Por: Walter Aldana
Más de 9 millones de víctimas ha dejado las últimas seis décadas de conflicto armado, doce hechos victimizantes reconoce Ley 1448 de 2011, además se han expedido dos decretos étnicos, que dan cuenta de su aplicación con los afros e indígenas.
Pero de manera asombrosa el Congreso de la República se rasga las vestiduras este 9 de abril, ellos que aprobaron la iniciativa del Ejecutivo, con tan solo una duración de 10 años y ahora en su ampliación, algunos, pretenden recortar aspectos como el ejercicio de real participación de las y los voceros de las víctimas.
La palabra empeñada del Estado a través del gobierno Santos y con fuerza constitucional, reconocía en el acuerdo firmado con las Farc, el derecho a ocupar las víctimas 16 curules, aspecto negado por este gobierno y este mismo parlamento.
En el Cauca se realizó el Congreso de Víctimas del Conflicto Armado en el 2018 convocado por la mesa departamental, y en él se construyeron propuestas y acciones de incidencia frente a la cooperación internacional, las entidades gubernamentales y de contenido para una nueva ley.
Aquella vez también se miraron hacia adentro, reconocieron sus fortalezas y descubrieron sus debilidades.
Quedó claro que la legalidad está en la ley, los decretos, y la institucionalidad formada para atenderlos, por cierto, con muy pocos resultados: en sus 10 años solo a 900 mil personas, es fácil deducir que a este ritmo se gastarán 100 años para atender los 9 millones de víctimas.
Igualmente, el Congreso dijo que frente a la “paquidermia institucional” se deben fortalecer los procesos de organización: asesinados, desaparecidos desplazados, amenazados, etc, ello garantiza la exigibilidad de derechos sin ser revictimizados, construyendo una legitimidad; vocera de los hombres y mujeres golpeados por el conflicto armado.
Legalidad versus legitimidad, ahí sí se puede decir que se conmemora desde los afectados y no por los victimarios.