Por: Ximena Sierra. Investigadora Pares.
Amenazadas, desplazadas y obligadas a guardar silencio se encuentran varias lideresas y defensoras de los DDHH en el Sur de Córdoba. Los liderazgos sociales en esta región del país han sido amenazados por el accionar de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la subregión y por la acción u omisión de algunos funcionarios públicos u organismos estatales. Vale la pena recordar el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado en el año 2019 vinculado a temas de despojo de tierras y que en la actualidad se encuentra en la impunidad.
Con el objetivo de poder conocer qué sucede en esta región del país con las lideresas sociales y los riesgos que afrontan en un territorio donde la violencia armada continua; Pares entrevistó a una lideresa social y defensora de los DDHH del municipio de San José de Uré, la cual el 12 de marzo publicó un comunicado donde exponía la situación de desplazamiento forzado que está viviendo, a raíz de amenazas de muerte recibidas desde el año 2020 en contra de su integridad y la de su familia.
Al parecer estas amenazas están ligadas a procesos de veeduría que realizaba su esposo en el municipio de San José de Uré. Cabe resaltar que la lideresa social Dina Luz Guerra hace parte de la a Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba y a su vez de la Plataforma Nacional de Derechos Humanos: Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, en su calidad de Coordinadora de la Plataforma municipal de Derechos Humanos y Paz del municipio de San José de Uré, de la mesa Territorial De Garantías De Lideres Defensores de DH del Departamento de Córdoba y es Representante Legal de la Red Organizaciones Sociales De Mujeres Comunales Y Comunitarias Del Municipio San José De Uré.
Pares: ¿Desde qué año ejerce el liderazgo y la defensa de los DDHH en San José de Uré?
Dina Luz Guerra: Desde el año 2008 que empecé mi función como concejala del municipio San José de Uré, asumí verdaderamente ese rol de liderazgo en defensa del territorio y nuestros derechos y en el año 2009 fui la fundadora de la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias del municipio San José de Uré, llevo más de 13 años trabajando en Defensa de los Derechos Humanos especialmente el de las mujeres.
Pares: En la actualidad, ¿cuáles son las principales dificultades del proceso organizativo en materia de seguridad? ¿Qué impactos ha tenido la emergencia sanitaria por covid-19 en los procesos organizativos y de participación en espacios de toma de decisiones?
D.L.G: La dificultad para conectarse y acceder a los medios tecnológicos para participar de los espacios organizativos, la dificultad para expresarse libremente por los medios virtuales, no existe una seguridad informática que garantice la seguridad y el uso adecuado de la información suministrada.
Muchos de los espacios organizativos donde participa la sociedad civil y la institucionalidad, como son los Consejos de Paz, Reconciliación y convivencia, carece de la presencia de la institucionalidad local y estos espacios se ven frustrados por qué no avanzan porque la institucionalidad no finaliza las sesiones se retiran apenas dan el saludo y después no se pueden continuar o tomar decisiones porque no se cuenta con la presencia de ellos.
Pares: ¿Cuáles son los principales riesgos para quienes ejercen liderazgo en el territorio? ¿Han incrementado o disminuido estos riesgos durante la pandemia?
D.L.G: A nosotros como líderes y lideresas defensores de DH acuden mucha gente por diferentes situaciones de vulneración de derechos y mucho más ahora que muchos funcionarios están lejos de sus funciones por la excusa de la pandemia, a nosotros nos toca afrontar diferentes situaciones ya sea con la fuerza pública, con los contratistas de las obras que no se están ejecutando correctamente, por presencia de grupos ilegales que obligan a las familias abandonar sus tierras, por situaciones de salud y es a nosotros como lideresas que nos toca, pues tocar esos puntos áridos y entrar a mediar y eso a nosotros nos aumenta nuestra situación de riesgo.
Pero lo que es más triste cuando la situación de riesgo de los líderes defensores de DDHH se originan por entrar a mediar con los mandatarios de turno o con los contratistas que están ejecutando una obra sin socializarlo con la comunidad, sin tener las licencias y los mandatarios de turno son los que deben de garantizar ese ambiente de participación de las comunidades, pero desafortunadamente no se ve reflejado de esa manera.
La situación actual de los líderes y lideresas defensoras de DDHH es bastante preocupante, ya que todos nos encontramos en situaciones de riesgo; por lo general la mayoría estamos amenazados de muerte, algunos ya nos encontramos fuera del territorio estamos desplazados forzosamente, Sin garantías de volver al territorio a ejercer nuestras actividades, labores productivas, seguir adelantando acciones que promuevan la paz en el territorio, estamos expuestos a que nos maten. Desafortunadamente hoy en día, no solo vemos vulnerados nuestros derechos por partes de actores ilegales, sino también por los mismos mandatarios de turno y por la Fuerza Pública.
Pares: ¿Qué riesgos específicos corren los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y de mujeres?
D.L.G: Los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y las mujeres lideresas del sur de Córdoba que hemos venido levantando la voz en contra de los atropellos de la comunidad, de las personas más vulnerables; hoy en día nos encontramos todos amenazados, varias lideresas del sur de Córdoba nos encontramos en situación de desplazamiento forzado y amenazas sin las garantías de volver al territorio como lo es mi caso, el caso de Agueda Quiñones Gobernadora indígena Zenú cabildo Vende Agujas, el de Darlis Rojas de Puerto Libertador, otras están amenazadas, pero aún se encuentran en su municipio expuesta a ser violentada como lo es Yulieth Guzmán Cabría, coordinadora de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba del municipio de Tierra Alta.
Las garantías de seguridad y protección para los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y especialmente para nosotras las mujeres son muy pocas, nuestras voces son silenciadas, no es fácil ser lideresa en el sur de Córdoba, no es fácil ejercer liderazgo en un territorio hostil donde no se puede denunciar porque hay temor por la vida, donde las bandas criminales, pelean por el control de la zona, donde la corrupción ocasiona más desigualdad y pobreza, donde el miedo y el silencio predominan, nosotros los lideres defensores DH nos toca enfrentar dificultades y desplazamiento forzados por atreverse alzar la voz, levantar la mano y pedir justicia, por cumplir nuestro derecho de ejercer liderazgo y atreverse a denunciar poniéndonos en situaciones de riesgos y amenazas de muerte como lo han hecho conmigo y mi familia, solo por ser mujer capaz de ejercer mi derecho.
Pares: ¿A través de qué medios han sido generados estas amenazas y qué actores son responsables de estas?
D.L.G: Las amenazas han sido directas; a través de terceros, de mensajes de textos, de WhatsApp, de panfletos e incluso han ido hasta algunos hogares a buscar a la persona, pero afortunadamente los vecinos y demás líderes sociales han ayudado a salvaguardar la vida de los compañeros y compañeras.
Hablar directamente de responsables, sería aumentar nuestros riesgos, pero de manera global para algunos casos de los diferentes líderes del sur de Córdoba, estas amenazas no solo son por grupos armados ilegales, también han sido por mandatarios de turno y contratistas que de una manera u otra se involucran con actores ilegales para silenciar a los líderes defensores de derechos humanos por denunciar y reclamar la participación ciudadana y control social a los bienes públicos del Estado de interés general de la ciudadanía.
Pares: ¿Cuál ha sido la respuesta institucional al respecto? ¿Ha acompañado la institucionalidad a líderes y lideresas ante los riesgos y amenazas? ¿Ha tomado la institucionalidad medidas especiales al respecto durante la cuarentena?
D.L.G: Consideramos que la respuesta institucional local es demorada en activar la ruta y para algunos municipios del sur de Córdoba a veces ni se pronuncian frente a estos casos. Específicamente en mi caso una vez recibimos la amenaza nos dirigimos a la Personería e inmediatamente se le notificó a la Alcaldía, Secretaría de Gobierno y Policía, y los únicos que estuvieron atentos fue la Policía desde el primer día.
Durante tres días consecutivos recibimos amenazas, y solo al tercer día recibimos la visita de la Secretaría de Gobierno. Fueron tres días que estuvimos acuartelados con nuestras vidas en riesgo, sin repuesta institucional. Así sucede para muchos líderes y lideresas que son amenazados y aunque se le notifique a la institucionalidad dan respuestas tardías frente a estas situaciones de riesgos.
Consideramos que durante la cuarentena la institucionalidad no ha tomado las medidas especiales para los líderes y en este tiempo se han intensificado las situaciones de riesgos por que a nosotros como líderes defensores de derechos humanos nos toca de intermediar y articular con las instituciones y comunidad, situación que nos pone en riesgo. (Ver comunicado público)
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Nota: Pares hace una invitación al Gobierno nacional, departamental y a los gobiernos locales de los municipios del Sur de Córdoba, para que brinden las garantías de seguridad a las lideresas y defensoras de los DDHH en esta región del país.
El pasado 25 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de Karina Cuesta de 25 años quien era auxiliar de enfermería y beneficiaria del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito – PNIS en el municipio de Tierralta. Su cuerpo fue hallado en un costal en zona rural de este municipio.