Bajo Cauca o el retrato del fracaso gubernamental

19 febrero, 2021

Bajo Cauca o el retrato del fracaso gubernamental

Por: Ximena Sierra. Investigadora Pares.

Las subregiones del Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba, hacen parte de la región del Nudo del Paramillo, territorio que históricamente ha estado en disputa por los diferentes actores armados ilegales en Colombia. Esto debido a que es un área estratégica para quien controle dicho territorio, pues esto le garantizaría una retaguardia que le permite incursionar en Urabá, Chocó, la Costa Atlántica, Antioquia y transitar hacia el sur de Bolívar.

Los grupos armados ilegales han usado la gran riqueza de la fauna y flora de esta región para el desarrollo de actividades delictivas, como el narcotráfico y la minería ilegal. En la actualidad en esta región hacen presencia las AGC más conocidas como Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 36 y 18. Actores armados ilegales con los que las comunidades ubicadas en estos municipios se ven obligados a convivir y quienes se han convertido en la principal fuente de violencia contra la población civil, especialmente la ubicada en las zonas rurales de estos municipios.

La violencia en Cáceres y Tarazá

Los municipios que componen estas subregiones se han convertido en el epicentro de múltiples violaciones a los DDHH y al DIH, es así como en el año 2020 cuando a nivel nacional en Colombia se alcanzó la tasa más baja de homicidios de los últimos 46 años (23.79) cuatro de los municipios de Bajo Cauca tuvieron tasas mayores que las registradas en el año 2019 (Cáceres, El Bagre, Zaragozá y Nechí), también el municipio de Ituango en el Norte de Antioquia; al igual que los municipios de Puerto Libertador y Tierralta en el Sur de Córdoba.

Los casos más alarmantes en 2020 los registran los municipios de Cáceres y Tarazá en Bajo Cauca. Registraron tasas ocho y nueve veces más altas que la tasa de homicidios nacional.  Ituango por su parte presentó un aumento de 29.49% respecto al año 2019. Este municipio del norte de Antioquia representa un alto valor estratégico por los actores armados ilegales y viene siendo el epicentro de una lucha entre el Clan del Golfo y los GAPF Frente 18 y 36 que buscan controlar desde allí la región del Nudo del Paramillo.

Una estrategia de seguridad que centra su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, como la causa de la violencia en el país y que no ha sido efectiva en territorios como Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia, donde los constantes consejos de seguridad y el aumento del pie de fuerza han fracasado. Imagen: Pares.

Mientras a nivel nacional desde el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional la disminución de la tasa de homicidios en 2020 se ha mostrado como el resultado de la implementación de una buena estrategia de seguridad, en estas regiones, 8 municipios registraron masacres en 2020. De las 22 masacres registradas por la OCHA para el departamento de Antioquia, 11 de estas ocurrieron en Bajo Cauca, dejando un total de 39 muertos.

En el Sur de Córdoba se registraron tres masacres, dos en San José de Ure y una en Tierralta, donde fueron asesinados seis (6) personas. En el municipio de Ituango se presentó una masacre que dejó tres (3) víctimas, dos (2) de ellas menores de edad.  

Comunidades amenazadas

La violencia en 2020 no le dio tregua a los campesinos y campesinas en Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia. Entre enero y octubre de 2020 fueron desplazados según el Registro Único de víctimas -RUV 3340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca, 1244 en el municipio de Ituango y 801 personas en los cinco (5) municipios del sur de Córdoba.    

La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostiene el Clan del Golfo y los Caparros en Bajo Cauca y Sur de Córdoba y los combates registrados entre las disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC y el Clan del Golfo en el Norte de Antioquia. Las constantes amenazas a las que son sometidos los ciudadanos de estos municipios por alguno de los actores armados ilegales, también han contribuido a que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares.

Para nadie es un secreto que, en estos municipios de Colombia, los gremios de comerciantes, ganaderos, mineros, campesinos, entre otros son extorsionados y obligados a pagar un porcentaje de sus ingresos a estos grupos ilegales. En esta zona del país negarse a pagar una extorsión es colocarse una lápida en el cuello o en su defecto, tener que salir del territorio.

Líderes sociales: la esperanza que se desvanece

En el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia los grupos alzados en armas como el Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 18 y 36, de manera punzante, han cuantificado preocupantemente su accionar bélico en contra de los líderes y lideresas que han denunciado las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas sus comunidades y que han defendido los derechos a permanecer en sus tierras, estas que son de alto valor para las economías ilegales de los grupos armados ilegales.

En el año 2020 Pares registró el asesinato de 12 líderes y lideresas sociales en la subregión del Bajo Cauca, la mayoría líderes comunales y pertenecientes al programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos- PNIS, el 83.3% de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales. También registró el asesinato de un líder social en Ituango.

En el sur de Córdoba las cifras también fueron desalentadoras. Según datos de INDEPAZ 13 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, la mayoría de estos eran líderes y lideresas comunales. En varios de estos asesinatos la Fuerza Pública ha relacionado como posibles perpetradores a los grupos ilegales del Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 18 y 36.

Un pronóstico poco esperanzador

El 2021 inicio con una ola de violencia desesperanzadora para todas las comunidades afectadas por el conflicto armado interno, personas que no pierden la esperanza de que, al iniciar un nuevo año, la situación de seguridad en sus territorios mejore.

En Antioquia ha habido cuatro (4) masacres, que han dejado un saldo de 15 muertos, dos de estas masacres se perpetraron en el municipio de Tarazá. El asesinato de líderes y lideresas sociales no para, han sido asesinados siete (7) líderes y lideresas en Antioquía[1], cinco (5) de estos asesinatos ocurrieron en los municipios de Cáceres (4) y Tarazá (1), todos ellos lideraban procesos desde sus juntas de acción comunal u otras organizaciones sociales campesinas.

Al asesinato de líderes y lideresas y defensores de DDHH se suma el asesinato de personas en proceso de reincorporación. En enero de este año fueron asesinados 2 firmantes de la paz en el departamento de Antioquia[2], cifra desalentadora, para aquellos que le apostaron a la paz, pues en 2020 en este departamento fueron asesinados cinco (5) ex combatientes[3].

Además de la violencia homicida, que no cesa, Pares ha registrado cuatro casos de desplazamiento forzado en los municipios de Ituango y Cáceres en Antioquia.

La misma estrategia de seguridad que no funciona

El pasado 2 de febrero el discurso de posicionamiento del nuevo ministro de defensa Diego Molano, designado por el presidente Duque para liderar los temas de seguridad del país, tras la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo el pasado 26 de enero, dejo un sin sabor en los municipios donde hoy arrecia la violencia, pues todo parece indicar que para el año 2021 la estrategia de seguridad que se viene implementado desde el gobierno Duque, continuara.

Una estrategia de seguridad que centra su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, como la causa de la violencia en el país y que no ha sido efectiva en territorios como Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquía, donde los constantes consejos de seguridad y el aumento del pie de fuerza han fracasado.

La Fuerza de Tarea conjunta Aquiles que se desarrolla desde 2019 con alrededor de 5.000 soldados entre Ejército Nacional y Policía, y que fue creada para brindar seguridad en las regiones del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, no ha podido frenar las constantes violaciones a los DDHH y al DIH de la población ubicada en estas zonas del país.

Hacemos un llamado al gobierno del presidente Duque, para que cumpla los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, con las comunidades de estas regiones del país, que hoy se desangran a causa de la violencia. Estas regiones, requieren una intervención integral, que logre mejorar la calidad de vida de los habitantes y que les permita el acceso a derechos que por años se les ha sido negados. Esto es, inversión en salud, educación, infraestructura y generación de empleo.


[1] El 8 de enero en el municipio de Cáceres fueron asesinados los líderes comunales Edwin Antonio Indaburo y Jhon Jairo Estrada. El 15 de enero fue asesinado en el municipio de Yondo el líder comunal Robinson Quino Bonilla. El 19 de enero fue asesinada la lideresa social y campesina Linda Patricia Díaz en el municipio de Cáceres. El 29 de enero en Yarumal fue asesinado el líder comunal José Miguel Barrientos, su cabeza fue dejada en el centro poblado al lado de la parroquia en el corregimiento Ochalí. El 31 de enero en Tarazá fue asesinado el líder comunal de PNIS Remberto Arrieta.

[2] El 1 de enero asesinaron a Yolanda Mazo en el municipio de Briceño y el 23 de enero fue asesinado Juan Carlos Correa en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

[3] El 15 de enero fue asesinado en Dabeiba Hober Giraldo. El 24 de enero fue asesinado en Ituango Cesar Darío Herrera. El 17 de abril fue asesinado Rigoberto García en el municipio de Urrao. El 7 de mayo en el municipio de Bello fue asesinado Wilder Daniel Marín y el 27 de julio Unaldo de Jesús Castillo en el municipio de Urrao.


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Artículo por: Línea Conflicto, paz y postconflicto @parescolombia | Publicado: Hace 2 semanas

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