Por: Laura Cano.
Periodista Pares.
Desde principios de marzo un juez, en primera instancia, determinó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, sí había sido parte del Cartel de la toga, una organización criminal dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal para manejar los procesos a favor de los/as implicados/as a cambio de jugosas sumas de dinero.
El caso se destapó en el año 2017, y desde entonces se han realizado más de 50 capturas y extradiciones de distintos magistrados y relacionados con estos hechos de corrupción a la administración de justicia. Uno de los casos que ha llegado a un punto importante fue el de uno de los líderes del Cartel: Francisco Ricaurte.
Como se mencionó más arriba desde inicios de mes, y luego de más de tres años, se logró determinar la responsabilidad del exmagistrado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
A este punto se llegó luego que el pasado 13 de agosto, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, rindiera su versión sobre la responsabilidad de Ricaurte. En ésta algunas de las afirmaciones que se hicieron fueron que un supuesto bufete de abogados, cuyos patrones eran Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y, al parecer, la exmagistrada Ruth Marina Díaz, era en realidad el espacio donde congresistas y altos funcionarios iban a negociar decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Además, Moreno también confesó que durante los últimos años había sido el enlace entre los potenciales clientes y Francisco Ricaurte, quien a su vez era la conexión en la Corte Suprema. “Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, señaló Moreno en agosto de 2020.
Asimismo, en su momento Moreno aseveró que los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados.
Por un lado, Juan Sebastián Fajardo, abogado de Ricaurte, expresó sobre esas declaraciones que : “para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se le cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato (…) Le pretenden dar validez a un falso testigo, experto en falsos testigos y experto en falsa persuasión, que ha venido a enlodar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia”.
Por otra parte, el juez Guillermo Adame Suárez dijo que “no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna inferencia de esta naturaleza que pueda desvirtuar o haga inverosímil las aseveraciones que ha hecho Moreno. (…)A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”.
Así, en marzo ya era un hecho que se condenaría a Francisco Ricaurte, tras implicarlo y encontrarlo culpable por su participación en la red de sobornos.
La condena de Ricaurte
Hay que iniciar señalando que hasta el momento Ricaurte no ha aceptado cargos, lo que lo convierte en la primera persona condenada por ser parte de esa red de corrupción que no aceptó su responsabilidad y que no se comprometió a colaborar con la justicia.
Adicionalmente, el juez Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”. Además, informó que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.
Así, Ricaurte, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de ser recapturado el pasado 10 de marzo, fue condenado a 19 años y un mes de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido los delitos más arriba nombrados. Además, el juez aseguró que el implicado “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.
A esto se suma que anteriormente la Fiscalía había determinado que Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de este último; Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera cómo procederían frente a lo que ellos llamaban clientes. Puntualmente estos son algunos de los “servicios” que “ofrecían”: información privilegiada de procesos, retraso de los trámites, instrumentalización de medios de comunicación para desacreditar testigos, alteración de evidencias y pagos a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.
Siguiendo esto, otras de las decisiones que actualmente tomó el juez fueron que el procesado deberá cumplir su pena en centro carcelario al considerar que no puede ser objeto de casa por cárcel o suspensión de la sentencia.
Ricaurte pide absolución
Ahora, hay que aclarar que tras conocerse la decisión del juez, la representante de la Fiscalía General y el abogado del exmagistrado anunciaron que apelarán la sentencia por escrito –para lo que tienen cinco días- para que sea revisada en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Esto por dos vías, una primera en la que se solicita por parte de la Fiscalía que insiste en que la condena sea mayor, pues desde este organismo se evaluaba que el implicado debería una pena cercana a los 23 años y 8 meses de prisión, es decir, cuatro años y siete meses más del monto establecido por el juez décimo.
Por otra parte la defensa del exmagistrado pide su absolución, no obstante, la solicitud fue rechazada por parte del juez, quien agregó que ya había sido confirmado por la Fiscalía la vinculación del implicado con los hechos por los que se le acusa. Así las cosas será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina si aumenta la condena o si la tumba, como lo ha buscado el abogado de Ricaurte, Juan Sebastián Fajardo.
En este punto es necesario recordar que la Fiscalía a establecido que Ricaurte recibió $400 millones del exsenador Álvaro Ashton, investigado por parapolítica desde 2017, $2 mil en el caso del exsenador Musa Besaile, y, además, otros de los “favores” que habría sumado fue vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, para favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Asimismo, vale la pena nombrar que por este mismo caso también han sido condenados el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Ruiz; el exfiscal, Alfredo Bettin; el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno; el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla. Además, en juicio permanecen el exmagistrado auxiliar Camilo Tarquino; el abogado Luis Ignacio Lyons, la exrepresentante Argenis Velásquez y el congresista Nilton Córdoba. Mientras que en la JEP fueron aceptados los casos de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton.
Y, también hay que traer a colación, que el caso de Gustavo Malo, a quien se le implicó por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y uso indebido de asuntos sometidos a reserva, está pendiente, pues el pasado 10 de marzo, día en el que estaba programada la audiencia de alegatos finales de juicio, la defensa de Malo Fernández recusó a dos de los magistrados del alto tribunal, la recusación fue rechazada y, al ser apelada, la decisión quedó en manos de conjueces. Asimismo, el proceso en contra de Leonidas Bustos, que está fuera del país, no ha superado esta etapa y sigue en manos de la Comisión de Instrucción del Senado.