Por: Sebastián Mora. Investigador Pares y Línea de Conflicto, paz y postconflicto. Pares.
El municipio de Tarazá es el cuarto municipio con la tasa más alta de homicidios del departamento de Antioquía y el primero con la tasa más alta de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. En 2020 según cifras de Medicina Legal la tasa de homicidios por 100.000 ha fue de 221.47, una tasa nueve veces más alta que la tasa de homicidios nacional para ese mismo año. La lucha que sostienen los Grupos Armados Organizados (GAO) Caparros y Clan del Golfo en este municipio de Colombia ha intensificado desde el año 2017 las diferentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de la población civil. Lo anterior ha hecho que los habitantes de este municipio de Colombia pierdan la fe de algún día vivir en paz.
El 2 de octubre de 2016 el 60.07% de los taraceños dijo que sí al Acuerdo de Paz y a la idea de tener un municipio donde la promesa de una paz estable y duradera fuera posible. Cuatro años después para los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, el ruido de las balas y la sangre que han derramado muchos de sus habitantes han frustrado el camino hacia la construcción de paz. Muchos de sus líderes sociales han sido asesinados, desplazados y obligados a guardar silencio en sus comunidades.
Proyectos PDET y PNIS: una luz de esperanza
A pesar de la grave situación de seguridad de este municipio de Antioquía, muchas comunidades, la mayoría de ellas de las zonas rurales, donde el conflicto se da con mayor fuerza, le han apostado a la implementación de las iniciativas y proyectos contemplados en el los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS). Esto con la firme convicción de mejorar las condiciones de vida de miles de familias que viven en condiciones de pobreza. Según información del DANE para el año 2018 el índice de pobreza multidimensional de Taraza era de 53,5.
A febrero de 2021 el PNIS no ha podido dar cumplimiento a los acuerdos realizados con las familias en este municipio del Bajo Cauca, solo el 8% de los proyectos productivos que buscaban la transición de cultivos de hoja de coca por otros cultivos legales han podido implementarse. A la fecha se ha realizado una inversión de $43.217 millones con la que se ha atendido a 4.101 familias. Cabe resaltar que para el año 2019 el Observatorio de Drogas de Colombia registró que en este municipio había 2.061,72 hectáreas sembradas de hoja de coca.
Con lo que respecta a la implementación de los PDET en el municipio, desde 2017 no se ha avanzado en los pilares que comprenden el sector vivienda, agua potable y saneamiento básico; en los otros pilares se han implementado iniciativas o avanzado en el proceso de estructuración de proyectos.
Parece ser que los PDET han avanzado a pesar de las dificultades de seguridad en el territorio. Si bien no a la velocidad que las comunidades esperaban y en medio del incumplimiento de promesas y compromisos que desde el Gobierno Nacional y departamental se habían adquirido y que con el pasar de los años no se han cumplido.
La aplicación del PDET en Tarazá se ha visto entorpecida desde la llegada del nuevo alcalde encargado el señor Jerly Ferney Álvarez Ortiz al municipio de Tarazá. La implementación del Acuerdo de Paz ha encontrado un opositor en el gobierno local.
Gobierno local: un opositor de la paz
En diálogo de Pares con algunas personas de zona rural de Tarazá, donde se están implementando obras PDET, se logró conocer la percepción que tienen varias comunidades sobre la implementación de este programa. A la pregunta sobre un balance general sobre la implementación dicen lo siguiente: “realmente, en el municipio se están haciendo varias obras PDET, por ejemplo, en Doradas Altas, El Tami y en el corregimiento Barro Blanco, pero se han demorado mucho, porque se ha tenido muy poco acompañamiento de la administración municipal y como usted debe saber, son obras tripartitas y si falla una de las partes, el proceso se atrasa”
En ese sentido, también señalaron que «en algunas partes, tengo conocimiento que estas obras las están politizando. Sería bueno digo yo, que para toda obra PDET que se vaya a realizar en cada región, sea requisito indispensable que tengan en cuenta al grupo motor de cada parte, quien más que nosotros, somos los interesados que todas estas obras lleguen a un feliz término”.
También Pares quiso conocer qué actores se oponen a la implementación de estas obras. Ante ese custionamiento, fuentes en el territorio indicaron:
“Escuché que el alcalde no va a cooperar más, por lo menos no en este parque que está sin terminar en el corregimiento de Barro Blanco. Los actores que se oponen diría yo que en estos momentos es la misma administración municipal en cabeza del alcalde porque no les presta el apoyo necesario a las obras. El alcalde actual una vez dijo cuando alguien le pregunto por el trabajo que realiza la ART con el tema de los PDET y dijo que eso era una bobada y creo que la violencia también afecta mucho los procesos de implementación”.
Las personas entrevistadas solicitaron que sus nombres no sean expuestos por temas de seguridad.
¿Quién es el nuevo alcalde encargado?
Jerly Ferney Álvarez Ortiz nació en el municipio de Valdivia. Es abogado de la Universidad de Antioquia y de acuerdo con el SIGEP su única experiencia laboral reportada antes de ser alcalde encargado fue como contratista de la Alcaldía del municipio de Briceño durante todo el 2020.
Adicionalmente, Pares encontró un informe de auditoría de la Contraloría General de Antioquia de 2017 del E.S.E Hospital La Estrella en la cual se hace referencia a dos contratos por servicios de abogado a nombre de Álvarez Ortiz, donde se evidencian “la poca o nula presencia del abogado en la ESE la Estrella, [y] las actividades reportadas son escasas y no reflejan el alto valor pagado”.
En resumen, nunca ha ocupado un cargo administrativo de tan alta relevancia, por lo que no cuenta con una experiencia para el desarrollo de sus funciones. Aun así, hoy es quien ocupa el cargo más importante de Tarazá, al ser nombrado desde el 15 de octubre del 2020 como alcalde encargado por parte del gobernador encargado para ese momento el señor Luis Fernando Suarez.
Todo parece indicar que la llegada de Álvarez Ortiz a este cargo responde a su relación con el senador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín, líder del clan político Bedoya en Antioquia. Según una investigación del periodista Sergio Mesa, el alcalde encargado fue a su vez asesor del alcalde de Briceño, otra ficha de su clan.
El autoritarismo en la alcaldía
Antes de que se eligiera al alcalde encargado el municipio era administrado por el dos veces alcalde Miguel Ángel Gómez García (2001-2003 y 2008-2011). Electo para un tercer mandato en las elecciones locales de 2019 por el Partido Liberal, consolidando un verdadero autoritarismo subnacional en Tarazá.
García fue catalogado como uno de los alcaldes cuestionados en el seguimiento de Pares a este proceso electoral por dos grandes razones: La primera fue su presunto relacionamiento con la estructura paramilitar del Bloque Mineros a inicios de los 2000 comandada por Ramiro ´Cuco´ Vanoy y la segunda su participación en la estructura del Clan Bedoya.
Cuco´ Vanoy lo nombró en su sentencia del 2 de febrero de 2015 de la sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Medellín. Por causa de estas declaraciones Gómez estuvo dos años (2009 y 2010) privado de su libertad mientras se desarrolló un proceso penal por peculado por apropiación y paramilitarismo, del cual fue declarado no culpable.
A pesar de los señalamientos y cuestionamientos que llevaba a cuestas Gómez se mantuvo como la figura política más importante del municipio y participó de forma indirecta en los comicios de 2015 y 2018.
Para las elecciones de 2015 llevó a la alcaldía a Gladis Rebeca Miguel Vides, quién basó gran parte de campaña en evidenciar su cercanía con él. Mientras que en 2018 fraguó una alianza con Julián Bedoya Pulgarín, nombrado anteriormente y cuestionado por su control burocrático en el Bajo Cauca. Además de la obtención fraudulenta de su título como abogado.
Frente al primer cuestionamiento, Pares reseñó la cercanía de Bedoya con el exalcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío capturado por el delito de concierto para delinquir por relaciones con el Clan del Golfo y también denunció las irregularidades con las que el senador consiguió su título como abogado en la Universidad de Medellín.
Estas alianzas políticas le permitieron a Bedoya Pulgarín ser el senador más votado del liberalismo en las elecciones de 2018 en Tarazá, el segundo más votado del país, detrás de Juan Diego Gómez y uno de los caciques más importantes de la subregión.
La llegada de la pandemia trajo como consecuencia el contagio y posterior fallecimiento del entonces alcalde Miguel Ángel Gómez y a su vez el nombramiento del poco preparado Jerly Ferney Álvarez Ortíz.
Pares invita a reflexionar sobre lo que sucede en este municipio del departamento de Antioquia, donde sus ciudadanos no solo son víctimas del accionar violento de diferentes actores armados organizados, sino también de una administración municipal, impuesta por un autoritarismo subnacional controlada por un clan político, que aparentemente no cree en la implementación del acuerdo de paz y por el contrario retrasa proyectos e iniciativas que son de gran valor para las comunidades de las veredas y corregimientos de este municipio del Bajo Cauca, zonas rurales históricamente más afectadas por el conflicto armado.