Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares.
Ante los fundados rumores acerca de la inminente solicitud de la fiscalía para que se declare la preclusión del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, proceso por manipulación de testigos -y porque saltan a la vista las intenciones de la presidencia de la república, de la fiscalía general de la nación y del fiscal encargado del caso, de proteger a su jefe de partido- muchos ciudadanos, más indignados que confundidos, quisieran saber si la fiscalía es un ente acusador o si por el contrario es un ente defensor.
Una indignación ciudadana entendible, si consideramos la acostumbrada carga de impunidad que suele acompañar al ex senador Uribe en cada caso penal abierto en su contra, y de la cual la gente ya está verdaderamente hastiada. De hecho, “en la actualidad existen sin avanzar casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”. Y ni qué decir, de los 6.402 nuevos líos penales que se le avecinan por haber participado -ya fuera por acción u omisión- en el asesinato extrajudicial del mismo número de jóvenes.
Lo curioso es que dicha preocupación ciudadana –saber si la fiscalía es un ente acusador o defensor- no es producto de la incultura jurídica, cuya respuesta ameritaría una explicación académica; si no del sentido común, cuya respuesta es tema en cada cruce de esquinas. En efecto, los ciudadanos esperan una sola cosa: que la fiscalía –ceñida a sus dos funciones esenciales como son investigar y acusar- investigue y acuse al ex senador Uribe y en consecuencia facilite su judicialización.
Los ciudadanos no esperan ver lo que están viendo: a una fiscalía concentrada en preparar la defensa del exsenador y en estudiar fórmulas para que los jueces lo absuelvan; sino a una fiscalía velando por la protección de las partes, en este caso por la integridad física y moral de las víctimas y no debilitándoselas como asegura el senador Iván Cepeda que está ocurriéndole.
De tal suerte, movidos por el sentido común, los ciudadanos de a pie no creen, ni remotamente, que el fiscal encargado del caso en cuestión, Gabriel Jaimes, esté procediendo en justicia. Y esto es así, sencillamente porque los delitos penales, en este caso la manipulación de testigos (delito del exsenador Uribe) y el prevaricato (delito del fiscal Jaimes de llegar a solicitar la preclusión del caso), saltan a la vista en su condición de anómalos e inarmónicos. De hecho, todo acto que atenta contra el bien jurídico es tan notorio como lo es el ruido producido por una vajilla que se rompe.
De modo que la respuesta a esos ciudadanos indignados, es que en efecto, tal y como lo establece la ley o la constitución, la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito.
Así como está obligada a presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público; pero no podrá en consecuencia -como reza en la misma constitución- suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, porque de hacerlo, incurriría en prevaricato.
Una cosa es que la fiscalía tenga el cuidado de no elevar escritos de acusación basados en pruebas falsas o ilegítimas, y otra cosa es que desconozca pruebas ya recopiladas, estudiadas y validadas por una incuestionable autoridad como lo es la Corte Suprema de Justicia, y que lo haga, como ahora lo está haciendo, en desobedecimiento al principio de celeridad de la justicia. Tal vez ignore el fiscal Jaimes cómo además del derecho –que para su interés le otorga las ventajas de la preclusión- cuenta también la justicia; y el derecho debe soportarse sobre los principios que esta les determina.
Por fortuna la justicia no está totalmente en manos de los fiscales, sino en manos de los jueces –que a mi juicio no están en manos de los poderosos- y las garantías procesales de nuestro sistema jurídico permitirán, haga lo que haga el fiscal Jaimes, que el exsenador Uribe, tarde que temprano sea juzgado debidamente. El camino está apenas por recorrer.