alrededor de las conductas punibles esté pensada de manera orgánica con respecto a la realidad de las instituciones penitenciarias. Esto significa que una política criminal centrada en el punitivismo posee unas implicaciones concretas en la gestión del crimen, en este sentido, dicha posición debe estar acompañada de un equipamiento de infraestructura y presupuesto que permita el funcionamiento digno de las instituciones penitenciarias.
De igual manera, debido a la persistencia de la pandemia en un país que tardará aún mucho tiempo en lograr la vacunación masiva, se requiere un plan de acción efectivo y coordinación a corto plazo que permita superar las condiciones de violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se generan producto del hacinamiento tanto en cárceles como en centros de reclusión transitorios. La pregunta que surge, entonces, es ¿quién debería liderar este rol de coordinación? ¿es el sistema penitenciario nacional quién debe centralizar las acciones para mitigar este fenómeno?
Según la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil (2019), la estrategia del Gobierno en términos de implementación del ‘Plan Nacional de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario’ y ‘el Plan Nacional de Política Criminal’, que buscan hacer frente a la crisis de hacinamiento carcelario en el país, posee al menos dos grandes falencias: el primero tiene que ver con la falta de claridad en las rutas concretas de implementación de acciones que mitiguen este fenómeno en los centros de reclusión; y la segunda, la no reconstrucción de un diagnóstico concreto de la situación de derechos humanos en centros de reclusión y de detención transitoria.
Es necesario pasar de enunciados abstractos a rutas concretas de gestión por parte del sistema penitenciario nacional y de las entidades territoriales, en los que se logre efectivamente disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 en la población privada de la libertad, como erradicar las condiciones de hacinamiento y trato indigno prioritariamente en estaciones de policía y URI, en el entendido de que estos espacios no son hoy los adecuados para cumplir estas funciones.
De igual forma, en el segundo año de pandemia será necesario que las políticas de seguridad prioricen tanto adoptar mayores enfoques de prevención en la comisión de delitos, como fortalecer las políticas de juventud y niñez que permitan reducir la deserción escolar para el indefinido retorno generalizado a las clases presenciales, y para adoptar todas las medidas necesarias para frenar el inicio de carreras delictivas a temprana edad.