Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares.
Como lo señaló la Jurisdicción Especial para la Paz, el inicio del año 2021 ha sido el más violento que se ha vivido en el país tras la firma del Acuerdo Final de Paz, hace ya cuatro años (JEP, 2021). La Sierra Nevada de Santa Marta no escapa a estas lógicas, pues desde mediados de 2020 las comunidades que habitan allí han denunciado el incremento de la presencia de grupos armados organizados (GAO) dentro del territorio, así como su injerencia en el fortalecimiento de economías ilegales en la región. Estas violencias se han focalizado en las personas líderes y defensoras de Derechos Humanos.
La pandemia que se recrudece en el país
La noche del domingo 24 de enero, un grupo de aproximadamente diez hombres fuertemente armados atacaron a cerca de 30 autoridades indígenas de la comunidad Kogui quienes planeaban reunirse en el corregimiento de El Palmor, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
Tras preguntar por tres (3) líderes a quienes presuntamente querían llevarse, los desconocidos amenazaron y golpearon a los asistentes, instándolos a abandonar el territorio bajo la amenaza de agredirlos nuevamente. Al día siguiente, un grupo de indígenas y líderes entre quienes se cuenta al gobernador del cabildo Kogui para el departamento de Magdalena, Atanasio Moscote Gila, interpusieron las denuncias correspondientes para activar los mecanismos de respuesta necesarios para salvaguardar su vida e integridad.
A esta crisis en cuanto a la atención que reciben los líderes y lideresas ante los ataques que se comenten en su contra, se suma la estrategia gubernamental para desmantelar los GAO en la región, la cual ha demostrado ser insuficiente hasta el momento. Imagen: Pares.
A este hecho se suma el ataque hacia la lideresa Yubitza Robira Monsalve, directora de la fundación Tejiendo Cultura Caribe, ocurrido el pasado lunes 18 de enero, cuando cinco hombres armados la agredieron físicamente mientras ella se encontraba trabajando en su parcela ubicada en la vereda Sierra Morena, del corregimiento El Palmar, y la amenazaron para que dejara la región.
Al día siguiente de este suceso, la seccional Atlántico de la fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denunció que Yubitza tuvo que desplazarse de Ciénaga con la ayuda de otras defensoras de la región ante la falta de respuesta institucional.
Pero este no es el único acto de violencia cometido contra ella, quien es reconocida en la región por hacer parte de la oficina PDET de Ciénaga desde donde asesoraba proyectos de mujeres referentes a la implementación del Acuerdo de Paz en la Sierra Nevada: durante el mes de septiembre de 2020 su nombre apareció en un panfleto en el cual se la acusaba de ser colaboradora del GAO Los Pachenca.
Un legado que azota a la Sierra Nevada
Para los líderes y lideresas sociales que habitan la Sierra Nevada, a la incertidumbre generada por el panorama de vulneración contra ellos en el país, cuyo principal -pero no único- repertorio han sido los asesinatos selectivos que hoy alcanzan la cifra de 517 casos según el Sistema de Información SIPARES, se suma la preocupación por la posibilidad de que renazcan formas de violencia vividas en el pasado. Un día después del ataque a la comunidad Kogui, Hernán Giraldo Serna, cabecilla del bloque Resistencia Tayrona de las AUC conocido como “El Taladro”, fue deportado a Colombia tras pagar una condena de doce años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La llegada de Giraldo Serna, conocido por ejercer control territorial mediante el abuso sexual a menores de edad, ha generado zozobra entre la población civil, pues como indicó la defensora de Derechos Humanos Norma Vera Salazar al diario Infobae en días anteriores, este criminal “fue extraditado, pero nunca se fue del territorio” dado que sus familiares han estado involucrados con las estructuras armadas heredas del paramilitarismo que ejercen control en Santa Marta y por ello “hoy usted ve que en territorio la gente anhela la “llegada del Patrón, porque el Patrón si pone orden”. Muestra de ello son las palabras que los atacantes le dijeron a Yubitza ese 18 de enero, consignadas en la denuncia del CSPP: “5 hombres armados […] manifestaron la siguiente amenaza: que tenía que respetar pues ya volvía el “El patrón”.
Esta mención de Girado Serna, en conjunción con los ataques que se están presentando contra mujeres líderes y defensoras en el departamento del Magdalena desde 2020, incrementa el escenario de preocupación para ellas dado que el accionar paramilitar en la costa atlántica tuvo unas afectaciones diferenciadas por condiciones de género, debido a la saña que esas estructuras tuvieron sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Las más recientes denuncias junto a los datos del SIPARES, según los cuales durante enero de 2020 y enero de este año se registraron seis casos de asesinatos selectivos y desplazamientos contra líderes y lideresas sociales de Santa Marta, demostrarían la configuración de un posible escenario de vulneración particular contra las mujeres. A esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que, de esos seis casos, cuatro afectaron a mujeres; de esos hechos sobresalen el asesinato de la defensora Pierangelly Hugueth Henriquez, el 8 de junio, y el asesinato de la lideresa comunal Rita Rubiela, Bayona el 25 de agosto.
Ante la llegada del exjefe paramilitar, autoridades locales y regionales solicitaron desde inicio de este año al gobierno nacional una atención especial a lo que sucedería en el departamento en medio de un consejo de seguridad que se realizó en Santa Marta que contó con la presencia del recientemente fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
En ese espacio se solicitó la implementación de un plan de contingencia que incluyera a diferentes actores y sectores para responder a las afectaciones que pudiesen cometerse contra la población, y para poder garantizar la protección del liderazgo social en la zona. Sin embargo, los compromisos adquiridos entonces no se tradujeron en acciones concretas que garantizaran dicha protección y bienestar.
Las más recientes denuncias junto a los datos del SIPARES, según los cuales durante enero de 2020 y enero de este año se registraron seis casos de asesinatos selectivos y desplazamientos contra líderes y lideresas sociales de Santa Marta, demostrarían la configuración de un posible escenario de vulneración particular contra las mujeres. A esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que, de esos seis casos, cuatro afectaron a mujeres; de esos hechos sobresalen el asesinato de la defensora Pierangelly Hugueth Henriquez, el 8 de junio, y el asesinato de la lideresa comunal Rita Rubiela, Bayona el 25 de agosto. Imagen: Pares.
Las respuestas que se siguen mostrando ineficientes
El incremento de estas vulneraciones había sido señalado por la Defensoría del Pueblo desde tiempo atrás mediante la Alerta temprana N°044 de 2020, en la que se especifican los riesgos que corren los y las defensoras y lideresas del departamento de Magdalena, haciendo especial énfasis los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Santa Marta.
La Defensora Regional del Pueblo, Nayara Vargas, aceptó el aumento de agresiones hacia las mujeres y la reactivación de denuncias ante las recientes amenazas que se han vivido en la región, y esta entidad publicó un comunicado en el que anuncia que activó la ruta de protección ante el ataque a las autoridades indígenas de la comunidad Kogui. Pese a ello, las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que tienen presencia en la región sobre la falta de acompañamiento por parte del Estado, como ocurrió en el caso de Yubitza, evidencian la escasa operatividad de estas rutas.
A esta crisis en cuanto a la atención que reciben los líderes y lideresas ante los ataques que se comenten en su contra, se suma la estrategia gubernamental para desmantelar los GAO en la región, la cual ha demostrado ser insuficiente hasta el momento.
Todos los elementos están dados en la Sierra Nevada para que, si ambas políticas no tienen un viraje que focalice y priorice las realidades de las poblaciones civiles y de las personas defensoras de Derechos Humanos, haya una verdadera crisis de derechos en la región. Adicionalmente, el papel de las instituciones frente al juzgamiento y condena de Giraldo Serna por los crímenes cometidos en su rol de jefe paramilitar determinaran el clima social de la Sierra y el panorama de las conflictividades que vivirán quienes habitan este lugar.