Por: Laura Cano.
Periodista Pares.
Hace poco más de un año llegaba la noticia que Lorena Domicó Bailarín de 12 años y Epifanio Domicó Bailarín de 17, ambos pertenecientes al resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino, iban hacia la comunidad Alto Murrí, en busca de realizar actividades propias de minería artesanal o barequeo, cuando, en el sector conocido como La Cristalina, fueron víctimas de la explosión de una mina antipersonal.
Los menores que quedaron gravemente heridos, fueron socorridos por familiares y amigos, quienes con ayuda de la Guardia Indígena, buscaron trasladarlos hasta el centro asistencial de Frontino, sin embargo, pese a los esfuerzos, Epifanio Domicó, falleció en el camino el 09 de marzo de 2020 a las 11 de la mañana entre Antadosito y La Blanquita, y así mismo la niña Lorena Domicó, falleció cuatro horas después, es decir a las 3 de la tarde, buscando asistencia médica.
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Aunque desde el 2019 organizaciones como la ONIC y la Defensoría del Pueblo han venido advirtiendo respecto a la situación de riesgo para la comunidad de Frontino, específicamente relacionada con la instalación de minas antipersonal, hoy se hace evidente que las medidas se han quedado cortas, pues el panorama en los últimos años no ha mejorado, y por el contrario, parece agudizarse más.
Por ejemplo, hace dos semanas se denunció que 46 indígenas salieron de sus casas para comprar víveres en Frontino, pero su regreso no ha sido posible, pues grupos armados minaron la zona y por temor a caer en los artefactos, estas personas no han podido pasar del sector de La Blanquita del corregimiento Murrí. Por esos mismos días Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad de Victimas de Antioquia, había alertado que siguiendo la información enviada por el personero de la zona, había el riesgo del desplazamiento de cerca de 900 personas, unas 207 familias, a causa de la escalada de violencia en Frontino.
Para ese momento a través de RCN Radio el alcalde del municipio, Jorge Hugo Elejalde afirmó que: “El tema se viene dando desde el 2019, por el enfrentamiento en el camino entre Frontino y Dabeiba con Murindó. Ahí ha habido afectaciones por minas antipersona, personas fallecidas, población indígena, menores de edad y enfrentamiento entre estos grupos. Esto ha provocado que a la gente le dé miedo a salir”.
Hoy la situación sigue en alerta, pues recientemente se denunció que 1.500 indígenas están confinados en los resguardos indígenas de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Guabinas, Cañaveral y Julio Chiquito, ubicados en el municipio de Frontino (Antioquia) debido a que sus territorios y caminos están invadidos de minas, que habrían sido instaladas por parte del ELN.
Esta situación de zozobra, además, se ha agravado con otro tipo de hechos. Por ejemplo, el pasado fin de semana un grupo de indígenas de la comunidad Embera que se desplazaba hacia el corregimiento La Blanquita, en jurisdicción del municipio de Frontino, cayó en un campo minado. Entre ellos/as estaba Remilda Bailarín, quien se movilizaba en su mula y resultó herida en este hecho, ella permanece en un centro de salud y está siendo atendida por múltiples heridas. El alcalde de Frontino también aseguró que por lo menos cinco indígenas han muerto a causa de estos artefactos en lo que va de 2021. Además, ya son 15 los incidentes que el alcalde reportó con minas antipersonales en el municipio.
En este sentido también es necesario recordar que desde el pasado 11 de febrero varios sectores y organizaciones han venido alertando del riesgo en el que están las comunidades indígenas Río Murindó y Río Chageradó, donde cerca de 2000 familias habían denunciado estar confinadas a causa de amenazas que habían recibido de no poder transitar, puesto que en el camino que conecta a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales.
Pues bien, aunque desde la Gobernación de Antioquia se había informado que se estaban adelantado acciones como misiones de verificación en Murindó para constatar los riesgos existentes, en la que participó la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, y de la que surgieron acciones a corto plazo relacionadas con alimentación, atención en salud y educación, y a pesar que además se comunicó que el Ejército estaba adelantando labores de desminado militar en áreas de la zona, finalizando febrero quedó en evidencia la gravedad de los hechos que se habían estado alertando, y de lo poco que han mitigado los riesgos las acciones institucionalmente tomadas.
Esto pues, el último fin de semana de febrero la Organización Indígena de Antioquia -OIA- denunció que el menor de edad Plinio Dogaría Eyábida de 13 años, había caído en una de las minas que han sido instaladas en los resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Plinio Dogaría Eyábida, quien pertenece a la comunidad Isla, iba en compañía de uno de los docentes del resguardo cuando se registró el hecho. Hasta allí llegó la Guardia Indígena y los/as familiares de estas dos personas que quedaron afectadas por el impacto, quienes los trasladaron hasta el hospital del municipio, sin embargo, el menor tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece, y desde donde se dio a conocer que Plinio Dogaría Eyábida perdió una de sus piernas.
Una mirada a lo que ocurre en Frontino
Jorge Hugo Elejalde dijo a RCN Radio que “la siembra de minas hace parte de la confrontación entre el ELN, El Clan del Golfo y las disidencias de Farc, pues en esta zona fronteriza con Dabeiba se facilita el transporte de estupefacientes”. En relación con esto hay que traer a colación que a mediados de marzo el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, aseveró que habían 974 personas de 282 familias y siete comunidades indígenas que viven en los límites entre Dabeiba y Frontino que se encontraban en riesgo de desplazamiento masivo a causa de la situación relacionada con la instalación de minas.
Asimismo, hay que nombrar que a través de la Alerta Temprana 027 de 2019 de la Defensoría del Pueblo, se informó que los resguardos indígenas de Murrí Pantanos y Alto y Medio Amparradó y algunas veredas del corregimiento de Murrí la Blanquita son los lugares más afectados por contaminación por minas antipersonal y/o artefactos explosivos improvisados.
“Estas estructuras armadas atentan contra la autonomía, usos y costumbres de los pueblos ancestrales de Urrao y Frontino transformando las prácticas productivas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, afectando el medio ambiente, la cultura, los saberes ancestrales, la permanencia, las libertades y la vida de estos pueblos. Los grupos armados ilegales utilizan estos territorios para la implantación de economías ilícitas tales como el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca y la explotación minera ilegal; establecen corredores de movilidad para el desarrollo de actividades ilegales y ubican zonas campamentarias. También, porque suplantan los mecanismos ancestrales de justicia propia, a través de la imposición de un sistema de normas de comportamiento”, se lee en el documento.
Por último, hay que señalar que a raíz de la confrontación entre Clan del Golfo y ELN, la cual se agudizó a con la desmovilización de las FARC-EP, que hacían presencia en Frontino mediante el Frente 34, desde Pares se ha estado llamando la atención sobre este municipio, por lo menos, desde abril de 2020, llamado que hoy se ratifica y se insiste en la urgencia de acciones efectivas por parte del Gobierno nacional.