Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
El mes pasado la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- publicó el Auto 033 de 2021, relativo a las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido también como el proceso de los falsos positivos. En este Auto se dio a conocer la escalofriante cifra, entre 2002 y 2008, de 6402 asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública; lo que significa que durante siete años de forma continua se mataron por día a, en promedio, tres personas.
Este es el tercero de los siete macrocaso priorizado por la JEP, en el cual se investiga el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales. Fenómeno que ocurrió, en su mayoría, en los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Y que tiende a convertirse en el mayor escándalo de violanción a los derechos humanos, en la historia reciente de la Fuerza Pública colombiana.
Aunque las investigaciones sobre el macrocaso apenas empiezan, la importancia de este Auto 033 está en las posibilidades de discusión que abre; en especial, en los temas sobre el origen de las conducta irregular y reprochable de la Fuerza Pública en torno al conflicto armado, y sobre las sanciones propias que deben imponerse a los máximos responsables de actos atroces. Investigaciones que nos ayudarán a conocer la verdad y avanzar en la línea de construir las bases para corregir conductas que no deben repetirse jamás.
Entre los muchos aportes que pueden realizar el caso de los falsos positivos están: primero, advertir sobre la conducta oportunista que pueden tener cualquier actor, incluso, los que prometen cuidar la vida de las ciudadanos; y segundo, invita a pensar con más rigor el diseños de incentivos para la Fuerza Pública, a fin de no crear estímulos perversos que permitan, entre otras situaciones, promover el asesinato de civiles.
En cuanto a reconocer la conducta oportunista de las personas, lo que debemos hacer es aceptar que las personas buscan objetivos, y para lograrlos muchas veces engañan, actúan con dolo y alevosía, causando daño a otros agentes, incluso a terceros que no tienen nada que ver con su tarea. En otras palabras, se supone que las personas, al intentar conseguir lo que se proponen, explotan la situación en beneficio propio, incluso actuando de manera perversa con los otros; realizando esfuerzos deliberados por engañar, distorsionar, disfrazar, confundir y complicar la toma correcta de decisiones.
Frente a los incentivos, digamos que son todos aquellos estímulo externo que incitan o motivan a los agentes −ya sea individual o colectiva− a realizar una determinada tarea. Son estímulos otorgados por un agente decisor con el fin de modificar los actos en otros; buscan que las personas se esfuercen en alcanzar determinados objetivos, así, por ejemplo, en una empresa aumentar la productividad. Estos incentivos son, por lo general, positivos y económicos: se le entrega dinero, ayudas, bonos, subsidios y sueldos temporales, o también bienes materiales como casas o servicios como viajes.
El sistema de incentivos a la Fuerza Pública generó una conducta irregular perversa. Fueron incentivos que llevaron a los militares a asesinar a civiles, presentándose como muertes “legítimas” en combate. Se comportaron como actores oportunistas, que vieron en la tarea misional, de capturar o dar de baja en combate a un enemigo, la ocasión para llenar sus bolsillos o conseguir condecoraciones (una conducta típicamente egoísta).
Precisamente, así fue que se diseñó el sistema de incentivos que propició la conducta oportunista de los varios de los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia durante la política de Seguridad Democrática. Se ofreció a los militares que por cada captura o por cada muerte de un guerrillero en combate se le haría un pago de recompensas. Se habla en las indagaciones que se han tenido hasta el momento, que estos iban desde altos pagos monetarios y viajes al exterior hasta simples permisos para descanso por un par de semanas.
Aunque el objetivo del incentivo era alcanzar resultados operacionales visibles y contundentes frente a la guerra, lo que hicieron finalmente fue generar conductas perversas. La entrega del incentivo a la Fuerza Pública exigía presentar prueba de efectividad, tanto físicas como en número (Directiva Ministerial 029 de 2005). Esta directriz incentivó a los militares a pensar en las distintas estrategias para poder conseguir la recompensa: o bien capturar muchos guerrilleros o bien darles de baja.
La estrategia utilizada para conseguir efectividad la han dado a conocer los mismo uniformados acusados e interrogados por las agencias del Estado. El procedimiento era conseguir personas vulnerables, generalmente campesinos o habitantes en situación de calle, quienes, a través de engaños, eran reclutados para trabajos inexistentes y luego eran asesinados, disfrazados de guerrilleros y presentados como muertos en combate.
A cambio de esta “efectividad operacional” se les entregaba toda clase de beneficios (felicitaciones privada o públicas, verbal o escrita, permisos especiales, premios y distintivos, entre otras); resaltando, entre los más determinantes en los falsos positivos, las “condecoraciones de servicios distinguidos”.
Entre más efectividad presentaran los oficiales mayores eran los premios en cumplimiento del deber que se le entregaban. Se ha dicho en las audiencias judiciales que si se reportaba una cifra de 150 muertos esta era muy similar a la de 500 combatientes capturados. Lo que claramente significa para Human Rights Watch que era más valioso dar de baja que producir capturas. Y ante integrantes de la Fuerza Pública, que se comportan como agentes oportunistas, lo más procedente para maximizar ganancias ocasionales fruto de su servicio era presentar un cadáver.
En definitiva, el sistema de incentivos a la Fuerza Pública generó una conducta irregular perversa. Fueron incentivos que llevaron a los militares a asesinar a civiles, presentándose como muertes “legítimas” en combate. Se comportaron como actores oportunistas, que vieron en la tarea misional, de capturar o dar de baja en combate a un enemigo, la ocasión para llenar sus bolsillos o conseguir condecoraciones (una conducta típicamente egoísta).
La experiencia del proceso de los falsos positivos hace necesario partir siempre por reconocer la conducta oportunista de las personas, a la vez de la importancia del buen diseño del sistemas de incentivos. Es necesario pensar en Colombia en cambios institucionales para evitar acciones indebidas y que no vuelva a repetirse esta situación.
Un sistema de premios y castigos que desestimulen las acciones dañinas que puede tener el Estado contra terceros. Un sistema de premios para aquellos que actúan con sinceridad y honestidad, y grandes castigos para personas que actúan como oportunistas con dolo. No se puede permitir que de nuevo aquellos que juraron proteger la vida, termine por acabarla.