Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El panorama de seguridad negativo del país sigue acentuándose. A la fecha se ha advertido que este inicio de año ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, realidad que es muy difícil de ocultar o no recocer si se tiene presente que en promedio cada dos días es asesinado un líder o lideresa social; durante lo que ha sido el 2021, al menos 21 han sido asesinados/as, asimismo 08 firmantes de paz. Mientras que se han reportado cerca de 16 masacres.
Conjuntamente, hay que señalar que casi diariamente se están conociendo graves hechos de vulneraciones de Derechos Humanos, por ejemplo, en las últimas horas se conoció que en Argelia, Cauca, 135 familias permanecen confinadas tras acciones violentas que han tenido lugar en la zona, que además está en uno de los departamentos con mayores índices de violencia,
Justamente, en los últimos días la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó un informe en el que se advierte que el Cauca (entre otros departamentos) es una de las zonas que durante el 2020 tuvieron mayor número de hechos violentos.
La funcionaria mencionaba que “(…) muchas de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación. La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”.
Lo anterior también se ve evidenciado en que al día de hoy y solo en el 2021 en el Cauca se hayan presentado 03 masacres; una en Argelia, otra en Inzá y una más en Popayán, en cada una de estas fueron asesinadas tres personas. Además, el pasado 03 de febrero en Corinto, Cauca, fue asesinado Jordán Eduardo Guetio, quien era líder social y hacía parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del municipio. Él fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba en una motocicleta junto con su padre en el sector de El Descanso, estos le pidieron acompañarlo y a su padre lo obligaron a retirarse del lugar. Se emprendieron las labores de búsqueda por parte de la guardia campesina, pero su cuerpo fue encontrado sin vida horas más tarde.
Desplazamientos y confinamientos: otro leño al fuego
Además de lo anterior preocupa que ante una violencia sin tregua en el departamento muchas familias y comunidades se han tenido que desplazar forzadamente de sus territorios o permanecer confinadas ante los constantes combates entre grupos armados. Justamente el día de ayer en el Comité Departamental de Justicia Transicional, Dan Harry Sánchez Cobo, director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, comunicó que por medio de información entregada por la Alcaldía se conoció que 135 familias de las veredas La Ceiba, El Pinche y Las Vegas permanecen confinadas.
“Desde la Unidad se ha solicitado un censo específico del número de personas afectadas y/o en situación de desplazamiento para lograr con la Gobernación del Cauca y el equipo de Coordinación de Cooperantes, brindar el apoyo humanitario inmediato”, aseveró el funcionario en el encuentro, en el que además la Unidad para las Víctimas junto con entidades pertenecientes al Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ( SNARIV), activaron el Plan de Contingencia Departamental para el municipio de Argelia.
Igualmente, se indicó que la Unidad para las Víctimas tiene destinado un fondo de apoyo subsidiario para casos individuales por valor de 347 millones de pesos, y así mismo se han brindado materiales de construcción para infraestructura social y comunitaria por un valor de 194 millones de pesos.
Aunque esta es una medida hay que mencionar que la gravedad de lo que está sucediendo en cuanto a familias desplazadas y confinadas es crítica. Por ejemplo, desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entrega cifras que indican que durante estos primeros meses del 2021 ya son 4.835 las víctimas por este tipo de hechos a nivel nacional.
Incluso el panorama es tan alarmante que la misma Oficina informó que durante 2020 25.300 personas fueron víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias desplazadas en 94 eventos masivos, nombrando que una de las principales razones que desencadenaron esta situación fueron los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales durante el año pasado demostraron estar fortalecidos y además ganando territorio en el país.
En ese sentido hay que señalar que estos enfrentamientos entre grupos armados organizados y delictivos produjeron el 57% de los casos, mientras que por amenazas directas contra la población civil se reportó un 37%. Los departamentos más afectados por estos hechos fueron Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Cauca. Asimismo, hay que indicar que al menos 14.400, es decir el 57% de las víctimas, regresaron a sus hogares.
A esto se suma que, según información del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación, SIPARES, se han identificado 05 hechos de desplazamiento forzado durante el mes de enero, y dos casos en febrero, mismo mes en el que Voceros del Consejo Comunitario Unión Río Chaguí, denunciaron ante las autoridades una delicada situación de constreñimiento en Tumaco que, obligó a que algunas familias de este consejo se confinaran por temor ante la llegada de un nuevo GAPF, cuyo nombre no mencionan, pero el cual les está presionando a realizar marchas en contra de la erradicación forzada que se viene ejecutando en territorios de este consejo.
Una situación crítica
Asimismo, hay que recordar que el pasado 26 de enero desde la Defensoría del Pueblo alertaron que 11 concejales de Argelia, Cauca, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa por problemas de seguridad desde el municipio hacia Popayán, pues como se había informado, estos líderes políticos temían que las amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales se hicieran efectivas. En este mismo contexto días atrás, el 16 de enero, había sido asesinado el concejal Fermiliano Meneses, de quien además el cuerpo permaneció desparecido por 11 días.
En su momento, sobre el caso de desplazamiento de los/as concejales, el Secretario de Gobierno, Luis Cornelio Angulo dijo que “el municipio de Argelia es una población que el 80% es rural y en sus corregimientos no hay esa presencia institucional adecuada, permanente y de gran cantidad para que esto avance. Si bien es cierto que está la fuerza pública, también se necesita que ese componente social esté presente”.
Por otra parte, y en relación con lo anterior, vale la pena señalar que, según el SIPARES, se reporta que, al menos, tres hechos de desplazamiento forzado se registraron en el 2020 en esta zona y sus alrededores. El primero ocurrió el 07 de marzo tras presentarse enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, lo que causó que cerca de 270 personas tuvieran que desplazarse hacia el casco urbano.
Luego, en el mes de abril, tras amenazas del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, cinco (5) líderes y lideresas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, tuvieron que dejar forzadamente su territorio.
Adicionalmente, el 25 de noviembre se alertó desde la Defensoría del Pueblo que después de la circulación de panfletos firmados por el frente José María Becerra del ELN, ciudadanos venezolanos y habitantes de zonas rurales del municipio de Argelia abandonaron el municipio. En este hecho más de 170 personas salieron de la zona.
Asimismo, se conoció que en las últimas horas en Guapi, municipio cercano a Argelia, se denunció que al menos 35 personas de las veredas Calle Larga, San Agustín y Belén, se deplazarob forzosamente ante el temor generado por las disputas entre grupos armados ilegales. Esta información, según las autoridades locales, está siendo verificada para así poder activar rutas de atención.
¿Qué pasa en Argelia, Cauca?
Una de las tantas advertencias que se ha hecho sobre la situación en Argelia, se hizo a través de la Alerta Temprana 047-20 de la Defensoría del Pueblo, entidad que identificó una serie de contextos que ponía a esta zona y a sus habitante en un riesgo constantes.
Esto motivado por varias razones, iniciando con que históricamente ha sido un corredor de distintos grupos armados no estatales, cuyas dinámicas violentas se han transformado sobre el territorio, en el hay intereses por el control de las economías ilegales que se desarrollan allí como las relacionadas con la circulación de armas y también de insumos para la transformación de coca para su comercialización. A esto se suma que este punto conecta hacia el Océano Pacífico, el departamento de Nariño, el norte del departamento del Cauca y con la vía Panamericana que interconecta todo el sistema de tránsito del país.
“Este factor, aunado a las brechas de oferta social en las zonas rurales de este y los otros municipios del sur del Cauca, posibilita la siembra de extensas plantaciones de coca, que pueden alcanzar hasta las 12.000 hectáreas (Ha). La hoja de coca posteriormente se procesa como única fuente de ingresos para las comunidades que habitan en territorio. Adicionalmente, los laboratorios de cristalización de la base de coca y por supuesto los canales de venta que emergen de forma paralela y conforman un gran clúster de producción y comercialización del producto”, se lee en el documento de la Defensoría.
La confluencia de estos factores, acentuado con la falta de políticas efectivas de seguridad, ha provocado que sean constantes los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y sus economías, a lo que se suma la imposición de mecanismos violentos de regulación social sobre la población.
Este municipio hace parte del sur del Cauca, subregión que ha sido afectada por el conflicto armado inicialmente por la presencia de las FARC-EP con sus frentes 60, 8 y 29 y posteriormente por la llegada de las AUC con el Bloque Calima. Aunque la comunidad esperaba que este panorama cambiara en algo con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la realidad es que el contexto de amenaza se ha venido complejizado. Una vez las FARC-EP abandonaron las zonas que controlaban y se dirigieron a los espacios definidos para iniciar su desarme y reincorporación a la vida civil, otros actores armados ilegales buscaron fortalecerse, posicionarse y expandirse hacia estos sectores.
Así, al momento se alerta de presencia de grupos disidentes de la extinta guerrilla Farc-ep, quienes retornaron para retomar el control territorial a través del Frente Carlos Patiño, el cual fue respaldado inicialmente por la Columna Móvil Jaime Martínez. Igualmente, hay presencia del ELN a través del frente José María Becerra. Expone la Defensoría del Pueblo que “con el fortalecimiento de la presencia y control territorial de las facciones disidentes de las FARC-EP en el actual escenario, el ELN se ha replegado hacia territorios del Pacífico caucano; sin embargo, constantemente hacen presencia en las zonas que estaban bajo su control, generando escenarios de riesgo adicionales en el marco de posibles combates con interposición de población en general, en un claro desconocimiento del principio de precaución establecido en el DIH”.
A todo esto se suma, como contaba el investigador de Pares Juan Manuel Torres que, “en Argelia, precisamente, lanzaron un operativo para la retoma del Cañón del Micay con más de 2000 soldados. Además los combates alrededor de esta zona ya llevan muchas semanas, casi dos meses de combate entre los distintos actores legales e ilegales, en los que es la población civil la que queda en medio del fuego cruzado”.