Por: Walter Aldana. Columnista Pares.
Publicado en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, encontramos un relato estremecedor: “Nosotras las madres de Soacha queremos justicia, no venganza para nuestros hijos, una justicia digna que ellos y nosotras las madres nos merecemos”, explica Carmenza Gómez Romero, a quien la Fuerza Pública le entregó muerto a su hijo Víctor Fernando Gómez bajo el argumento de ser “dado de baja como guerrillero en combate”, y otro de sus hijos, John Nilson Gómez, fue asesinado por sicarios después de varias amenazas.
Nos dolía el alma cuando oficialmente la fiscalía tenía en sus cifras el número de 2.248 personas civiles asesinadas por la Fuerza Pública (en todo el territorio patrio) y presentadas como unidades guerrilleras “dadas de baja” en combate, lo que tristemente el país conoce como los ‘falsos positivos’.
El pasado 18 de febrero la jurisdicción especial para la paz- JEP- en boca de su presidente magistrado Eduardo Cifuentes, indicó que entre los años 2002 y 2008 (mandato de Álvaro Uribe Vélez con un 78% de los registros totales), se identificaron 6.402 casos, cuatro mil ciento cincuenta y cuatro más que lo que decía la fiscalía.
Entre el 2003 y 2004 una directiva del comandante general del ejército, Martín Orlando Carreño, que indica que: “para recibir una condecoración de servicios distinguidos”, Por ejemplo los comandantes de brigadas debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados.
Otra directiva, ejemplo de perversión de esta política oficial, fue denunciada en su momento por la ONG Human Rights Watch donde decía que: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”. Dicho documento fue expedido en época de la comandancia general del ejército por parte de Mario Montoya Uribe, quien asumió esa responsabilidad durante los años dos mil seis, siete y ocho, época donde ocurrió el mayor número de ‘falsos positivos’.
Narra un artículo de la revista Semana fechado el 26 de febrero de 2020, que ante la JEP el general Mario Montoya, en una desafortunada visión de los hombres a su mando, expresó en rendición de indagatoria el día 12 de febrero de 2020 que “la verdad, aunque fuera dolorosa, es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues ‘esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño», haciendo una referencia a que eran ignorantes, que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos, reveló a El Espectador un asistente a la diligencia.
La narrativa de las manzanas podridas se cae de su peso, cada día es más evidente que ante el desarrollo de prácticas criminales los mandos de la Fuerza Pública se cubren entre sí, para ello tienen la justicia penal militar, el vencimiento de términos, las instalaciones de brigadas para purgar penas y los estímulos en días de descanso, dinero o ascensos, todo con el fin de presentar supuestos resultados favorables en la guerra que se libra en nuestra nación.
No olviden que los afectados por los falsos positivos no son cifras, tienen nombres y apellidos como víctimas que son, así como nombre y apellido tienen los victimarios y con la JEP llegaremos a la … verdad verdadera.