Por: Laura Cano. Periodista Pares.
“Desde MAFAPO nos encantaría que estos militares que siguen dando sus versiones, y quienes las darán, realmente puedan aportar a que se conozcan otros casos, a que sepamos dónde están sepultados los muchachos, dónde los reclutaban, pues finalmente lo que siempre ha atravesado estos hechos es que lo que se quería es que nunca supiéramos dónde estaban, qué había pasado. Entonces, hoy, nadie más que los militares implicados son los que realmente saben en cuántos casos participaron”, Jacqueline Castillo, integrante de MAFAPO.
Hoy se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- reconocía que durante el periodo de 2002 y 2008 fueron cometidas, al menos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate. Lo que incluso significa , aun con la crítica cifra presentada por la Fiscalía, la cual exponía que eran cerca de 2.248 víctimas, que ésta más reciente casi que la triplica, más exactamente se está hablando 4.154 casos más.
También hay que mencionar que el 78% de los hechos que se han presentado históricamente se concentran durante los años de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Además, el 66% de los casos que hoy se conoce ha identificado la JEP, ocurrieron en diez zonas del país, entre las que están Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que a su vez son territorios priorizados por donde comenzará la primera fase de investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
A la fecha la Jurisdicción ha dado varios pasos sobre estos hechos, por ejemplo, se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Asimismo, se han identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables. Además, se han recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas de estos hechos, entre ellas de MAFAPO.
A la par de esto también han sido innumerables los pasos dados por las organizaciones sociales que han estado haciendo pulso ante una institucionalidad negacionista, que ha querido por años defender y legitimar acciones que a toda luz y con el pasar de los años han demostrado ser de lesa humanidad, y que ahora, además, se enfrentan a esa misma institucionalidad que ha hecho esfuerzos por acabar con la JEP, la misma Jurisdicción que hoy demuestra que las víctimas de estos hechos son más de las que registran otras entidades estatales, que incluso, como han insistido organizaciones como MAFAPO, pueden ser más de 10.000, pues si por algo estuvieron marcados estos periodos fue por el miedo que representaba -y representa todavía- poner una denuncia, y por las represalias de las que muchos/as temían ser víctimas.
Lo cierto es que con todo esto la defensa para conocer la verdad y para que se haga justicia siempre ha estado en millones de familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, y por eso es necesario destacar los avances de la JEP, que aunque dolorosos son necesarios, así como la incansable lucha e insistencia de quienes se han enfrentado a un sistema y a unos intereses que se han opuesto a la verdad.
Por esto desde Pares hablamos con Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, una de las víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Jacqueline Castillo, hace parte y es representante legal de MAFAPO, la organización que por 12 años ha levantado la bandera de la lucha de millones de madres, hermanas, tías, para que haya justicia en cada uno de los casos de quienes fueron asesinados para que militares mostraran “resultados”.
Pares: Desde MAFAPO, que por años han insistido que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son muchas más de las que registra la Fiscalía, ¿cómo se recibe esta información dada por la JEP?
Jacqueline Castillo: Realmente no nos aterra mucho la cifra, pero en cierta manera nos da una gratificación porque con esto que está documentando hoy la JEP afirma que definitivamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron estos casos de falsos positivos, señalando que en ese periodo estarían casi el 70% de los hechos. Así, sigue dejando ver que su política de seguridad democrática y los “beneficios” que se brindaron en ese momento a los militares; ascensos, medallas, vacaciones, aumentaron estas ejecuciones extrajudiciales.
Nosotras sabemos que con esto de hoy nos estamos acercando a la cifra que hemos afirmado, porque son más de 10.000 víctimas. Igualmente, hay que reconocer que hasta los mismos magistrados nos han dicho que ellos no van a poder documentar caso por caso de todos los que ocurrieron en Colombia porque eso llevaría una eternidad, pero esto sí permite estar más cerca de la verdad.
Pares: A esto conocido hoy también se suma que hace algunos días la JEP le pidió a la Fiscalía General y a la Procuraduría investigar una presunta manipulación de militares sometidos a esa justicia desde el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública –FONDETEC-. ¿Han evidenciado ustedes de alguna forma esto, que además no es la primera vez que se alerta?
J.C: Esto lo hemos evidenciado con las versiones que los militares han dado; ellos llegan condicionados con documentos a contar una verdad que está queriendo ser manejada y acomodada, pareciera que se estableciera qué es lo que deben hablar, callar, hasta dónde deben hablar y hasta dónde pueden contar.
Nosotras tuvimos contacto directo con un militar que estaba pagando condena por estos casos, y él nos decía que aun ya estando en esos puntos los presionaban para que “supieran contar las cosas”. Entonces, sabemos que están condicionados y eso finalmente se nota en las versiones que son escuchadas en la JEP. Ellos se limitan a contar lo sucedido, pero no van más a profundidad involucrando a los altos mandos. Lo que se escucha es como un: “yo hice”, “yo disparé” y “esa es mi versión”.
Pares: A pesar de lo anterior, ¿la gravedad de lo que hoy informa la JEP podría ser un paso para que esos altos mandos dentro de las Fuerzas Militares y miembros del gobierno de ese momento sean implicados formalmente? ¿Ustedes lo ven posible?
J.C: Con toda seguridad creemos y seguiremos insistiendo en que ellos deben ser investigados. Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa en ese momento, y era la cabeza mayor de las Fuerzas Militares, así que él no puede lavarse las manos, ni decir que no tenía conocimiento de lo que el Ejército estaba haciendo.
Más aún, tampoco lo puede hacer Álvaro Uribe Vélez, que fue quien impulsó principalmente su política de seguridad democrática, y que además bajo esta misma se le implica con otros graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Él sabía y sabe porqué en ese momento hubo ese aumento en los casos.
Personajes como Mario Montoya, que era quien directamente estaba comandando las Fuerzas Militares, con mayor seguridad afirmamos que él sabía lo que estaba pasando, las ordenes que se daban, y quiénes las estaban dando. Sin dejar de nombrar que probablemente él hizo y ha estado haciendo presión sobre los militares, por un lado, para que la verdad siga sin conocerse, y por otro lado, porque en ese momento lo que a él le interesaba era contar muertos.
Pares: Hoy personajes como Paloma Valencia salieron a decir que la JEP tenía un sesgo político; esta es solo una de muchas presiones y estimaciones que se han hecho sobre la JEP desde sectores como el Centro Democrático. ¿Cómo desde MAFAPO se interpreta y se actúa respecto a esto?
J.C: Nosotras nos paramos desde el reconocimiento que el Estado mismo no quiere que la JEP funcione, y quiere que se acabe. Recuerdo que en 2019 yo estuve en un evento en Washington, donde después de este evento el pronunciamiento de Estados Unidos a Colombia fue decir que de las ayudas dadas de ese país al nuestro un porcentaje era para el funcionamiento de la JEP, pero pareciera todo queda ahí, en pronunciamientos, pues el Estado ha actuado bajo el interés de interrumpir y poner barreras al trabajo de la JEP:
Pares: Siguiendo lo anterior, ¿cuáles son los principales pasos que ustedes reconocen se han dado a través JEP en este caso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado?
J.C: Se han dado varios, pero reconocemos como de vital importancia el reconocimiento de fosas comunes en algunas zonas del país, lo que ha permitido que muchas familias sigan guardando la esperanza de saber qué pasó con sus hijos, sobrinos, primos. También se ha logrado poner sobre la mesa y confirmar que no fueron casos aislados, como históricamente se ha querido insistir.
Además, la JEP también ha ayudado a publicar los casos que han encontrado, por ejemplo, en Dabeiba, en los Llanos Orientales, lo que, por otro lado, nos ha permitido reconocernos entre quienes hemos sufrido este flagelo. Todo esto también nos ha dejado la fuerza para seguir insistiendo en justicia, y en saber en la JEP una organización que seguirá buscando verdad, recorriendo el país conociendo más de lo ocurrido, y escuchando a quienes se han visto implicados con estos casos.
Nosotras sabemos que con esto de hoy nos estamos acercando a la cifra que hemos afirmado, porque son más de 10.000 víctimas. Igualmente, hay que reconocer que hasta los mismos magistrados nos han dicho que ellos no van a poder documentar caso por caso de todos los que ocurrieron en Colombia porque eso llevaría una eternidad, pero esto sí permite estar más cerca de la verdad. Imagen: Pares.
Pares: Por último, la JEP aclara que estos asesinatos de los que hoy habla son los cometidos precisamente entre 2002 y 2008. ¿Qué hacer y qué urge reconocer de los casos que no fueron cometidos en este periodo?
J.C: Esto lo hemos evidenciado con las versiones que los militares han dado; ellos llegan condicionados con documentos a contar una verdad que está queriendo ser manejada y acomodada, pareciera que se estableciera qué es lo que deben hablar, callar, hasta dónde deben hablar y hasta dónde pueden contar.
Nosotras sabemos con seguridad que esto no venía desde el 2002, esto venía de mucho más tiempo atrás, lo que pasa es que en ese periodo de la presidencia de Álvaro Uribe hubo un crítico aumento de los casos. Realmente lo que nos queda es esperar a que la JEP siga realizando su trabajo como nosotros esperamos que lo haga, pues finalmente ninguno de los hechos puede quedar en el olvido, ni sin justicia, y el Estado debe ser condenado por lo sucedido.
Claro, entendemos, y como la misma JEP ha dicho, que no se podrá investigar caso por caso, pero sí como macrocasos estamos convencidos que todavía a través de esta justicia hay mucho por hacer para que sean reconocidos y vinculados cada uno de los responsables.