Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En la mañana de este martes el senador Gustavo Petro informó a través de su cuenta de Twitter que Jaime Basilio, líder indígena del corregimiento La Libertad, en San Onofre, Sucre, había sido asesinado el pasado lunes, 01 de marzo. Aunque se desconocen detalles del caso, se ha logrado establecer que los hechos habrían ocurrido siendo cerca de las 8 de la noche en el lugar de residencia del líder.
Sobre este hecho hay varios puntos que nombrar. Uno de esos es la alerta que se ha hecho sobre la violencia sistemática en contra de personas indígenas. Justamente durante la semana pasada desde la ONIC se envió un comunicado en el que se alertaba “sobre la grave crisis humanitaria que se cierne sobre los Pueblos Indígenas a causa de la reconfiguración del conflicto armado a nivel nacional. Sólo en el último mes la ONIC, junto con las organizaciones filiales de carácter territorial, han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos victimizantes que viene sufriendo la población indígena de manera sistemática durante los últimos meses en los diferentes puntos de la geografía colombiana”.
Justamente, desde la organización indígena se referenció como muestra de la profundización de la grave situación humanitaria, que el domingo 21 de febrero fueron asesinadas cuatro personas en el sector de La Variante, municipio de Tumaco por incumplir las restricciones a la movilidad impuestas por un grupo armado ilegal; las víctimas hacían parte del Resguardo La Brava, siendo uno de ellos ex gobernador del Resguardo.
Por otra parte, el pasado 19 de febrero el Gobierno Mayor de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, denunció que una mujer Embera identificada como Luz Ayda Amágara Lana, de 26 años, había sido asesinada y dos más resultaron heridas en enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Los hechos ocurrieron en inmediaciones a la comunidad de Miácora, en el Alto Baudó, lo que además generó el desplazamiento de 85 familias.
Además, el 17 de febrero en el Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó, la comunidad señaló que el líder indígena Alejandro Manugama Cheche había sido asesinado por integrantes del ELN que tiene presencia en esa región del departamento chocoano. El hecho habría ocurrido cuando Manugama, médico tradicional, se encontraba realizando labores.
Adicionalmente, dos días antes del hecho anterior, desde el Proceso Social de Garantías se informó que en Cáceres, Antioquia, había sido asesinado Orlando Manuel Chimá, de 22 años, quien pertenecía al resguardo indígena de Los Almendros, en el corregimiento Piamonte. Esto se dio en medio de enfrentamientos entre tropas del Ejército e integrantes de ‘Los Caparros’.
La violencia que se ensaña contra los líderes sociales
Según datos del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación – SIPARES – durante el 2021 se han podido confirmar 18 casos de asesinatos a líderes y lideresas sociales. Incluso el panorama es tan crítico que desde el 01 de enero se empezó a tener registro de este tipo de victimizaciones.
Para ese día ya se conocían los casos de Gerardo León, etnoeducador, líder comunitario e integrante de FECODE, quien fue asesinado en el resguardo El Tigre por desconocidos en la tarde del 1 de enero en Puerto Gaitán; Meta. Y también el de Diego Betancourt, quien igualmente era docente, e integrante de FECODE y del Sindicato de Maestros del Casanare. Él, quien fue encontrado sin vida en Yopal el primer día del año, trabajaba en la Institución Educativa El Triunfo Tacarimena.
Hay que mencionar que durante estos primeros dos meses han sido 11 los departamentos donde se han presentado este tipo de hechos, no obstante, en zonas como Antioquia y Valle del Cauca se concentran la mayoría de casos. Asimismo, hay que mencionar que del total de los casos el 27.8%, es decir 5 hechos, fueron cometidos en contra de líderes/as comunales; miembros de juntas de acción comunal.
Asimismo, solo en el último mes se han registrado, por lo menos, 08 asesinatos de líderes y lideresas sociales: Yordan Eduardo Guetio (Corinto, cauca -02 de febrero), Ovidio de Jesús Salazar (Herveo, Tolima – 02 de febrero), Yecid Bolaño (Barranquilla, Atlántico – 07 de febrero), Orlando Manuel Chimá (Cáceres, Antioquia – 14 de febrero), Alejandro Manugama (Bagadó, Chocó – 17 de febrero), Luz Ayda Conchave (Alto Baudó – 19 de febrero), Marcos Pai (Tumaco, Valle del Cauca – 21 de febrero), y ahora, Jaime Basilio.
Hay que recordar que iniciando febrero la Jurisdicción Especial para la Paz alertó que el inicio de 2021 ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, esto en materia de número de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales. El monitoreo sostiene que las afectaciones a personas que ejercen un rol de liderazgo en los territorios persisten y que cada 41 horas es asesinado un líder social.
Además, hay que mencionar que estas afectaciones tienen mucho que ver con los hostigamientos y amenazas a las que se ven sometidos/as quienes ejercen algún tipo de liderazgo en algunas zonas de país. Justamente en el informe de la JEP se hacía referencia que, al menos, 13 líderes sociales en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar y Caquetá, habían recibido amenazas hasta ese momento. A lo que se suma el caso de líderes y lideresas de El Salado, en el Carmen de Bolívar, Bolívar, donde circularon panfletos bajo el nombre ‘Águilas Negras’ y mensajes de texto en los que se leía: “O se van o se mueren. Están ubicados”.
Una radiografía de la situación en San Onofre
Hay que iniciar indicando que entidades como la Defensoría del Pueblo han venido insistiendo en el escenario de riesgo para este municipio, donde el día de ayer fue asesinado el líder indígena José Basilio, lo anterior atravesado por el fortalecimiento y crecimiento que han tenido las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en este territorio, donde hacen presencia con el interés –entre otros- de aprovechar las ventajas de la ubicación geográfica del municipio para la extracción de rentas derivadas de las actividades económicas ilegales que se realizan en la región. Vale la pena mencionar que la consolidación de esta estructura en San Onofre viene, por lo menos, desde el 2015.
Se señala desde la Defensoría del Pueblo que: “La hegemonía de las AGC en esta zona, impone sobre la población un orden social basado en la sumisión y la exigencia de lealtades a través de mecanismos violentos y coercitivos, que se expresan: en el cobro de exacciones a docentes y comerciantes; amenazas directas e indirectas a líderes y lideresas sociales, cabildantes y defensores de derechos humanos; controles de movilidad a pasajeros y moto-taxistas que se transportan entre la cabecera municipal y Chichimán y Alto de Julio; el involucramiento de algunos pobladores en actividades propias de la economía ilegal. La inducción a la drogadicción de adolescentes y jóvenes; el fomento y apoyo a las pandillas barriales y actos delincuenciales; la utilización ilegal de niños, niñas y adolescentes como informantes, correos humanos o “campaneros”; el reclutamiento de jóvenes para labores de sicariato y transporte; y, la utilización forzada de las lanchas de los pescadores para el transporte de drogas. También el control de la cotidianidad en las comunidades de Chichimán y Alto de Julio en la zona rural y en los barrios El Porvenir, Palito, Madre Bernarda y Alto Julio del casco urbano de San Onofre”.
A esto se suma, que así como la posición geográfica ha sido una ventaja para la estructura armada ilegal, también lo ha sido las condiciones estructurales de inequidad social, desempleo y pobreza de las comunidades, lo que ha llevado a un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, por lo que algunas personas residentes en el municipio se ven abocadas a participar de las actividades que ofrece la economía ilegal como opción para sobrevivir, lo que a su vez ha facilitado la subordinación de las comunidades y la exposición y afectación de sus derechos fundamentales.
Sobre la posición geográfica de San Onofre, hay que indicar que se encuentra frente al Golfo de Morrosquillo y de espaldas a los Montes de María. Limita al norte con los municipios del departamento de Bolívar: Cartagena de Indias, Arjona y María La Baja; al Este con el municipio de El Carmen de Bolívar; por el Oeste con el Mar Caribe y con El Archipiélago de San Bernardo; y por el sur con Santiago de Tolú, Toluviejo y Colosó (Sucre).
Lo anterior permite que tenga conexión por vía terrestre con las principales ciudades del norte del país, además a través de la Troncal del Caribe también conecta con Antioquia y el Urabá. Este panorama ha sido utilizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para realizar actividades relacionadas con la importación y exportación ilegal de mercancías ilícitas (drogas, armas y otro tipo de mercancías de contrabando).
Esto ha llevado a que sean constantes las vulneraciones hacia los habitantes de San Onofre. Por ejemplo, y en relación con el hecho hoy conocido, los procesos sociales organizativos de las comunidades se han visto amenazados directamente, lo que ha puesto en mayor riesgo a quienes ejercen algún tipo de liderazgo en el municipio, representando amenazas para la seguridad e integridad de estas personas.
Se advierte desde la Defensoría que: “las comunidades perciben que las acciones de las AGC tienen altos niveles de tolerancia de las autoridades y agencias del Estado, especialmente cuando se suscitan amenazas contra los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y sus procesos sociales. En consecuencia, debido a la escasa capacidad institucional para protegerles en los corregimientos donde habitan o ejercen sus actividades sociales y productivas, son expuestas a sufrir atentados contra su vida y sus bienes. Esta situación se agrava, como ya se mencionó anteriormente, por la constante estigmatización de la que son objeto por los actores armados ilegales e incluso de algunas autoridades locales”.