Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En Antioquia las alertas siguen encendidas. Recientemente desde la Organización Indígena de Antioquia –OIA- se advirtió que cerca de 2000 personas de los resguardos indígenas Río Murindó y Río Chageradó estaban confinadas, pues les habían anunciado que en el camino que conectaba a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales.
Desde la organización se advirtió que estas minas habían sido puestas cerca de los cultivos de pan coger, y a los alrededores de las escuelas de estos resguardos, por lo que esta situación significa un riesgo inminente para los pobladores de esta zona, que además se encuentran en uno de los departamentos con mayores índices de violencia, donde solo en este año ha sido uno de los puntos del país con mayores casos de desplazamientos forzados, amenazas, enfrentamientos armados, masacres y asesinatos de líderes/as sociales.
En el comunicado enviado el 06 de febrero desde la OIA se instaba al Gobierno Nacional y Departamental para que se convocara a una misión de acompañamiento permanente y de carácter civil que atendiera la situación, pues además del riesgo a la vida e integridad física de estas comunidades, también hay una alerta por un posible desplazamiento masivo forzado y por el desabastecimiento, pues las minas están siendo instaladas cerca de cultivos y además se tiene miedo a transitar estos caminos.
Tras esto, hace poco, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que “se tendrá un avance en el desminado militar, porque el llamado desminado humanitario actualmente no podría desarrollarse, puesto que sólo se autoriza cuando se haya confirmado la no presencia de grupos armados en el territorio”.
Un recuento de la violencia
No obstante, hay que señalar que estas alertas no son nuevas. Por un lado, desde la OIA se resaltó que desde el 2019 se ha avisado sobre la incursión de miembros de grupos armados ilegales en los resguardos indígenas de Murindó, Urrao, Dabeida, Frontino, Vigía del Fuerte y en el Bajo Cauca.
Por otra parte, en abril de 2020 desde la Defensoría del Pueblo se emitió la Alerta Temprana 014 “debido al elevado riesgo que afrontan las once comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó en el municipio Murindó, Antioquia, ocasionado por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI”. – Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), Mina antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE)-.
Hay que nombrar que Murindó –donde los recientes hechos se le atribuyen al ELN- , es un municipio ribereño del río Atrato, el cual limita al norte con el Carmen del Darién, Chocó; por el oriente con Dabeiba y Frontino, Antioquia; y por el occidente con Vigía del Fuerte, Antioquia. Además, la mayoría de su territorio está altamente poblado por comunidades indígenas y afrodescendientes (97.7%), pertenecientes a los resguardos Río Murindó, Río Chageradó y de los Consejos Comunitarios COCOMACIA y PDI.
Además, la economía de dichos resguardos se sustenta del aprovechamiento de madera, la agricultura, la cría de especies menores, la caza y la pesca. Pero como se menciona desde la Defensoría del Pueblo: “existe una seria preocupación por el incremento de cultivos de uso ilícito, que paulatinamente se convierten en el renglón más importante de ingresos en el municipio”, en donde, como se mencionaba más arriba, hay constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, quienes ejercen control social en este sector, restricciones a la movilidad y el involucramiento en dinámicas relacionadas con el proceso de producción de pasta base de coca.
Adicionalmente, desde 2019, año en el que tanto la Defensoría como la OIA alertaron a las autoridades locales y nacionales de los riesgos en esta zona, se reportaron varios hechos, como el incidente con un artefacto explosivo, el 27 de agosto, en el camino que comunica la comunidad de Llano con Chibugadó, en el resguardo Chageradó.
Mientras que en noviembre de ese mismo año. Maykel Edwardo Medina Riasco, un poblador de esta comunidad, fue víctima de un accidente con mina antipersonal en límites entre Murindó y Carmen del Darién. Solo un mes después se alertó sobre el avistamiento de artefactos explosivos en la comunidad de Islas (resguardo Murindó) y la activación de artefactos en Chageradó.
Iniciando 2020, el 24 de febrero, se denunció un ataque con explosivos a miembros del Ejército Nacional que se encontraban patrullando en la vereda Turriquitadó al sur de Murindó. En este caso, en el que fue implicado el ELN, tres soldados resultaron heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para las respectivas atenciones. Hay que señalar que pocos días antes, en el Resguardo Río Murindó fue asesinado Otoniel Cuñapa Domingo, un joven de 17 años que pertenecía a la comunidad de Alto Guayabal del Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó, jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, Chocó.
En marzo se intensificaron los combates entre las AGC y el ELN en el resguardo Río Murindó , en los que se le impidió a la comunidad salir de sus casas, se detonaron artefactos explosivos, igualmente, a la población civil se le señalaba por ambos grupos de ser colaboradora del bando contrario, generando situaciones de zozobra y peligro inminente.
En ese mismo mes dos menores de 12 y 17 años fallecieron tras ser víctimas de una mina antipersonal, en hechos ocurridos en el resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino.
Abril llegó con el confinamiento de 475 familias, aproximadamente 2.129 personas, pertenecientes a la comunidad indígena en Murindó; esto tras la amenaza y alerta de artefactos explosivos en el territorio. Poco después, también en esta zona, una joven indígena de 16 años fue reclutada por el ELN y obligada a instalar una mina antipersonal que le detonó en las manos.
Desde agosto, – cuando parte de una familia Embera cayó en un campo minado en zona rural del municipio de Dabeiba, causando la muerte del padre y heridas graves a su esposa e hija-, y hasta noviembre, fueron constantes los confinamientos en las zonas aledañas a Murindó, además en esos meses se continuaron registrando personas heridas a causa de detonaciones.
Todo esto llevó, como nombraba desde la Defensoría, a que se generara “una exacerbación de las condiciones de emergencia humanitaria declarada por las comunidades indígenas del municipio de Murindó, caracterizada por deficiencias en el acceso a insumos básicos para su alimentación, toda vez que los enfrentamientos armados y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI les impide la libre movilidad, el acceso a sus cultivos y el desarrollo de prácticas tradicionales como la caza y la pesca”.
En estrecha relación con la situación actual, hay que trae a colación que ante este panorama de violencia y ante la solución de llevar Fuerza Pública para desminar y evitar el desplazamiento de las comunidades, las autoridades étnicas advirtieron en el 2019 que solicitaban que el Ejército Nacional de Colombia no ingresara a sus territorios a adelantar estas labores, “toda vez que consideran que la presencia de cualquier grupo armado exacerbaría su condición de riesgo y amenazaría gravemente sus derechos fundamentales, concretamente su derecho a la vida, a un ambiente sano y a la autonomía del territorio”.
Las acciones de ahora
Como se mostró esta situación no es nueva, y sin embargo, a pesar de las distintas advertencias el panorama no parece cambiar ni estar recibiendo la suficiente atención, incluso pareciese que las alertas y solicitudes hechas estuvieran cayendo en oídos sordos. Pues la solución a lo recientemente denunciado no está en relación con lo que hace pocos días se pidió, cuando desde la OIA fueron enfáticos/as aseverando que: “los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”.
Así, la acción desde las comunidades indígenas de Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida , fue declararse en minga permanente para exigir la armonización territorial, y continuar su lucha por el derecho a la vida y el respeto a sus territorios y costumbres.
Por lo que se comunicó que entre el 11 y 16 de febrero se hará un recorrido general por las comunidades del resguardo Rio Murindó y Rio Chageradó. Pues, como se indicó desde la OIA, “como pueblos indígenas elevamos nuestra voz de protesta y rechazo por el abandono no estatal con las comunidades del Atrato Medio. (…)Salimos a Minga por la Armonización Territorial, como un ejercicio ancestral que siempre hemos realizado, en uso de nuestras facultades legales y de nuestros principios rectores, Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía y convencidos de que la paz es el camino hacia la construcción de mayores garantías para la conservación de la vida y los ecosistemas presentes en nuestros territorios”.