Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Como en los tiempos de mayor violencia en Colombia, así fue el fin de semana el Yarumal, luego que se conociera y fuera denunciado que había sido hallado el cuerpo de José Miguel Barrientos Uribe, quien había recibido impactos de arma de fuego y posteriormente había sido degollado en la vereda La Zorra, del corregimiento de Ochalí de este municipio ubicado al norte de Antioquia.
Como se ha relatado, José Miguel, de 39 años, salió el pasado viernes desde su vivienda, ubicada en Ochalí, hacia una finca de la zona en donde trabajaba. En el camino fue interceptado por hombres armados, quienes lo asesinaron. “El cuerpo presentó heridas con arma de fuego en el abdomen que inicialmente le causaron la pérdida de su vida. Posteriormente los criminales lo decapitaron y arrojaron su cabeza en el centro poblado de Ochalí”, comentó a medios de comunicación Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia.
De acuerdo con información oficial el cuerpo de Miguel Barrientos Uribe fue trasladado a la zona urbana del municipio para todas las diligencias de Medicina Legal, así como para determinar por medio de la investigación forense todos los actos primarios del modo, tiempo y lugar de los hechos.
Si bien, hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los responsables de este asesinato, y tampoco sobre a qué grupo armado pertenecerían los implicados, la comunidad sí ha alertado de los constantes hechos victimizantes contra la comunidad, donde implantar miedo ha sido uno de los principales recursos de los grupos armados ilegales para ganar poder en estos territorios.
Hay que traer a colación que el pasado 15 de junio de 2020 en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, fue asesinado el líder social Edier Adán Lopera, presuntamente por Los Caparros, quienes decidieron dejar el cuerpo expuesto en una vía de la vereda Caracolí como un mensaje de intimidación para los habitantes.
El cuerpo del líder, quien hacía parte del Programa Nacional Voluntario de Cultivos de Uso Ilícito y también del Movimiento Político Marcha Patriótica, fue dejado en dicha zona por 09 días, pues como se denunciaba en ese momento desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), debido al régimen de terror que implantó el grupo criminal en Tarazá, ninguna persona se había acercado a levantar el cadáver. Fue hasta el 24 de junio que miembros de la Fuerza Pública pudieron acceder a la zona para rescatar el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal.
Hay que indicar que solo en lo que va del año han sido asesinados/as cinco líderes/as sociales en Antioquia, uno de los departamentos que durante el 2020 tuvo mayores índices de violencia. Además, más precisamente en el municipio de Yarumal, Medicina Legal reportó que durante el 2020 hubo un total de 38 homicidios.
Adicionalmente, durante el año pasado desde la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) se denunciaron los asesinatos de los campesinos Edwin Felipe Posada Olarte de 15 años, y Jaider Erney Villa Vélez, ambos cometidos por el grupo armado posfarc -GAPF- Frente 36 en Yarumal, Antioquia el 19 y 16 de junio, respectivamente. Como se señalaba en el sistema de información Sipares: “este comando (Frente 36) han ocupado militarmente varias veredas en el marco de la operación especial que busca frenar la operación mil quelas AGC están llevado a cabo desde el mes de mayo para ocupar el municipio de Ituango”.
La sombra del paramilitarismo que persigue a Yarumal
Hay que iniciar señalando que en Yarumal hay cerca de 46.000 habitantes, de los cuales 9.874 están registrados como víctimas del conflicto armado. Esta zona históricamente ha estado bajo el control de Los Urabeños, el Clan Úsuga, hoy denominado Clan del Golfo, además tuvo incursiones por parte del Frente 36 de la antigua guerrilla Farc y también del ELN.
Este municipio ha cobrado gran importancia dentro del departamento pues su ubicación geográfica permite que sea es un corredor de narcotráfico clave que conecta con zonas del Bajo Cauca antioqueño como Cáceres, Caucasia y Nechí.
Asimismo, hay que nombrar que en este sector de Antioquia nació en 1992 el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, una estructura conformada por ganaderos y empresarios que contaron con el apoyo de la Policía y otras autoridades del departamento bajo el objetivo de la mal llamada “limpieza social” que a su paso dejó miles de víctimas, y donde ha estado implicado en las investigaciones Santiago Uribe Vélez, quien afronta un proceso con la justicia, que a hoy está en su etapa final.
Adicionalmente, este municipio, y en especial el corregimiento donde se denunció el asesinato de Miguel Barrientos: Ochalí, fue, en uno de los periodos históricamente más violentos, el epicentro de una de las masacres más crueles que han ocurrido en el territorio; pues en esta zona finalizó el 17 de enero del 2000 un “recorrido de la muerte” en el que cerca de 150 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a 16 personas en cuatro caseríos del municipio de Yarumal.
Dejaron cuatro (4) víctimas mortales en su paso por La Quiebra, dos en el corregimiento El Llano, uno más en la vereda La Rivera y por último llegaron a Ochalí, donde luego de reunir a sus pobladores en el parque principal fusilaron a otras nueve personas públicamente.
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Hoy, con riesgo inminente de desplazamiento forzado por parte de los habitantes de Ochalí dados los más recientes hechos, hay que resaltar las palabras Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia, con quien Pares pudo hablar en relación con este panorama.
Pares: Desde el Proceso Social de Garantías ¿cuál es la lectura que se hace de lo que está ocurriendo en Yarumal?
Yesid Zapata: El pasado fin de semana conocimos del homicidio contra un campesino, que luego de varias averiguaciones pudimos comprobar que se trataba de un líder social de nombre José Miguel Barrientos. El análisis que hacemos de esta situación tiene que ver con varias cosas.
En primer lugar, para nadie es un secreto que luego de la firma del Acuerdo de Paz varios territorios estratégicos los tuvieron en cuenta otros actores armados, en este caso como las AGC, para tratar copar y controlar esas zonas; uno de estos territorios en Yarumal, donde además también es muy probable que haya disidencias de las Farc del Frente 18. Lo que indica que seguramente hay una disputa por este sector, donde, además, entre otras cosas, hay mucha minería.
Conjuntamente, en junio del año pasado, nosotros hicimos una alerta desde la sociedad civil advirtiendo que había un plan para expandir los territorios en control de las AGC, ese plan lo denominaban ellos mismos “el plan mil”, el cual consistía en llevar mil hombres armados a esta zona, especialmente a Ituango, para adueñarse totalmente de esta región, cosa que lograron.
Gran parte del territorio de Ituango es controlado de manea total y parcial en algunas zonas por las AGC, lo que ha generado, por ejemplo, el desplazamiento de la zona veredal de Santa Lucía de los firmantes de paz que permanecían allí, asimismo, como el desplazamiento gota a gota de varias comunidades y graves vulneraciones contra la vida e integridad de líderes y lideresas sociales. Este año se presentó el primer homicidio en la vereda Las Cuatro muy cerca de la zona de la que estamos hablando.
Probablemente este plan se quiere expandir a esta parte del norte de Antioquia que coincide con el municipio de Yarumal, y que lo que hacen es implementar estrategias y agresiones muy crueles contra la comunidad en general. En Ochalí, por ejemplo, no solo se ha presentado este hecho, sino que constantemente hay desplazamientos de líderes/as, amenazas y asesinatos que lamentablemente demuestran que hay un Estado que no está protegiendo a la población, no está brindando garantías de seguridad y de no repetición.
Igualmente, a pesar de la situación ampliamente advertida tanto en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como las denuncias que hemos hecho desde la sociedad civil, estos hechos parecieran que se volvieron parte del paisaje porque no hay respuestas contundentes.
Pares: Teniendo en cuenta el ejercicio que se hace desde el Proceso Social de Garantías, ¿cuáles son los efectos que este tipo de intimidaciones trae para las y los defensores de Derechos Humanos en una zona como Yarumal donde son de vital importancia estos ejercicios de acompañamiento y veeduría, teniendo además en cuenta el contexto histórico de esta zona?
Y.Z: Muchos hablan de que este hecho recuerda la llegada de Los 12 Apóstoles a este municipio. Para nosotros el paramilitarismo nunca ha dejado de existir Yarumal. De hecho, controlan gran parte de las zonas urbanas del municipio e inciden en dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas.
Con este nuevo hecho lo que nosotros creemos es que es una demostración no solo de poder, sino de que están ahí, de que quieren nuevamente controlar esta zona donde probablemente hay presencia de las disidencias, y donde posiblemente también haya algunos sectores o personas a quienes la presencia de líderes o lideresas les incomoda por intereses que tienen sobre el territorio.
A esto se suma la falta de garantías para las y los defensores que de por sí ya hay, pues aquí también hay una intención de callar el movimiento social, pues es este el que ha sido por años víctima directa de toda esta violencia por parte de actores enemigos de los intereses comunes, por eso es muy probable que quieran someter las juntas de acción comunal, las personas líderes y lideresas, y también quieren imponer sus propias reglas en esta zona y eso va a tener graves repercusiones en términos de democracia y participación.
Aquí es necesario mencionar que el primer responsable de que todo esto esté pasando es el Gobierno nacional y departamental, porque son zonas sobre las que se han hecho advertencias, son además puntos en los que la violencia sigue siendo una constante y no se encuentra una acción real del Estado por tratar de controlar esta situación que está en una crisis total, que quieren dejar en el negacionismo, lo que a nuestro modo de ver los convierte en cómplices.
Pares: Hoy 01 de febrero, luego de lo ocurrido, ¿cuál es la situación precisa en Ochalí?
Y.Z: La gente está con mucho miedo, con mucha zozobra, y a su vez esto ha generado un total repudio de la población. Nosotros tememos que después de eso se presenten desplazamientos masivos o individuales, y que de nuevo el papel del Estado quede nuevamente relegado a lo que los grupos armados quieran imponer.
Adicionalmente, durante el fin de semana aparecieron unas pintas alusivas a las AGC en el sector conocido como Mina Vieja, esto queda a 10 minutos del casco urbano de Yarumal, lo que sigue demostrando que son ellos quienes están controlando la zona y de que no hay una institucionalidad interesada en el territorio.