Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Han sido constantes las denuncias sobre la crisis humanitaria que se vive en el Pueblo Awá, el cual, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, en Colombia está conformado por 44.516 indígenas; 39.000 en Nariño y 5.000 en Putumayo. Esta vez la alerta fue hecha desde la Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA-, quienes comunicaron que desde el pasado 16 de febrero están desaparecidos los jóvenes Miguel García Paide 23 años y Álvaro Pascal García de 18 años, quienes pertenecen al Resguardo Indígena Awá de El Gran Sábalo – Comunidad San Jacinto.
Según el documento los jóvenes fueron retenidos y desaparecidos por un grupo armado ilegal que opera en el corregimiento de Llorente. Además, casi un mes después, parte de la información que se tiene es que los dos hombres estaban volviendo del sector de Inda Zabaleta cuando, según la denuncia, fueron abordados por los actores armados.
La comunidad ha insistido en que se active una ruta de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes, pero también han seguido llamando la atención para que el Gobierno Nacional y local, tomen medidas efectivas y eficaces para atender las diversas situaciones de violencia en la zona. Asimismo, se instó a que el Congreso de la República convoque a la Comisión de Paz del Senado para que se pronuncie y haga seguimiento a la crisis humanitaria que viven los resguardos Awá.
Es importante señalar que con la denuncia también se envió un mensaje al Sistema de Naciones Unidas, así como a las organizaciones nacionales e internacionales que hacen seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz, para que se ponga especial atención sobre este punto del Pacífico Nariñense.
Un panorama crítico que no es nuevo
Sobre este punto hay varias cosas que anotar. Por una parte, recientemente la misma organización denunció que el lunes 22 de febrero un grupo de hombres armados secuestró, torturó y asesinó a cuatro personas en el sector La Variante en la vía que va hacia Tumaco en el kilómetro 56. Una de las víctimas en este hecho fue Marcos Paí, de 40 años, exgobernador y líder indígena del resguardo Awá de La Brava, ubicado en Tumaco. Marcos Paí era padre de dos hijos, uno de ellos menor de edad.
Además, con el 2020 y la agudización de la violencia en muchas zonas del país, la comunidad Awá también se vio atravesada. Hay que recordar, entre varios otros hechos, que en agosto del año pasado fueron asesinados en medio de una masacre tres comuneros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo.
Por otra parte, el 29 de julio un grupo armado irrumpió en la vivienda del exgobernador, Fabio Alfonso Guanga García, lo retuvieron y lo asesinaron ante la mirada de sus familiares a escasos metros de su residencia. Seguidamente, se registraron varios estruendos que provenían de una vivienda a la que llegaron varios impactos de fusil de largo alcance y fueron lanzadas dos granadas de las cuales una explotó causando la muerte de Sonia Lorena Bisbicus Ortíz de 24 años y dejando heridas a tres personas; un hombre y dos menores indígenas.
Es importante señalar que la situación durante la pandemia fue crítica; informaba la Silla Vacía en octubre que a ese mes se habían registrado cuatro masacres durante la pandemia, sólo en el cabildo de Unipa en Tumaco y Barbacoas, además de febrero al mes nombrado se habían cometido 17 asesinatos en la comunidad.
En septiembre de ese mismo año desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR- se envió una carta dirigida al presidente Iván Duque, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Carlos Camargo –defensor del Pueblo-, y al entonces procurador general, Fernando Carrillo. En el documento se alertaba el riesgo de la comunidad a causa de los constantes enfrentamientos entre grupos armados, puntualmente en el resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá en Tumaco.
Esta alerta se dio luego que en medio de dichas confrontaciones entre Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, fueran asesinadas 5 personas, y, al menos, 40 más fueran retenidas por miembros de las disidencias. “Una de las mujeres de quien iban a llevarse a su hijo, por evitar dejarlo solo también fue llevada con él por parte de los grupos armados, quienes dicen supuestamente estar investigando a esos miembros de la comunidad”, se lee en la misiva.
Todo esto lleva a recordar que en 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto 004, en el que advirtió sobre la situación de 32 pueblos indígenas por la amenaza de extinción física y cultural ante la afectación sistemática y desproporcionada a sus territorios con ocasión al conflicto armado; allí se incluyó al Pueblo Awá.
Esta solicitud se reiteró en 2011 con el auto 174 de ese año, en el que se hizo especial énfasis en proteger los derechos del pueblo Awá de Nariño y Putumayo. Adicional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011 otorgó medidas cautelares a favor de esta comunidad, luego de verificar su especial afectación por el conflicto armado, y particularmente en ese momento por las minas antipersonal.
Una mirada a esta zona de Nariño
Como explicaba Ivonne Quiñonez, investigadora regional del Pacífico Nariñense de Pares, “la zona donde ocurrieron los hechos es la más violenta de toda la región, es donde se origina al menos el 80% de los hechos violentos entre Tumaco y Barbacoas municipios vecinos por vía terrestre y circundados por resguardos indígenas del Pueblo Awá”.
Uno de los motivos que explica esta situación es que esta franja que une a los dos municipios vía terrestre desde hace tres años es escenario de una cruenta guerra entre los dos grupos armados ilegales más poderosos de toda la región, es decir, la estructura delincuencial Los Contadores y el GAPF Frente Oliver Sinisterra, quienes se disputan a sangre y fuego, el control social, territorial, los cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico en esta zona especialmente estratégica para el desarrollo de esta economía ilegal. Esto, sin negar la existencia de otros factores por los cuales el Pueblo Awá, viene siendo víctima de un extermino sistemático desde hace más de una década.
Justamente sobre esto Germán Valencia, consejero de Derechos Humanos de la ONIC, señaló que: “todos los hechos violentos la inoperancia del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, están provocando este exterminio físico, cultural, territorial y organizativo que está conllevando a que se esté gestando un genocidio con nuestros pueblos, pues el conflicto y la persecución han hecho que nuestra autonomía se vaya debilitando; además, el copamiento por todos los actores armados ha hecho que el territorio esté desarmonizado”.
Particularmente, como explica la investigadora, con lo anterior hay un relacionamiento directo con los jóvenes indígenas Awá, quienes se ven enfrentados diariamente a situaciones inhumanas; “son el blanco preferido de las balas asesinas de los grupos armados ilegales, así mismo, son víctimas de desaparición forzada y tortura; desde los 12 años empiezan a ser víctimas de reclutamiento forzado y cuando hay resistencia ellos y sus padres pueden ser asesinados o condenados al destierro. Sus relaciones sociales son muy limitadas porque basta que haya una mínima sospecha de amistad entre un joven con un miembro del grupo armado, para que el contrario inmediatamente lo condene a muerte. Por otro lado, se ha evidenciado que debido a la situación de pobreza extrema que en que mayoritariamente viven estos jóvenes, sucumben a la tentación frente a los ofrecimientos de dinero que hacen estos grupos armados para que se hagan a sus filas”.
Sin respuestas
A pesar de todos los llamados que se han hecho, y particularmente con el realizado recientemente por la desaparición de Miguel García Paide y Álvaro Pascal García, a la noche del viernes 12 de marzo desde la ONIC a través de Germán Valencia se informa que no se ha obtenido ninguna respuesta institucional sobre si se adelantará alguna acción para dar con el paradero de los dos jóvenes y mitigar los escenarios de riesgos a los que está expuesta la comunidad.
Adicionalmente, Germán Valencia indica que al día de hoy todo lo expuesto anteriormente es una alerta constante; las disputas por el territorio, especialmente motivadas por las economías ilegales y por las rutas y conexión que hay con el Pacifico, persisten. Además, como advierte el integrante de la ONIC, “hay una inoperancia de la Fuerza Pública combatiendo a estos actores ilegales; en algunos casos podría haber hasta complicidad en todos estos hechos violentos. Igualmente, hay que decir, en este momento no hay una persecución al narcotráfico en sí, sino a los cultivadores, cuando en este tema estos son el eslabón más débil”.
Justamente con esto hay un punto importante a mencionar; Tumaco es el segundo municipio del país con mayor concentración de cultivos de uso ilícito, donde a 2019 según cifras del Observatorio de Drogas, había cerca de 11.830 hectáreas. Desde 2017 los pobladores y la comunidad se han venido vinculando al PNIS como parte de una solución a la que le han apostado; no obstante, la implementación del Programa ha sido precaria, y una de las razones es que el Gobierno de Iván Duque ha priorizado la erradicación forzada y ha buscado -incluso en los últimos días con más fuerza- la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato.
Esto también guarda una estrecha relación con lo planteado en el artículo en concordancia con la situación del Pueblo Awá, pues como explica Ivonne Quiñonez: “Las aspersiones aéreas no sólo son violatorias de sus derechos como pueblo étnico, sino que al interior del Pueblo Awá, podría generarse una crisis humanitaria de enormes proporciones, debido a que, el glifosato es un agrotóxico que no sólo afecta la salud humana, sino que daña la tierra, contamina fuentes de agua, fauna y flora, en una comunidad como esta, donde si bien hay cultivos de coca, también gran parte de su gente, aún vive de la caza, la pesca y la recolección de frutos. De hecho, los grandes éxodos que ha sufrido el pueblo Awá, los tuvo, por razones de hambre, como consecuencia de las fumigaciones con glifosato en el marco de Plan Colombia”.
Siguiendo lo anterior hay que recordar que en abril de 2020 durante una movilización en la que solicitaba que parara la erradicación forzada en esta zona del país, fue asesinado en zona rural de Tumaco, Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo.
Así, de nuevo, y uniéndonos al llamado de UNIPA y la ONIC, se insiste en que se voltee la mirada a esta comunidad, como se debió hacer hace meses, y a que se busquen medidas que mitiguen los riesgos a los que se ven expuestos los/as indígenas Awá, y que, igualmente, se priorice la búsqueda de Miguel García Paide y Álvaro Pascal García.