Por: Redacción Pares
Después de dos años de iniciado un proceso en contra del senador del Partido Liberal, Julián Bedoya, la Universidad de Medellín comunicó el pasado domingo, 11 de abril, una serie de decisiones tomadas a raíz de hechos que se habían venido denunciando años atrás por diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Paz y Reconciliación.
Algunas de estas determinaciones que tomó el Consejo de la Facultad de Derecho de la institución fue anular el proceso de matrícula de Julián Bedoya Pulgarín, dejar sin efecto el reconocimiento del plan de formación al que se vinculó al senador, declarar que Bedoya Pulgarín no cumple con los requisitos para optar al título de abogado y anular todos los exámenes presentados.
Siguiendo lo expuesto en la resolución 008, Julián Bedoya fue un estudiante activo de la Universidad de Medellín hasta 2009, luego de ese año intentó volver a la institución por medio de reingresos, y cuando volvió a la institución, matriculó su semestre con un plan de estudios que no era el aplicable. Sin embargo, en marzo de 2019 se graduó.
Con esto, también fue enviada una amonestación escrita con copia a la hoja de vida de los exempleados profesores, Saúl Alonso Benítez Urrego, Juan Felipe Hernández Giraldo, Juan Carlos Hoyos, Yolanda Cossio, John Mario Ferrer y Julián Orlando Rendón Toro, pues el Consejo consideró que los docentes se extralimitaron al ser jurados de los exámenes del senador para asignaturas de las cuales no eran titulares.
Ahora que se conocen los resultados de esta investigación, sobre los cuales León Valencia, director de Pares dijo que “tenemos una victoria contra la corrupción: la credencial de abogado del senador Julián Bedoya ha sido anulada. Con Cathy Juvinao y Trabajen Vagos movimos una argumentadla denuncia sobre hechos irregulares en la Universidad de Medellín. Seguimos vigilando políticos y funcionarios”, es necesario traer a colación algunas de las alertas que desde la Fundación se hicieron.
En la lupa el senador Julián Bedoya
Desde el 2018 Pares venía denunciando cuestionamientos que rodearon la campaña del senador Bedoya Pulgarín al Senado de la República, entre los que se encontraba su título profesional, el cual, como se planteaba en ese momento, estaría asociado con una serie de irregularidades que involucrarían a las directivas y funcionarios de la Universidad de Medellín.
Sustentando la anterior afirmación se encontró que el ahora senador inició su carrera profesional en el primer semestre de 2001 y solicitó retiro voluntario en 2007, cuando cursaba el quinto año del pregrado. Ese mismo periodo se lanzó al Concejo de Medellín, sacó poco más de 2.000 votos, razón por la cual se fue a trabajar como asistente del concejal Juan David Arteaga, de Cambio Radical. De ahí para adelanta su paso por la universidad fue un ir y venir: en el primer semestre de 2008 reingresó al programa de Derecho, pero se retiró en el semestre siguiente. Lo mismo pasó en el 2009, pues ingresó en la primera parte del año, pero para la segunda ya había decidió volverse a salir. Hay que recordar que para ese momento a Bedoya le faltaban 10 materias por cursar y aprobar exámenes de suficiencia, trabajo de grado, exámenes preparatorios, segunda lengua, consultorio jurídico y examen de Estado.
Así pues, y luego de varios pasos políticos, el 11 de octubre de 2018, luego de 9 años por fuera de la universidad, el Consejo Académico de la Universidad de Medellín notificó el reingreso a Bedoya en la jornada mixta correspondiente de 2018-2.Hay que señalar que uno de los condicionamientos con los que Bedoya podía solicitar el reingreso era suscribir la matrícula en el Plan de Formación 5 – al momento del retiro estaba en el Plan de Formación 4-.
Se leía en la investigación de Pares titulada ‘El favor más caro de la Universidad de Medellín (2019)’, trabajada por Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, y Ariel Ávila, que “se entrevé que la Universidad incurrió en comportamientos irregulares al favorecer al senador Bedoya. Sin duda alguna, el derecho a la igualdad se violó con las acciones y actividades al graduarlo como abogado posteriormente, puesto que se concedieron privilegios”.
Algunos de dichos privilegios tenían que ver con que desde el reintegro hasta la presentación de requisitos para el grado se dieron de forma extemporánea. Por lo que fue necesario que desde la Fundación se enviaran una serie de preguntas sobre cómo había trascurrido el proceso académico del senador, atañidas puntualmente sobre ¿Cuándo presentó la prueba Saber Pro? ¿Cuándo lo inscribieron, como se pagó el costo del examen, dónde lo presentó? ¿Cuándo realizó consultorio Jurídico? ¿Cuándo presentó los exámenes de suficiencia de las 10 materias que le hacían falta sin haberlas cursado? ¿Cuáles fueron las calificaciones? ¿Cuándo presentó los exámenes preparatorios? ¿Quién los realizó y cuáles fueron sus calificaciones?
“En efecto, en abril de 2019 se envió un derecho de petición a la Universidad de Medellín solicitando respuesta a estas preguntas, a lo que solamente respondieron frente a las fechas de iniciación y culminación de estudios, así como la obtención de título profesional. (…)Debido a la negativa de respuestas por parte de la Universidad de Medellín, a Pares llegaron fuentes relacionadas con este caso y se pudo establecer por medio de otros canales de información oficiales y triangulando fechas y datos las irregularidades cometidas”. Algunos de esos hechos estaban relacionados, por ejemplo, con la presentación del examen Saber Pro, el cual es obligatorio para la graduación y además se puede presentar solo si el estudiante completó el 75% de los créditos académicos. Pues bien, como se sabe el ICFES establece unas fechas puntuales para el registro, recaudo y presentación; para ese año la fecha del examen era el 07 de octubre de 2018, de tal forma que la fecha extraordinaria de inscripción era del 19 al 23 de julio y la de recaudo entre el 20 y 24 de julio, haciendo la claridad que estas eran las últimas fechas por fuera de los tiempos ordinarios.
No obstante, “el día 22 de octubre de 2018, el ICFES emitió la resolución 697 en la que estableció un examen de Estado extemporáneo y adicionó la resolución 765 de 2017, en el sentido de incluir un numeral que contuviera el cronograma exclusivo para el examen extemporáneo Saber Pro y TYT 11. De ahí, que posiblemente el senador Bedoya se hubiera podido favorecer, pues en uso de sus facultades la directora general del ICFES estableció que era necesario establecer un Examen de Estado extemporáneo para su aplicación el día 18 de noviembre de 2018”.
Lo problemático con esta resolución fue que benefició al senador, incluso sin cumplir las condiciones con las que el recurso permitía presentar en noviembre el examen. Dichos requerimientos, todos, tenían que ver con que se hubiera hecho la inscripción en las primeras fechas y que por distintos motivos –establecidos en el documento- no se hubiera podido presentar el examen en octubre.
“Él fue notificado de su reintegro hasta el día 11 de octubre, razón por la cual el pago de la matrícula extraordinaria para formalizar su reingreso no coincide en absoluto con los requerimientos para presentar el examen Saber Pro. Aun así, cabe indagarse sobre la responsabilidad del rector Néstor Hincapié de haber permitido esta inscripción, a todas luces ilegal; la de la secretaria académica Yolanda Cosio; el decano de la facultad de Derecho, Francisco Valderrama; Esperanza Restrepo, secretaria General de la Universidad y Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la universidad”, se lee en la investigación.
A todo esto se sumó otra serie de controversias con lo que debía cumplir el senador antes de recibir su título. Estas tenían que ver, por ejemplo, con los exámenes de suficiencia, los exámenes preparatorios, el examen especial y el trabajo de grado. La Fundación Paz y Reconciliación en dicho momento investigó cuántos días había tenido el senador para cumplir sus deberes académicos, partiendo desde la fecha de reingreso, hasta el último día para cumplir con los requisitos de grado -01 de febrero-, teniendo en cuenta los fines de semana y festivos, las sesiones del Congreso, y las vacaciones de la Universidad de Medellín:
“Según el calendario realizado por Pares, luego de triangular fechas e información, se establece que el senador Bedoya tuvo 28 días hábiles disponibles para graduarse en tiempo récord. Y, aunque se encontró que el examen de Estado es a todas luces presuntamente ilegal y que los exámenes de suficiencia no corresponden a los niveles educativos exigidos a los estudiantes del común en la Universidad, aún quedan interrogantes sobre la realización de su trabajo de grado, consultorio jurídico, el examen especial y los 5 exámenes preparatorios”.
Lo que va hasta ahora
Luego de estas y otras investigaciones, en las que también están las realizadas desde Trabajen Vagos, por ejemplo, la Procuraduría en 2019 le formuló cargos al senador, sobre los cuales Bedoya pidió nulidad y luego interpuso una tutela que resolvió la Corte Suprema en octubre de 2020, en la que decidió continuar con el proceso. También, en ese mismo año, la Fiscalía lo citó a imputación de cargos por falsedad en documento público al entonces rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas; a la secretaria académica de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio; al subsecretario general de la Universidad, Juan Felipe Hernández; y a los profesores John Mario Ferrer Murillo, Juan Carlos Hoyos, Saúl Alonso Benítez, Julián Orlando Rendón y Paola Andrea Cataño.
Adicionalmente, ahora que todas las alertas y denuncias dieron un paso importante, hay que decir que tras la decisión de la Universidad de Medellín, que se basó en revisiones previas de más de 3.000 archivos hechas por la Comisión Tercera de Asuntos Disciplinarios de la Udem, de donde además salió una investigación institucional en la que una de las peticiones era retirarle el título a Julián Bedoya por encontrarlo culpable de fraude –solicitud que el 11 de abril de 2021 se resolvió-, el senador, una vez conocida la decisión, comunicó que apelará esta determinación, lo que deja a el proceso en manos del Consejo Académico de la Universidad, y, de ratificarse, se interpondría una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.