Por: Juan Mateo Arango. Asistente de Investigación. Jaime Palma. Investigador Nacional Pares.
El pasado 6 de enero, en su columna de El Espectador, Ariel Ávila advertía de la situación de inseguridad en la comuna 6 de Buenaventura, por cuenta de disputas internas de ‘La Local’ que habrían iniciado hacia finales de diciembre, después del intento de asesinato de alias ‘Fidel’. Un mes después, las confrontaciones se desplazaron hacia la comuna 7, a causa de la guerra entre dos estructuras de ‘La Local’, que según la Policía Nacional estarían encabezadas por ‘Diego Optra’ y ‘Fidel’ quien se habría asociado con ‘Los Espartanos’ desencadenando una guerra contra ‘Los Shotas’.
Si bien dentro de las pocas cartas que pudo mostrar la institucionalidad, en el más reciente Consejo Extraordinario de Seguridad del pasado 7 de febrero, se cuentan las más de 90 capturas en enero de 2021, las cifras contrastan con los totales de 2020 que, según el SIEDCO, correspondieron a 50 capturas en el mismo mes, y a 96 en enero de 2019. Es decir, la operatividad relacionada con las capturas se asemeja a totales mensuales que ya se han presentado en otras vigencias de 2019, sin el anuncio de un plan especial de intervención de la Fuerza Pública.
Conclusiones del Consejo de Seguridad
El pasado 31 de diciembre el entonces Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo comunicaba las conclusiones del Consejo de Seguridad que se desarrolló después del asesinato de seis (6) personas en una sola noche en la ciudad:
1. Recompensa de 100 millones para el cartel de los más buscados y desmantelamiento de ‘La Local’, para lograr las capturas de ‘Fidel’ ‘Negro Menor’, ‘El Titi’, ‘El Negro’ ‘Shuma’ y ‘Yemmil’.
2. La Policía Nacional adelantaría un plan especial de intervención contra el crimen organizado con apoyo de las Fuerzas militares. Apoyo de un grupo especial de investigación de la DIJIN e Inteligencia.
3. Centro integrado de inteligencia operacional para establecer estrategias de intervención directa a estructuras criminales.
4. La Fiscalía designó a dos fiscales especializados para investigaciones contra autores de homicidios y desmantelamiento de organizaciones.
5. Ejército Nacional enviará un destacamento de fuerzas especiales para adelantar operaciones coordinadas en apoyo a la Policía y a la Fiscalía Seccional.
6. Instalación de comando situacional a cargo del comandante de policía de Departamento.
7. Mantenimiento del componente de Policía Nacional de 130 policías asignado para el plan de navidad, hasta finalizar enero de 2021 y envío de dos drones para apoyar actividades de vigilancia e inteligencia.
8. Incremento de las operaciones de inteligencia de la Fuerza Aérea, como apoyo a las operaciones de Policía, Armada, y Ejército en Buenaventura.
9. La Armada actualizará y reforzará el Plan Centinela para mejorar capacidades de vigilancia y control marítimo y fluvial.
10. La Gobernación aportará recursos para mantenimiento y reparación del parque automotor de la Policía Nacional asignado a Buenaventura.
11. La Armada realizará el estudio para instalación de un batallón de policía militar en la ciudad.
12. Dotación de más cámaras de vigilancia y seguridad para Buenaventura.
Se puede afirmar, en consecuencia, que después de un mes de recrudecimiento de la violencia en el puerto, las determinaciones fueron insuficientes para frenar el grado de control social y de desarrollo organizacional que han adquirido los grupos criminales en la búsqueda de control sobre las rentas ilegales del puerto. El grado de violencia fue tal que según datos del SIEDCO en enero de 2019 el total de homicidios fue 9, en el del año pasado fue 7, y en este enero se habrían triplicado a 21. Una cifra mensual bastante alta si se tiene en cuenta que los casos totales de Buenaventura del año pasado habrían sido 111; es decir, cerca del 19% de casos en un solo mes con respecto al total de 2020.
A esto se suma la tragedia humanitaria que, en conjunto con un destacado ejercicio de resistencia juvenil, logró llamar la atención de todo el país durante este fin de semana por la situación en Buenaventura. Mientras que para finales de enero se registraban ya 200 casos de desplazamiento forzado, el viernes de la semana pasada el personero Edwin Patiño afirmaba que “en los últimos días se nos está presentando un desplazamiento de familias especialmente en la comuna 7 de Juan 23, tenemos a 17 familias que han tenido que salir por el miedo y la incertidumbre”.
La Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, sin embargo, recibió reporte durante el fin de semana de líderes que no lo habían logrado y que no les quedó otra que resistir encerrados en sus casas mientras soportaban angustiados las balaceras que se produjeron en la noche del sábado después de un recorrido encabezado por el Alcalde y la Fuerza Pública.
Al tiempo, el presidente Iván Duque posesionaba al novato Ministro de Defensa, Diego Molano, y le encargaba como principal tarea el desmantelamiento de las organizaciones criminales en Buenaventura. Sin embargo, quien tubo que presidir el Consejo de Seguridad del domingo fue el Ministro del Interior Daniel Palacios, y las nuevas determinaciones se relacionan más con acciones de seguridad y fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, que con un plan integral claro para dar solución a los múltiples problemas estructurales y de abandono que vive el puerto. Eran precisamente este tipo de propuestas las que esperaban quienes se manifestaban en Buenaventura de parte de esta cartera, ya que el Ministro de Defensa no iba.
Mientras Palacios anunció las acciones de seguridad y defensa, la Gobernadora del Valle destacó que los compromisos de inversión social del Paro Cívico se seguirían cumpliendo, con un monto de hasta 6 billones que aportarían entre todas las instituciones. A pesar del anuncio, resulta claro que la situación de derechos humanos en el puerto después del Paro no ha mejorado, por el contrario, se ha deteriorado.
Capturas y recompensas
Así como ocurrió con la situación de seguridad después de las determinaciones de diciembre. En primer lugar, Palacios anunció el incremento a $200 millones del plan de recompensas, pero incluyó en la lista a ‘Mapaya’, y ‘Pepo’, que no estaban en el reporte de diciembre del Ministro de Defensa, y los incrementos serán cubiertos por la Alcaldía y la Gobernación. De hecho, si bien en el marco del plan intervención se ha producido varias capturas, solo se habría capturado a alias ‘El Negro’ de los que están en el cartel de diciembre.
Debe observarse también que ni siquiera las capturas de los cabecillas más importantes serán garantía para frenar a la delincuencia en Buenaventura. Por ejemplo, no se puede pasar por alto que, aunque la fuerza pública ha logrado a afectar estructuras como las de ‘Julito’ y ‘Optra’, en la cárcel desde abril y octubre de 2020, los cabecillas han logrado mantener actividades ilegales aun estando recluidos.
Como resultado del Plan, sin embargo, se han producido capturas de otros miembros que, si bien ejecutaban funciones dentro de ‘La Local’ en materia de microtráfico y extorsiones, no formaban parte del Cartel de los más buscados. Entre ellos, se pueden contar las capturas reportadas por la Fiscalía de un presunto cabecilla ‘Himpo’, ‘Chinga’ (su jefe de escoltas), ‘Osama’, ‘Monirri’, ‘Mono Pato’, ‘El Viejo’ y otros miembros acusados de ser extorsionistas como Jonathan Gamboa Rentería, Ronald Mosquera Rodríguez y Edwin Harley Banguera.
Asimismo, recientemente ocurrió la baja de Juan David Ortiz ‘Chuky’, quien se presume era miembro de gran importancia de ‘La Local’ y hombre de confianza de ‘Mapaya’. El general Rodríguez comunicó este resultado después de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y ‘Los Espartanos’, como parte del esfuerzo de la Policía en el marco del Plan, en el que además de 93 capturas se han registrado 11 allanamientos, dos neutralizaciones y la incautación de 71 armas de fuego, equipos de comunicación y 324 kilos de clorhidrato de cocaína y 2.890 gramos de marihuana.
En las capturas suelen ocurrir, además, incautaciones de armas pesadas, municiones y explosivos, lo que es reflejo de la sofisticación de armamento que tienen organizaciones como ‘La Local’, y arroja pistas sobre la magnitud del tráfico de estos elementos en la ciudad.
Los logros dentro del Plan de Intervención, sin embargo, resultan ser limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. Al respecto, no se puede obviar que las denuncias de la comunidad Bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino a recorrer para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras.
En segundo lugar, el total de incremento de 250 hombres de la policía, corresponden, en realidad, a la prolongación de los 130 que están en Buenaventura desde el plan de navidad, más 120 que se sumarían en conjunto con 2 destacamentos de Fuerzas Especiales del Ejército, un pelotón de reconocimiento especial de la Armada y drones, para un total de 1.200 hombres. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y el INPEC asumen desde el domingo el traslado de 100 reclusos detenidos en Buenaventura y en definitiva continúa el Plan de Intervención de diciembre.
Con estas decisiones lo que ha quedado en evidencia es que las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran en duda frente al poder que han adquirido los diferentes actores criminales en el puerto, y las evidentes sofisticaciones en armamento con las que cuentan.
Las conclusiones del Consejo de Seguridad del 7 de febrero solo son más de lo mismo, y tomará todavía tiempo evaluar si los refuerzos para la Fuerza Pública lograrán garantizar el control territorial en todas las comunas de Buenaventura y desmantelar la criminalidad, como base para el cumplimiento de los compromisos del Paro y para la solución de los problemas estructurales que seguirán afectando, por larga data, la vida de los bonaverenses.