La violencia que nos desangra: las masacres en 2021

25 febrero, 2021

La violencia que nos desangra: las masacres en 2021

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares.

A diario se conoce información sobre las masacres cometidas a lo largo y ancho del territorio colombiano a través de los medios de comunicación y organizaciones dedicadas a hacer el seguimiento de estas cifras; paralelo a ello, surge la interrogante sobre el número de hechos de este tipo que han ocurrido en lo que va de 2021. Por esto, mediante la triangulación de Organismos no Gubernamentales, prensa y los testimonios de las personas en las regiones donde la fundación Paz & Reconciliación tiene presencia, presentamos este consolidado de las masacres cometidas en 2021.

Una tragedia que parece no tener fin

La contrastación de fuentes indica que, durante el primer mes de 2021, se cometieron ocho masacres que dejaron un saldo de 34 víctimas mortales. Este panorama no parece mejorar para el mes de febrero, pues al día hoy se reporta la ocurrencia de ocho masacres; estos hechos suman un total de 66 víctimas mortales durante este año.

Esta forma de violencia se ha presentado en lugares que, en el imaginario nacional, se relacionan con el largo conflicto armado vivido en el país. Este es el caso de Caquetá, en donde se registró la primera masacre de 2021 el domingo 10 de enero: en el hecho ocurrido en el sector de Tres Esquinas, jurisdicción de Florencia, resultaron heridas siete personas y el saldo de víctimas mortales fue de tres.

Ese mismo día, en el otro extremo del país, se registró la masacre de tres personas en el sector conocido como La Cuarenta, en Betania, Antioquia. Este departamento al día de hoy suma la perpetración de cuatro masacres, dos de ellos ocurridos en el mes de enero. En el municipio de Tarazá, ubicado en el Bajo Cauca Antioqueño; la violencia se ha focalizado en la población joven, como evidencia el asesinato de cuatro menores de edad en el barrio Las Palmas el día 18 de enero; pero también ha estado concentrada en los campesinos y habitantes que buscan sobrevivir a la coyuntura generada por la pandemia y al continuo abandono estatal, haciendo frente a las escasas oportunidades laborales.

Aunque en el caso de Tarazá algunos organismos internacionales como la OCHA registran tres masacres en este territorio para el mes de enero, la información recopilada mediante diálogos con la administración municipal y la Policía local por Ximena Sierra, enlace territorial de PARES en el Bajo Cauca Antioqueño, confirma la ejecución de dos hechos que han cobrado la vida de siete personas a lo largo de 2021.

La profundización del olvido

A finales de enero las masacres se concentraron en la costa pacífica nariñense. Muestra de ello fueron el hallazgo de cinco (5) cuerpos en tres (3) fosas comunes ubicadas en la vereda Fátima, en los límites entre Roberto Payán y Olaya Herrera, y el hallazgo de los cuerpos de cuatro (4) jóvenes caucanos desaparecidos desde el viernes 29 de enero en una camioneta ubicada en el corregimiento Los Naranjos, del municipio de Policarpa. Aunque se presume que estos jóvenes fueron asesinados en los últimos días de enero, debido a que sus cuerpos se encontraron el lunes 1 de febrero, este hecho se reporta como la primera masacre de febrero.

A estos hechos se suma la desaparición de once (11) personas que se dirigían al municipio de Mosquera, a quienes se vio por última vez el miércoles 13 de enero; los cuerpos de cinco (5) de ellas fueron encontrados en los días posteriores al 20 de enero en el distrito de Tumaco y, dado el tiempo que ha transcurrido desde que se tuvo noticias de ellos, sus familiares asumen que la totalidad del grupo fue asesinado y que sus cuerpos fueron arrojados a una de las múltiples vertientes hídricas que alimentan al departamento de Nariño. Al respecto la plataforma Verdad Abierta registra ocho (8) víctimas mortales en Tumaco relacionadas con este crimen, lo que corresponde con la información del Observatorio de Derechos Humanos de la diócesis de Tumaco.

La situación en esta región refleja el panorama crítico al que se enfrentan sus habitantes al ser uno de los lugares que más afectados por el abandono estatal y la nula presencia institucional, en conjunción con la presencia y fortalecimiento de estructuras armadas que utilizan al departamento como fortín de guerra: según la información recopilada por PARES, en Nariño hacen presencia más de 13 GAO.

Por su parte, los acontecimientos en el nororiente del país evidencian el mantenimiento de una confrontación en la que los principales afectados son los civiles y a la que, hasta el momento, el Estado ha sido incapaz de responder. El pasado viernes 29 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la masacre de tres campesinos en la vereda Totumito-Carbonera de Tibú, Norte de Santander, mientras trabajaban en una finca en inmediaciones de la frontera con Venezuela; sin embargo, días después, dicha entidad confirmó que estas personas estaban desaparecidas y dos de ellas aparecieron con el transcurso de las horas.

Este crimen, que generó el desplazamiento de 80 familias compuestas por aproximadamente 400 personas, es una alerta de la crisis humanitaria que se vive en esta zona debido a la disputa entre el ELN, Los Rastrojos y las AGC. Pero también evidencia la dificultad de tener un registro claro de este tipo de violencia debido a la multiplicidad de violaciones de Derechos Humanos que se viven en el país.

Las poblaciones afectadas y el poder del lenguaje

Una de las dificultades en registrar esta violencia es que en ocasiones algunos de estos hechos son registrados como producto de confrontaciones entre bandas criminales y como fruto de ataques sicariales. La denominación de estos crímenes bajo esos rótulos, combinada con los señalamientos de que las víctimas eran integrantes de grupos u organizaciones criminales, da pie a la generación de relacionamientos de las víctimas con economías o actividades ilegales y desvirtúa a estos crímenes en su condición de masacres. Ello genera la reducción de estos hechos a un problema de seguridad vinculado con la delincuencia común, desconectando su análisis de la situación de posconflicto que atravesamos actualmente y del contexto de violencia que nos ha desangrado como sociedad durante gran parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI.

Y es que dicho vinculo es innegable si se mira el recrudecimiento de la violencia en todo el país durante los últimos tres años. El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, la estrategia militarista como respuesta a las vulneraciones contra personas líderes y defensoras de Derechos Humanos, la proliferación de estructuras armadas y grupos organizados, y la política de seguridad enfocada de manera miope en el problema del narcotráfico son el precedente del aumento de los asesinatos selectivos, las desapariciones, los desplazamientos forzados y las masacres que hoy vivimos.

Por su parte, el fortalecimiento de los GAO en los territorios se evidencia en el amplio repertorio de su actuación armada, pero también en los grupos poblacionales a los que se está atacando actualmente pues de los ocho hechos reportados para el mes de enero, en tres de ellos todas las víctimas eran menores de edad o jóvenes, y en otros tres hechos al menos una de las víctimas mortales pertenecía al rango de edad de los 14 a los 28 años. Adicionalmente, los pobladores y trabajadores de las zonas rurales son otra de las poblaciones que se han visto mayormente atacadas por este tipo de violencia.

Los presuntos responsables detrás de estos hechos

Las masacres cometidas en el mes de enero, además de la temporalidad, tienen otro elemento en común: la falta de esclarecimiento respecto a los responsables de estos delitos. Solo en uno de los casos se ha identificado alguna conexión con un GAO: la masacre en Tarazá del lunes 18 de enero se relaciona con el Clan del Golfo y los Caparros.

También se aprecia un accionar común en estas masacres: los atacantes irrumpen en establecimientos comerciales, residencias o lugares de trabajo en los que se encuentra la población civil, les retienen bajo amenazas y abren fuego indiscriminadamente. En algunos casos preguntan por una persona en particular, como ocurrió en Buga; pero en la mayoría de estos sucesos la violencia no parece estar dirigida contra alguien específico. Por el contrario, en varios de los lugares donde se han cometido las masacres, los hechos se asocian a las disputas por el control territorial entre diversos actores armados.

Lo anterior puede ser una evidencia de la manera como el confinamiento ha intervenido en las dinámicas de violencia de Colombia: No sólo ha modificado nuestra cotidianidad, sino también los métodos de acción de los actores armados llevando estos hechos, que estaban asociados al ámbito de lo público, a los lugares relacionados con la privacidad y la intimidad.

En esta medida es posible asegurar que las masacres se asocian a la presencia, fortalecimiento y multiplicidad de actores que tienen injerencia en el territorio nacional. Tal como mencionó PARES mediante el informe Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia, para agosto de 2020 se reportaba que los Grupos Armados PostFarc (GAPF) operaban en 113 municipios, el ELN tenía presencia en 160 municipios y el Clan del Golfo en 211 municipios.

En Antioquia se registra la presencia de diversos frentes del Clan del Golfo y el GAO los Caparros, también llamados Caparrapos, junto a los GAPF Frente 36 y Frente 18; a ello se suma la disputa del ELN por mantenerse en este territorio. Por su parte, de la multiplicidad de actores que tienen injerencia en Nariño cabe destacar al Clan del Golfo, el GAO Los Contadores y Los Marihuanos, junto a los GAPF Frente Stiven González, Columna Móvil Jaime Martínez, Frente 30 – Columna Rafael Aguilera, y las Guerrillas Unidas del Pacífico.

Finalmente, en el Valle del Cauca se registra la presencia de los GAO La Empresa y La Local, quienes se mantienen en constantes disputas y alianzas estrategias con el Clan del Golfo y el GAPF Gente del Orden. Además, para este territorio sobresale la presencia de la banda delincuencial Los 300.

El panorama que no mejora para este mes

Durante el mes de febrero se han confirmado seis masacres en el país. Como se mencionó unas líneas atrás, el hallazgo de los cuerpos de cuatro jóvenes caucanos en Policarpa se registra como el primer crimen de este tipo en el mes. A este hecho le siguió el asesinato de tres (3) personas en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, en la tarde del día lunes 1 de febrero.

A medida que transcurrieron los días esta cifra fue aumentando, ocurriendo una masacre cada dos días: el martes 2 de febrero en la vereda Tamaco, en Tarazá, fueron asesinados tres (3) mineros; presuntamente, ese crimen se dio después de que las víctimas se negaran a pagar extorsión a uno de los Grupos Armados Organizados (GAO) que operan en la región.

En la mañana del 4 de febrero fue confirmada la masacre de tres (3) personas en el sector de La Balastrera, corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia; cabe señalar que el GAPF Frente Carlos Patiño ha asumido la responsabilidad de este hecho. Y el sábado 6 de febrero tres (3) personas fueron asesinadas tras la incursión armada en el corregimiento El Pedregal de un grupo que oscilaba entre 12 y 15 hombres armados. Las víctimas, identificadas como Octavio Muñoz Salazar, de 40 años, y sus hijos Octavio y Bertulfo Muñoz Salazar, de 15 y 17 años respectivamente, fueron atacadas en la vivienda en la que se hospedaban, a 10 km de la cabecera municipal; sus cuerpos evidenciaban múltiples señales de tortura.

Posterior a esa secuencia de crímenes, se conoció la masacre de cinco (5) campesinos en una finca cafetera en el corregimiento Tapartó, ubicado en el municipio de Andes, Antioquia en la madrugada del miércoles 17 de febrero. Presuntamente un grupo de hombres armados ingresó a la finca en la que se encontraban y les disparó indiscriminadamente.

El fin de semana del 20 y el 21 de febrero se denunciaron nuevamente masacres en distintos puntos del país: la tarde del sábado 20 tres personas de la comunidad wayuu fueron asesinadas mientras construían un osario en el cementerio de la comunidad de Cuera, en la vía que conecta a Riohacha y Maicao. Otras cuatro personas resultaron heridas, y la comunidad junto a ONG como Nación Wayuu vinculan este delito con los conflictos territoriales generados por empresas como Enel Green Power.

El hecho más reciente ha sido la masacre en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, ubicado en la zona rural de Tumaco, cometida el 21 de febrero. Los acontecimientos se enmarcan en la incursión de un grupo armado denominado Iván Ríos, identificado por las comunidades como una disidencia del GAO Los Contadores, el cual aún está en el territorio; esto ha impedido determinar si se cometió una o más masacres, pero se estima que el número de personas afectadas es de ocho (8).

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Estos crímenes no solo develan la espiral en aumento de las masacres durante el 2021, sino también el ensañamiento de éstas y otras formas de violencia en los territorios que históricamente han sido afectados por la guerra, pero donde a la par se han tejido formas de resistencia ante la violencia que cada día parece normalizarse con mayor fuerza. Este, junto a los múltiples esfuerzos de otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación alternativos, es un llamado y una exigencia al gobierno para que impida el silenciamiento y exterminio de esas otras formas de vida.


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Artículo por: Línea Conflicto, paz y postconflicto @parescolombia | Publicado: Hace 7 meses

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