Por: Redacción Pares.
Este jueves se conoció que el gobierno del presidente Iván Duque y algunos de los órganos de control como la Procuraduría General en cabeza de Margarita Cabello, la Defensoría del Pueblo bajo la dirección del cuestionado Carlos Camargo y el fiscal general Francisco Barbosa le han dado un golpe brutal a la democracia colombiana, tal y como lo denuncia Ariel Ávila, subdirector de Pares.
La decisión del gobierno se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de la Nación. A través de un mensaje publicado hace unas horas, la Fiscalía General indica que, de ahora en adelante, esa oficina «es la única entidad de Colombia que puede poner a sus investigadores inmediatamente en terreno, para determinar sin especulaciones quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado crimen en el país.»
#ATENCIÓN | La Fiscalía General de la Nación, la @PGN_COL, la @DefensoriaCol, el @mindefensa y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República suman esfuerzos para unificar la información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país. pic.twitter.com/drxYL1PtTW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 3, 2021
Esta es una decisión muy peligrosa, señala Ávila. El analista explica que, bajo el argumento de unificar las cifras sobre asesinatos y victimización a líderes y lideresas sociales, el poder absoluto del manejo de cifras correspondientes a la violencia y victimización sobre líderes y lideresas sociales en el país, queda en manos de la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa.
En palabras de Ávila «Le quitan ese trabajo otra vez a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que hacen seguimiento al tema de derechos humanos y de protección de líderes y lideresas sociales. ¿Por qué? seguramente porque eso significa que van a reducir la cifra y van a comenzar a escrutar quién era y quién no era un líder social.«
Eso significa que la Defensoría del Pueblo, entidad que hasta el momento era que tenía la responsabilidad de la verificación de las cifras de acciones criminales contra líderes y lideresas en los territorios. ya no será la encargada de realizar esa función. «Quiere decir que hacen a un lado a la Defensoría del Pueblo y desde ahora lo que diga el fiscal Barbosa sobre victimización es lo que se va a tomar como cifras oficiales. De esa manera se van a reducir, seguramente, estos indicadores y nos quedaremos sin saber la verdad, la realidad sobre esta violencia que carcome al país», puntualiza Ávila.
Quitarle estas funciones a la Defensoría del Pueblo y minar la independencia de los órganos de control al nombrar en ellos a miembros de la coalición de gobierno, es una amenaza directa contra la democracia colombiana. «Para esto se prestó Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Igual que Margarita Cabello, que logró aplazar por cuarta vez la audiencia de Eduardo Pulgar (…) Para eso la coalición de gobierno eligió a los órganos de control, para darle un golpe a la democracia«, concluyó Ávila.
Esos son golpes duros a la democracia, son golpes duros para la separación de poderes. Nos avocamos a más de una año de un gran sesgo al control de la vida pública, un gran sesgo en la vigilancia de las actuaciones del Gobierno Nacional, y esas cosas tendrán que recaer en organizaciones de la sociedad civil. «La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en los próximos dos años para vigilar el poder desde abajo, con todas las limitaciones y dificultades, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, enfatizó León Valencia, director de Pares.